Las relatoras especiales sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Urmila Bhoola, y sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro, se dirigieron al Gobierno de Miguel Díaz-Canel el pasado 6 de noviembre y le dieron un plazo de 60 días para responder a sus preocupaciones. Agotado el plazo, La Habana no lo ha hecho, según consta en los archivos de Naciones Unidas.
El paso de Bhoola y Giammarinaro es un nuevo golpe a la venta de servicios profesionales, fundamentalmente en el sector de la salud, que constituye la principal fuente de ingresos del Gobierno cubano.
Cuban Prisoners Defenders también ha llevado el caso de los médicos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y ha acusado a Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios de "
crímenes de lesa humanidad".
Bhoola y Giammarinaro pidieron a La Habana "atención urgente" a esos "presuntos abusos", y expresaron "preocupación por las condiciones de trabajo y de vida" que estarían afectando a esos profesionales.
Muchos de ellos, dijeron las diplomáticas, "estarían expuestos a condiciones de trabajo y de vida explotadoras", y "pagos salariales inadecuados". Además, "estarían sometidos a presiones y a seguimiento por parte del Gobierno" cubano, señalaron.
En particular, mencionaron que, según las denuncias que recibieron, en muchos de los países de destino los médicos cubanos no reciben un contrato de trabajo o una copia del mismo; el Gobierno de Cuba se queda con entre el 75% y el 90% de lo que pagan en salarios mensuales los gobiernos anfitriones y, con frecuencia, el salario que queda a los trabajadores "no permitiría vivir dignamente".
Además, advirtieron, "el Gobierno de Cuba estaría 'congelando' una parte del salario (a la) que los médicos pueden acceder únicamente tras su regreso al país".
Por otra parte, Bhoola y Giammarinaro señalaron que, de acuerdo con los reportes, los médicos trabajarían un "exceso de horas", tendrían "restringida" la libertad de movimientos y estarían "bajo vigilancia" de funcionarios del Gobierno.
"El derecho a la privacidad estaría limitado por el control y seguimiento efectuado a los médicos, incluyendo la comunicación y las relaciones sostenidas con personas nacionales y extranjeras durante las misiones de internacionalización", consideraron las relatoras.
"En principio, los profesionales podrían regresar a Cuba de vacaciones una vez por año pero (…) dicho viaje sería muchas veces considerado como premio o, según las circunstancias, podría ser negado como una forma de castigo", añadieron.
Apuntaron, siempre según las denuncias, que "si un profesional decide retirarse del trabajo en el exterior, se califica como 'abandono de misión de trabajadores civiles bajo del Código Penal de Cuba, que en su artículo 135 (1) estipula (…) sanción de privación de libertad de tres a ocho años".
Resaltaron que "las mismas sanciones son aplicadas a profesionales que, después de cumplir una misión en el extranjero, deciden establecerse en otro país (…). Los médicos considerados desertores no están autorizados a regresar a Cuba durante ocho años y los familiares que permanecen en Cuba estarían sujetos a señalamientos y repercusiones por parte de entidades gubernamentales".
Bhoola y Giammarinaro indicaron que, de acuerdo con la documentación que recibieron, "muchos profesionales reportaron recibir amenazas regulares por parte de funcionarios estatales de Cuba en los países de destino, y mujeres médicas han sufrido acoso sexual mientras se encontraban participando en misiones".
"Otros profesionales, entre ellos maestros, ingenieros o artistas, estarían sometidos a condiciones de trabajo y de vida parecidas. Las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional de Trabajo", dijeron las relatoras y advirtieron que "el trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de esclavitud".
Las relatoras pidieron al Gobierno cubano "información o comentario adicional" sobre las alegaciones. También sobre las "medidas que (…) está planeando adoptar para garantizar a todos los médicos y otros profesionales cubanos que trabajan en el extranjero condiciones de trabajo y de vida dignas".
También solicitaron a La Habana "indicar de qué manera (…) está evitando la separación familiar prolongada entre médicos que trabajan en el exterior y sus familiares que permanecen en Cuba".
Asimismo, aclarar qué "mecanismos de queja" tienen los profesionales cubanos "que quieran denunciar abuso o explotación laboral y de qué manera dichos canales o mecanismos puedan ser accedidos desde el extranjero".
Bhoola y Giammarinaro pidieron la Gobierno cubano "investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones" contra los derechos de los médicos y tomar "medidas efectivas para evitar" que se repitan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario