Si de 'conducta impropia' se trata…

Si de 'conducta impropia' se trata…
MIRIAM CELAYA | La Habana | 26 Jul 2013 - 11:01 am. | 1
Archivado en: Raúl Castro Sociedad
El Gobierno hace campaña por la 'pérdida de valores éticos y morales' en la sociedad. ¿Pero qué hay de la grosería de entrar en arreglos armamentistas con la dictadura norcoreana?


El título alude a un memorable documental que, con seguridad, muchos cubanos de todas partes hemos visto, basado en el descarnado testimonio de quienes sufrieron la arbitrariedad y el terror implantados por el castrismo en la purga desatada unos cuarenta años atrás. Conducta impropia fue una ilegal figura delictiva establecida por el régimen castrista en las décadas del 60 y el 70 del pasado siglo para reprimir lo que oficialmente se consideraran desviaciones sexuales (homosexualidad, "blandenguería"), diversionismo ideológico o todo aquello que pudiesen interpretar las autoridades como políticamente incorrecto. Bajo esa etiqueta fueron presos, defenestrados, enviados a campos de trabajos forzados o sencillamente pasados al insilio, numerosos intelectuales, artistas y gente común y corriente.

En su mayoría las víctimas anónimas de esa cacería que se erigió como política de Estado fueron hombres, por cometer el grave delito de usar melenas largas, pantalones demasiado estrechos, no incorporarse a las "zafras del pueblo" o preferir cierto tipo de música, entre otros. Nadie escapaba del riguroso escrutinio de la Inquisición verde olivo y de sus celosos comisarios; cualquiera podía caer en desgracia ante los rígidos parámetros revolucionarios.

Con el tiempo, la represión se mantuvo, pero cambiaron los métodos. Algo de lo que antes fuera condenado pasó a ser tolerado y actualmente los esquemáticos guerrilleros se han visto obligados a asumir nuevas poses y hasta a aceptar ciertas diferencias. Sin pedir disculpas por los daños causados, sin admitir aquella persecución sin precedentes ni el atentado contra derechos elementales de las personas libres, ahora ese mismo gobierno simula estar al frente de la defensa de esos derechos, y para demostrarlo promueve campañas, realiza eventos y hasta organiza marchas y festivales.

Sin embargo, a raíz del discurso pronunciado por el general-presidente en la reciente sesión de la Asamblea Nacional, en el que anunció una cruzada contra la grosería y las indisciplinas sociales y señaló la "pérdida de valores éticos y morales" que se ha enraizado en la sociedad, vuelven a correr aires de censura por nuestras calles. Algunas personas aseguran que ya se están aplicando multas a quienes profieran "malas palabras" o mantengan actitudes groseras en lugares públicos, que suban a los ómnibus por la puerta de atrás o no paguen su pasaje, que escandalicen y molesten a los vecinos, que arrojen basuras y escombros en la vía, etc. Lo cual, en principio, no estaría del todo mal si no se tratara en realidad de una campaña más, si hubiese algún cubano libre de todos estos pecados como para multar a los pecadores, o si al aplicar las medidas no se incurriese, a la vez, en la vulneración de otros derechos ciudadanos.

Por ejemplo, días atrás un adolescente habanero, que aquí llamaré Daniel, residente en el municipio Cerro, regresaba a su casa después de su acto de graduación de enseñanza secundaria. Con el desparpajo y la peculiar idea de libertad propios de su edad, sintiéndose ya sin compromisos con la escuela y bajo el sol inclemente del verano, había subido, doblándolas hasta sus rodillas, las perneras de su feo y ya desvaído pantalón de uniforme amarillo, y traía la camisa medio abierta por fuera del fajín. Despreocupado, caminaba concentrado en la música de los audífonos atronando en sus oídos, por eso lo tomó de sorpresa un hombre que lo detuvo bruscamente en plena vía y, lleno de autoridad, tras exigirle apagar la música y sacarse los audífonos, le ordenó bajarse inmediatamente las perneras del pantalón.

