Por Roberto de JesúsGuerra Pérez/ Hablemos Press.
Raúl Ramírez Puigmuestra citaciones que le han realizado agentes de la Seguridad del Estado. Foto: Roberto Guerra.
La Habana, 12 de julio.― Familiares de Emilio Lázaro Pérez Valdés, un estudiante de electrónica, que su cadáver fue hallado en los alrededores de una escuela politécnica en el campo, solicitaron asilo político al gobierno de los Estados Unidos.
“Solicitamos asilo a la Oficina de Refugiados de los Estados Unidos en Cuba, por la represión que hemos tenidode las autoridades cubanas al reclamar una investigación de la muerte de nuestro hijo”,afirmó OdalysValdés Suárez, madre de Emilio Lázaro.
Emilio Lázaro, de 15 años de edad, fue hallado el 30 de junio del 2010 en un estanque de una fábrica de cemento cercana a la escuela Juan ManuelCastiñeira del municipio Mariel, donde se encontraba becado.
Odalys aseveró “el mayor Alexander de la Seguridad del Estado dijo que nos iban a destruir. Bien, nos están destruyendo. Han tomado represaría hasta con mis dos niños menores”.
Las autoridades no entregaron el cadáver de Emilio Lázaro a sus familiares y tampoco lo dejaron velar.
“No vamos a parar de denunciar la desaparición y secuestro de nuestro hijo en una institución del estado a pesar de la represión”,subrayóRaúl Ramírez Puig, padrastro de Emilio Lázaro.
Según Ramírez Puig el 30 de junio realizaron una caminata de siete kilómetros al cumplirse el primer aniversario de la muerte del joven.
“La caminata causó impacto en la población. Las personas salían paralos portales, se persignaban, preguntaban qué le pasó a ese niño. Se paró el tránsito en varias calles. Miraban los brazos de Odalys que llevaba escrito JUSTICIA, que es lo que estamos exigiéndole nosotros a las autoridades”,comentó Ramírez Puig.
Explicó“comenzamos la marcha desde nuestra casa en el poblado Bizarrón hasta el cementerio del municipio Güines. Llegando al camposanto hay una construcción de unos policías que construyen sus casas y que son los presos los trabajadores allí, más de 100, formaron filasquitándose sus gorras y agachaban sus cabezas”.
El matrimonio aseguró “hemos sido citado para el Departamento de la Seguridad del Estado de Güines y de ahí trasladados a San José de las Laja, donde el mayor Ledesma, enviado por el Consejo de Estado, en presencia de otros oficiales nos preguntan qué justicia queremos”.
“Exigimos que paguen todos los que asesinaron a nuestro hijo, que paguen las autoridades que no nos dejaron velarlo, el MIMINT, criminalística, y la Seguridad del Estado que lo manipula todo”.
Desde marzo, “que hemos denunciado ante la prensa internacional e independiente ha aumentado la represión, acoso y persecución contra toda la familia. Hemos perdido trabajo. La situación económica ha ido al piso completamente. Estamos pasando hambre, no tenemos que comer, ni qué darle a nuestras familias. La Seguridad ha sitiado nuestra vivienda. Nos amenazan con desaparecernos. Los campesinos no nos quieren dar trabajo por miedo a que se tomen represarías con ellos.
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Roberto de Jesús Guerra Pérez
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