Luego de la orden de arresto del gobernador de Distrito Federal, José Arruda (ex DEM), emitida por el Superior Tribunal de Justicia, mucho se ha especulado sobre su posible impacto electoral, ya que se trata de la caída de un aliado del opositor PSDB, en momentos en que su precandidato, José Serra, lidera la intención de voto para las presidenciales que se celebrarán el 3 de octubre de este año.
Sin embargo, esta decisión ?inédita en la política brasileña? promete tener un bajo impacto político en las elecciones. La primera razón, de orden estructural, consiste en que en Brasil la corrupción aún hoy es un mal que alcanza al oficialismo y oposición por igual. Otra explicación, de tinte más coyuntural, señala que el oficialismo no utilizará políticamente el caso de Arruda para sacar ventaja electoral por el gran déficit que presenta el gobierno de Lula en esta materia, y la poca relevancia que tiene el DEM para el PSDB.
Según la última medición de percepción de corrupción que realizó Transparencia Internacional, el gobierno brasileño, que ocupa el 75º lugar, se encuentra en una situación considerablemente mejor respecto la Argentina (106º), Bolivia (120º), Paraguay (154º) y Venezuela (162º).
No obstante, Brasil aún está lejos de los gobiernos altamente institucionalizados como Chile y Uruguay, que ocupan el puesto 25º en materia de corrupción. Ejemplo de ello puede encontrarse en uno de los escándalos más célebres del año pasado, vinculado con un caso de financiamiento ilegal que involucró a la constructora Camargo Correa y alcanzó a siete partidos brasileños, sin distinción del signo político.
El gobierno de Lula tampoco puede hacer alarde de avances en esta materia. Ya a fines del 2005 su gestión perdió la bandera de la anticorrupción luego del escándalo en el que el gobierno montó un esquema de sobornos a legisladores para la aprobación de iniciativas del Ejecutivo. A esto se le suma la enérgica defensa de Lula sobre el cuestionado presidente del Senado y ex mandatario brasileño, José Sarney, que a mediados del año pasado fue señalado por siete acusaciones de corrupción, que quedaron en la nada gracias a las gestiones del presidente.
El apoyo de Lula a Sarney obedece a su pragmática política de sumar aliados, lo que también explica su acercamiento a Fernando Collor de Mello, otro ex mandatario brasileño que no terminó su mandato por las graves acusaciones de corrupción.
Otro problema que se le presenta al oficialismo está en las acusaciones que recayeron el año pasado sobre Dilma Rousseff, la candidata señalada por Lula para su sucesión. Rousseff fue acusada de usurpación de título: el sitio oficial de la Casa Civil informaba que ella poseía una maestría y doctorado por la Universidad de Campinas, lo que fue negado tajantemente por la misma institución. También fue acusada por la entonces secretaria de la Receita Federal, Lina Vieira, de haber sido citada por Rousseff para que concluyera con las investigaciones vinculadas con empresas del hijo de Sarney, acusadas de irregularidades.
Por último, el apoyo del actual partido Demócrata (ex Partido del Frente Liberal), que estuvo tradicionalmente centrado en el nordeste brasileño, se redujo en la medida en que la región se convirtió en el baluarte político de Lula. Además, su orientación de derecha lo deja descolocado en un contexto en que los cuatro principales candidatos para la sucesión presidencial ?Rousseff, Serra, Silva y Gomes? son alternativas de izquierda o centro izquierda. Con la caída de Arruda y la pública desistencia de su sucesor de disputar la gobernación, todo indica que el DEM también perderá su único distrito electoral en las elecciones del 3 de octubre.
Ante esta situación, el DEM sabe que no está en posición para negociar candidaturas frente al PSDB, lo que explica las versiones de una fórmula presidencial conformada por los dos hombres fuertes del PSDB -Serra y el gobernador de Minas Gerais, Aécio Neves- o entre Serra y el ex presidente Itamar Franco, del PPS.
Lo que sí confirma la destitución de Arruda, es que la corrupción no será uno de los ejes centrales del debate electoral, ya que el PT y el PSDB, las dos principales opciones para la sucesión de Lula, han estado vinculados directa o indirectamente con casos de corrupción, dejándolos con poca autoridad moral para convertir esta cuestión en uno de los principales asuntos de la campaña.
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