De momento, Daniel dudó si el sujeto estaría en su pleno juicio, así que le preguntó quién era y por qué debería hacer lo que le ordenaba. El individuo entonces se identificó, no por su nombre y apellidos, sino como "inspector de menores", lo acusó de estar usando incorrectamente el uniforme, "un símbolo de la Patria que le había entregado la Revolución" y que por esa causa sus padres podían ser multados y él retenido en un "centro de atención a jóvenes con conductas inadecuadas".

Sin dejarse impresionar demasiado, Daniel le explicó que ya ese no era su uniforme porque, de hecho, estaba regresando de su graduación de secundaria, así que no tendría que usarlo más; que ya iba para su casa y tenía mucho calor después de permanecer largo rato parado al sol en el patio de la escuela oyendo los obligados discursos antes de obtener su diploma, y que él tenía entendido que los símbolos patrios eran la bandera cubana, el escudo nacional y el himno de Bayamo, y no un viejo pantalón que —para más señas— no se lo había dado ninguna revolución sino que se lo había comprado su madre a sobreprecio en el mercado subterráneo, cuando ya no le sirvió más el que "le tocaba por el cupón" en el curso anterior. El hombre persistió en sus amenazas, le exigió su carné de identidad y hasta trató de retener a Daniel por el brazo, ante lo cual el adolescente se sacudió y, ya seriamente asustado, echó a correr hasta su casa.

El hecho, rigurosamente cierto, se basa en el testimonio directo del jovencito y de su familia. Pero en realidad, lo importante aquí no es dirimir simplemente si Daniel actuaba de manera correcta o no. Durante muchos años ha sido costumbre entre nuestros adolescentes que se gradúan de diferentes niveles de enseñanza realizar esta especie de rito de paso en el que se desacraliza el viejo uniforme, considerado por ellos —y por generaciones anteriores, ya no tan jóvenes— un símbolo del control que ejercían las instituciones educacionales sobre sus vidas. Es apenas un inocente acto de rebeldía propio de esas etapas de la vida que se traduce en disímiles formas de expresión: desde hacerse estampar sobre las camisas las firmas de los compañeros de clases hasta la rotura intencional del uniforme en tiras que dejan colgar sobre sus cuerpos, sin mayores consecuencias.

De lo que se trata aquí, en esencia, es de que ningún funcionario o agente del Gobierno puede tener la autoridad de coaccionar a un menor, sea en privado o en la vía pública, trasgrediendo tanto el derecho de ese adolescente como el de sus padres y demás familiares adultos. La gravedad del hecho es que, con otros matices y en otro escenario, aquí se repiten la impunidad oficial y la indefensión ciudadana, a contrapelo de los supuestos "cambios" que pregona el Gobierno, lo que debería disparar de inmediato las alarmas en la sociedad.

Y ya que de multas y de castigos se trata, el Gobierno no está en condiciones de tensar la cuerda. Es a los cubanos a quienes correspondería analizar por estos días qué medidas tomar por la incalificable grosería gubernamental de entrar en arreglos armamentistas con esa otra dictadura del planeta, la norcoreana, engañando al pueblo cubano y ofendiendo al mundo civilizado y a las organizaciones internacionales de las cuales somos miembros. Castro II debe explicar esta y otras muchas violaciones que delatan la falta de valores éticos y morales del Gobierno antes de pretender aplicar medidas coercitivas sobre sus "gobernados".

Habría que incluir también en el análisis la responsabilidad directa de medio siglo de abuso totalitario en la pérdida de ética y de valores morales de la sociedad, sin mencionar la violación sistemática de los derechos ciudadanos a lo largo de todo ese tiempo. Lástima que este mismo gobierno nos haya privado también, con la supresión de las instituciones cívicas, de las herramientas con las cuales pedirle cuentas y hacerle obedecer. Sin dudas, ya está siendo hora del inicio de verdaderas reformas en Cuba, comenzando por las políticas.