¿Ajustes en la Ley de Ajuste?
LA HABANA, Cuba, noviembre, www.cubanet.org -Algunos proponen que la ley
pública 89-732, más conocida por “Ley de Ajuste Cubano”, sea abolida o
modificada fundamentalmente.
Desde París, Zoé Valdés alerta al gobierno norteamericano sobre una “invasión silenciosa”, que probablemente ocurrirá a partir del 14 de enero de 2013, con la puesta en vigor de la actualización de la Ley de migración cubana. La escritora recomienda a los congresistas cubano-americanos que exijan la eliminación de la “Ley de Ajuste”, para impedir una probable estampida hacia EE UU, vía terceros países. Por otra parte, el diputado estatal de la Florida, David Rivera, propone modificarla para acabar con el “relajo de los recurrentes viajes a la Isla.”
Tales “ruidos” parecen haber causado inquietudes en Miami. Desde allí, algunos atacan las posturas ya mencionadas, tachando de “malos cubanos” a todos los que las apoyan. Según sus opiniones -publicadas en la prensa digital-, politizar la ya controversial ley, vigente desde 1966, y solicitar su abolición, sería “hacer lo que la dictadura quiere”. El régimen castrista la llama “Ley asesina”, achacándole la culpabilidad de los miles de cubanos muertos y desparecidos en el Estrecho de la Florida.
Pero a Jorge Gómez, un economista de 63 años de edad, residente en Cuba, le resulta discordante que haya gente en Miami que tilde de “malos cubanos” a los que exigen la derogación de la Ley de ajuste, incluso, que los acusen de “hacer lo que la dictadura quiere”, como si enviar a la Isla más de 800 millones de dólares al año, por concepto de remesas, no fuera lo mismo.
Muchos en La Habana consideran que no hay nada más político que la Ley de ajuste. Y al respecto, opinan que la solución de tratar mejor a aquellos cubanos que el castrismo privó de sus propiedades, separó de sus familias y, en muchos casos, encarceló durante largos años por causas políticas y de conciencia, fue una magnífica respuesta de la democracia norteamericana frente a la bestialidad del comunismo impuesto por los Castro.
Sin embargo, la mayoría de los consultados en una especie de encuesta informal que he realizado admite que ya no tiene sentido que la ley favorezca a los que no han hecho nada por la libertad de Cuba. Este último es un criterio discutible, pues, por muy política que sea la ley, se trata de un instrumento del humanismo democrático, y como tal, puede y aun debiera favorecer a todas las víctimas de la dictadura cubana.
Cuestión aparte, que sí merece consideración y análisis, es la propuesta de Zoé Valdés, en lo referido a que quizá sea hora de revisar la Ley de Ajuste, a la luz de las nuevas circunstancias.
Probablemente no sea aconsejable llegar hasta la derogación de esta ley, que ha sido una verdadera bendición para mucha de nuestra gente, y que, a pesar de lo que digan los comunistas, representa para los cubanos una gran deuda de honor con los Estados Unidos. Mientras exista la dictadura en Cuba, siempre habrá personas que necesiten del refugio político. Pero, por otro lado, no hay dudas de que sería oportuno introducirle cambios, con el fin de adecuarla a las exigencias del momento, sin que perjudique a los estadounidenses ni deje de servir de algún modo a las víctimas del castrismo.
Es verdad que a muchos cubanos ya establecidos en Estados Unidos, y a otros que desde aquí aspiran a la reunificación familiar, hacen muy poco por ayudar a que llegue la democracia a Cuba. Los primeros, envían grandes cantidades de dinero, y son esas remesas las que en gran medida apuntalan la ineficaz economía de la dictadura y permiten su subsistencia. Los segundos, le hacen la pala al régimen, al vivir la doble moral de simular que lo apoyan, cuando en realidad lo detestan. Pero también es verdad que en las democracias las leyes se dictan y aplican por igual para todos los ciudadanos, no se aplican selectivamente, según la ideología de cada cual.
