Por Roberto Valdivia
Ciego de Ávila, 29 de noviembre de 2010 (PD) El régimen castrista continúa sin comprometerse con el respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo peor del caso es que niega las constantes violaciones y el empleo de medidas represivas contra la oposición pacífica y la población en general.
La ejecución de la arbitraria ley de “peligrosidad social”, la manipulación del derecho legal, el acoso y los tratos degradantes, arrecian en los últimos meses a consecuencia de la ingobernabilidad, el deterioro político y la creciente e irreversible crisis económica.
Yunisleidy Ramírez, de 25 años de edad, fue sancionada por el tribunal provincial de Ciego de Ávila a cuatro años de privación de libertad, dos días antes de la fecha en que debía presentarse con sus padres en la oficina de refugiados políticos de la Sección de Intereses de los Estados Unidos en La Habana (SINA), para realizar los trámites migratorios.
La joven había sido detenida en Ciudad de La Habana. Declarada visitante ilegal, fue encerrada por diez días en un calabozo capitalino y posteriormente deportada a su lugar de residencia. Finalmente fue detenida por la Unidad de Enfrentamiento a las Lacras, por supuesto asedio al turismo, relacionarse con extranjeros y elementos antisociales proclives a la prostitución.
A pesar de no existir pruebas para dicha sanción y estar la joven recluida en la prisión provincial de mujeres conocida como Pitajones, en Ciego de Ávila, sus padres, quienes integran las filas de la oposición interna, califican el hecho como una venganza política.
La señora Lucía Carreño Rodríguez solicitó en días recientes a las organizaciones internacionales de derechos humanos que intercedan por ella y por sus familiares, víctimas de acoso policial, abuso de poder, violación de los derechos del niño, intimidación con armas de fuego y provocaciones verbales, por parte de personas vinculadas directa e indirectamente con el Ministerio del Interior (MINIT) y protegidos además por las autoridades en Ciudad de la Habana.
Debido a quejas y reclamaciones presentadas a esas personas por problemas de convivencia social, con perjuicios para su nieta recién nacida, las víctimas de las acusaciones carecen de testigos y pruebas. No obstante, fue sometida a juicio junto a su hijo y esposo, por los delitos de agresiones, violación a domicilio, daño y tenencia ilegal de armas y explosivos, las ultimas descartadas por el tribunal. Sancionada arbitrariamente a tres años de privación de libertad y subsidiada por trabajo correccional, el caso transita por el proceso de apelación en el Tribunal Supremo.
Teresita Rodríguez Prado, madre del joven Michel Sardiñas Rodríguez, con síndrome de Down y padecimientos crónicos de gota y soriasis, que afectan su calidad de vida, protestó enérgicamente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de su localidad, debido a que el gobierno le retiró la chequera de ayuda económica a su hijo, consistente en 185 pesos en moneda nacional.
Una comisión de este organismo en la provincia de Ciego de Ávila, realiza inspecciones de rutina para conocer los ingresos y gastos de familia y así eliminar lo que ellos llaman “gratuidades”.
Molesta Teresita y sin comprender por qué el gobierno gasta millones de dólares en ayuda a casos similares en otros países y a los que tienen en Cuba le retiran el apoyo, mantiene la disputa con los funcionarios. Estos lamentan el caso, pero alegan que “es una nueva ley del Estado que no pueden violar”, dicen.
Los hechos expuestos y la creciente ola represiva contra la oposición pacífica, en especial las recientes golpizas propinadas a Reina Luisa Tamayo, madre del fallecido prisionero político Orlando Zapata Tamayo, y otros opositores, no da margen a la duda.
El gobierno cubano continúa violando los derechos humanos.
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