ND.- Una comisión técnica de Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara publicó un informe en el que asegura que es inviable el cambio de zonificación de la zona industrial 1 de Barquisimeto, terrenos en los que se encuentra los terrenos de las Empresas Polar.
opinan los foristas
Así lo recoge una nota de El Impulso:
La directiva del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara procedió a hacer entrega a la Alcaldesa y a la Cámara Municipal de Iribarren, el Informe Técnico generado por una comisión de especialistas designada de su seno que concluye en su texto final calificando como inviable en lo técnico e improcedente en lo formal, la medida que propone el cambio de zonificación de la zona industrial 1 de Barquisimeto, acción ordenada por el jefe del gobierno nacional.
La medida como bien se conoce, no tan solo afecta a las empresas radicadas en la zona, sino que compromete seriamente la estabilidad laboral de un significativo número de trabajadores, las operaciones naturales de los proveedores servicios a las empresas allí radicadas, y distorsiona el funcionamiento de un conjunto de unidades productivas, asentadas allí, no por un capricho de los actuales ocupantes, sino por decisiones integradas al Plan de Desarrollo Urbano Local.
Otra valoración que se extrae del documento del Colegio de Ingenieros, es la evidente contradicción de la iniciativa oficialista, al pretender colocar dos usos totalmente incompatibles entre si, como lo son el industrial y el residencial, en una misma área de ocupación. Se infiere de la lectura del informe final que la medida de cambio de zonificación y posterior expropiación de la zona industrial 1 luce apresurada, inconsulta, y carente de los soportes técnicos requeridos.
La comisión concluye en señalar, que las omisiones formales que se identifican en el procedimiento llevado a cabo por la Alcaldía de la ciudad, se combinan con el desconocimiento de los aspectos técnicos fundamentales que deben acompañar a una medida de esta naturaleza. Ellos en consecuencia recomiendan la declaratoria de inviabilidad del procedimiento que fue ordenado por el Jefe del Estado y aplicado sin las obligantes consultas por la Cámara del Municipio Iribarren.
El documento suscrito por el Arquitecto Ángel García, y los ingenieros Nora Farias, Zaida Castro y Yelitza Sierralta identifica las inconveniencias de la medida en dos planos de ejecución. El primero de ellos se detiene en señalar las omisiones de tipo procedimental en que se incurre, indicando que la ausencia de una consulta popular que lo avale, es el detalle más vulnerable de la medida en cuestión. Citan el precedente del PDUL del año 2003, el cual sufrió de la misma carencia, y en consecuencia la Asamblea Constituyente decidió su derogatoria.
Se soslaya -agregan- la existencia de una troncal ferroviaria adyacente a la zona industrial 1 y la cual es objeto en este momento de una sustantiva adecuación técnica por parte del ejecutivo nacional. La existencia de este recurso, conecta las industrias en ella asentadas con el principal puerto de exportación del país, abarata los costos de los fletes, facilitando a su vez el despacho de productos terminados y el ingreso de materia prima.
La iniciativa de repotenciar la actividad ferroviaria local, está a su vez relacionada de manera integral con la perspectiva de convertir la comunidad larense en un puerto seco, lo cual se inscribe en políticas nacionales que aspiran incentivar el desarrollo autosustentable de nuestra economía. Resulta entonces incomprensible la adopción de una medida que lesiona el interés nacional y las ventajas implícitas en los postulados del desarrollo regional.
Otras consideraciones del documento soportan su conclusión en el artículo 46 de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, donde se advierte “la improcedencia de cambios de zonificación aislados o singularmente propuestos”. Al señalar consecuencialmente que “todo cambio de zonificación debe ser integral o formar parte de algún plan sectorial” y que “ningún cambio de zonificación podrá llevarse a cabo antes de los 10 años de haber sido aprobada la zonificación original, o de la ultima zonificación.”
Carencias Técnicas
Las carencias técnicas de la medida, están contenidas en la ausencia de los estudios que avalen la factibilidad de la misma, así como la consulta a las asociaciones de vecinos del sector, si la hubiere, o la mayoría absoluta de los vecinos del área que determine la oficina municipal a cargo.
No hay constatación de que los servicios públicos requeridos para el nuevo propósito del área afectada sean suficientes. Se refiere el informe a los servicios de cloacas, electricidad, vialidad, acueducto, a los servicios educacionales, deportivos y de recreación, lo cual hace de la medida de cambio de zonificación de la zona Industrial 1, una iniciativa de dudosa solvencia técnica. Tampoco hay certeza de que los servicios existentes en la actualidad sean suficientes para el nuevo uso que aspira dar a esta área.
Otras omisiones o inconsistencias del documento que aspira soportar el cambio de zonificación están representadas; en la falta de definición del límite norte del área a ser afectada. El área que se desea expropiar no es sujeta a presión alguna por la población residencial localizada en su entorno. Las edificaciones propuestas para la densidad 1.200 habitantes por hectárea, implicarían altísimas erogaciones para su construcción y mantenimiento. Tampoco hay garantía del suministro de agua potable para la demanda a instalarse en esa zona.
No se incluyen los respectivos estudios de impacto ambiental que derivan de una acción como la propuesta por el Ejecutivo Nacional, y se omite la incompatibilidad de las actividades localizadas en el resto de la zona industrial, con la nueva trama urbana que se pretende incorporar en el área sujeta a expropiación. Al evaluar los aspectos socioeconómicos, las consideraciones de valoración de las parcelas, son contrarias a las metas económicas que se proponen en el informe emanado de la Alcaldía.
La determinación de la vialidad requerida para un proyecto de esa naturaleza no es abordada en la propuesta de la municipalidad con el rigor necesario, dice el informe del Colegio de Ingenieros. El perfil que aparece en el documento del municipio, no reconoce los dos canales de la Avenida Libertador, ya accesibles en las obras del Transbarca. Otra interrogante, es la que sugiere saber como funcionaria la actual trama vial, con un incremento de 20.000 personas a ubicarse en los nuevos desarrollos habitacionales proyectados en la zona.
En igual forma advierten en el informe del CIEL, que si se llegara a cambiar la conformidad de uso, se tendría que desechar la actual red del acueducto, y deberían proceder a rediseñar otra que se adecue a las nuevas demandas. Eso implica a su vez que la nueva demanda de agua, derivada del cambio de densidad, afectaría a las comunidades asentadas en las adyacencias del sector, acentuando más aún el racionamiento del servicio.
Otras consecuencias de la medida están representadas en el incremento de la presión sobre la red, lo que se traduce en la destrucción del sistema de la aducción existente, consecuencia directa de la perdida de resistencia de las tuberías, por sus años de servicio. Una acción como la propuesta por el gobierno, exige un incremento puntual del gasto de agua a corto plazo y la reconducción de la red de cloacas, con el cambio de diámetro de las tuberías.
No se considero el costo de las demoliciones y el despeje del área. Menos aún la erradicación de las bruñidas losas de concreto de los galpones industriales y las estructuras metálicas en ellos asentadas. Eso también incide en el costo de las viviendas proyectadas, para lo cual se sugiere explorar otras locaciones para su ubicación.
Estas y otras conclusiones del Informe Técnico entregado forman parte de la opinión calificada que ha querido aportar a las autoridades locales el Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado Lara y que motivaron solicitudes diversas no respondidas para incorporarse en las instancias que analizan las incidencias de esta preocupante decisión gubernamental.
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