Recientemente, Fidel Castro, alardeando de su “buena salud”, declaró: “No recuerdo siquiera qué es un dolor de cabeza”. Parece que ya olvidó su gran cefalea de hace 18 años, el 5 de agosto de 1994, cuando el pueblo se lanzó a las calles gritando “libertad”, y tiró piedras a diestra y siniestra en medio de la revuelta conocida como “Maleconazo”. Pero el gobierno de Bill Clinton y la dictadura cubana hallaron una solución “mutuamente ventajosa”, mediante un acuerdo migratorio que actúa como continua válvula de escape, dando esperanzas a los descontentos de que algún día podrán escapar y manteniéndolos tranquilos. Gracias a ese acuerdo migratorio, alrededor de veinte mil cubanos parten a Estados Unidos cada año. Quizás esos 360 mil descontentos que han abandonado el país por esa vía desde 1994, podrían haber protagonizado estallidos sociales como los ocurridos en la Primavera Árabe, o los acontecidos en la propia Cuba en 1980 y 1994. Y quizás pudiéramos haber cambiado el régimen.
En tanto, en La Habana, las arremetidas contra la Ley de Ajuste Cubano también exacerban los sentimientos solidarios de algunas personas. “Si quitan la Ley” –me dice una mujer llamada Nélida-, perjudicarán a los pobres cubanos”. Lo dice parada frente a la puerta de su casa, donde está pintado el rótulo del CDR Nº4, que preside.
“El que quiera beneficiarse con la Ley de Ajuste, que se lo gane “fajao” contra los esbirros de las Brigadas de Respuesta Rápida -sentenció Carlos Pérez, un desempleado de 55 años-. Los descarados que cocinan la caldosa el 28 de septiembre (aniversario de los CDR), desfilan por la plaza dándole vivas al socialismo, participan en las turbas de respuesta rápida para golpear a los disidentes, chivatean, y después hacen fila en la Oficina de Intereses para ir a Miami de visita y quedarse, acogiéndose a la Ley de Ajuste, deberían ser enviados de regreso a Cuba. Deportados como cualquier otro inmigrante. Es lo que merecen”.
Lo que dice Carlos refleja el sentir de muchos cubanos de ambas orillas.
Desde París, Zoé Valdés alerta al gobierno norteamericano sobre una “invasión silenciosa”, que probablemente ocurrirá a partir del 14 de enero de 2013, con la puesta en vigor de la actualización de la Ley de migración cubana. La escritora recomienda a los congresistas cubano-americanos que exijan la eliminación de la “Ley de Ajuste”, para impedir una probable estampida hacia EE UU, vía terceros países. Por otra parte, el diputado estatal de la Florida, David Rivera, propone modificarla para acabar con el “relajo de los recurrentes viajes a la Isla.”
Tales “ruidos” parecen haber causado inquietudes en Miami. Desde allí, algunos atacan las posturas ya mencionadas, tachando de “malos cubanos” a todos los que las apoyan. Según sus opiniones -publicadas en la prensa digital-, politizar la ya controversial ley, vigente desde 1966, y solicitar su abolición, sería “hacer lo que la dictadura quiere”. El régimen castrista la llama “Ley asesina”, achacándole la culpabilidad de los miles de cubanos muertos y desparecidos en el Estrecho de la Florida.
Pero a Jorge Gómez, un economista de 63 años de edad, residente en Cuba, le resulta discordante que haya gente en Miami que tilde de “malos cubanos” a los que exigen la derogación de la Ley de ajuste, incluso, que los acusen de “hacer lo que la dictadura quiere”, como si enviar a la Isla más de 800 millones de dólares al año, por concepto de remesas, no fuera lo mismo.
Muchos en La Habana consideran que no hay nada más político que la Ley de ajuste. Y al respecto, opinan que la solución de tratar mejor a aquellos cubanos que el castrismo privó de sus propiedades, separó de sus familias y, en muchos casos, encarceló durante largos años por causas políticas y de conciencia, fue una magnífica respuesta de la democracia norteamericana frente a la bestialidad del comunismo impuesto por los Castro.
Sin embargo, la mayoría de los consultados en una especie de encuesta informal que he realizado admite que ya no tiene sentido que la ley favorezca a los que no han hecho nada por la libertad de Cuba. Este último es un criterio discutible, pues, por muy política que sea la ley, se trata de un instrumento del humanismo democrático, y como tal, puede y aun debiera favorecer a todas las víctimas de la dictadura cubana.
Cuestión aparte, que sí merece consideración y análisis, es la propuesta de Zoé Valdés, en lo referido a que quizá sea hora de revisar la Ley de Ajuste, a la luz de las nuevas circunstancias.
Probablemente no sea aconsejable llegar hasta la derogación de esta ley, que ha sido una verdadera bendición para mucha de nuestra gente, y que, a pesar de lo que digan los comunistas, representa para los cubanos una gran deuda de honor con los Estados Unidos. Mientras exista la dictadura en Cuba, siempre habrá personas que necesiten del refugio político. Pero, por otro lado, no hay dudas de que sería oportuno introducirle cambios, con el fin de adecuarla a las exigencias del momento, sin que perjudique a los estadounidenses ni deje de servir de algún modo a las víctimas del castrismo.
Es verdad que a muchos cubanos ya establecidos en Estados Unidos, y a otros que desde aquí aspiran a la reunificación familiar, hacen muy poco por ayudar a que llegue la democracia a Cuba. Los primeros, envían grandes cantidades de dinero, y son esas remesas las que en gran medida apuntalan la ineficaz economía de la dictadura y permiten su subsistencia. Los segundos, le hacen la pala al régimen, al vivir la doble moral de simular que lo apoyan, cuando en realidad lo detestan. Pero también es verdad que en las democracias las leyes se dictan y aplican por igual para todos los ciudadanos, no se aplican selectivamente, según la ideología de cada cual.
Recientemente, Fidel Castro, alardeando de su “buena salud”, declaró: “No recuerdo siquiera qué es un dolor de cabeza”. Parece que ya olvidó su gran cefalea de hace 18 años, el 5 de agosto de 1994, cuando el pueblo se lanzó a las calles gritando “libertad”, y tiró piedras a diestra y siniestra en medio de la revuelta conocida como “Maleconazo”. Pero el gobierno de Bill Clinton y la dictadura cubana hallaron una solución “mutuamente ventajosa”, mediante un acuerdo migratorio que actúa como continua válvula de escape, dando esperanzas a los descontentos de que algún día podrán escapar y manteniéndolos tranquilos. Gracias a ese acuerdo migratorio, alrededor de veinte mil cubanos parten a Estados Unidos cada año. Quizás esos 360 mil descontentos que han abandonado el país por esa vía desde 1994, podrían haber protagonizado estallidos sociales como los ocurridos en la Primavera Árabe, o los acontecidos en la propia Cuba en 1980 y 1994. Y quizás pudiéramos haber cambiado el régimen.
En tanto, en La Habana, las arremetidas contra la Ley de Ajuste Cubano también exacerban los sentimientos solidarios de algunas personas. “Si quitan la Ley” –me dice una mujer llamada Nélida-, perjudicarán a los pobres cubanos”. Lo dice parada frente a la puerta de su casa, donde está pintado el rótulo del CDR Nº4, que preside.
“El que quiera beneficiarse con la Ley de Ajuste, que se lo gane “fajao” contra los esbirros de las Brigadas de Respuesta Rápida -sentenció Carlos Pérez, un desempleado de 55 años-. Los descarados que cocinan la caldosa el 28 de septiembre (aniversario de los CDR), desfilan por la plaza dándole vivas al socialismo, participan en las turbas de respuesta rápida para golpear a los disidentes, chivatean, y después hacen fila en la Oficina de Intereses para ir a Miami de visita y quedarse, acogiéndose a la Ley de Ajuste, deberían ser enviados de regreso a Cuba. Deportados como cualquier otro inmigrante. Es lo que merecen”.
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