Por Moisés Leonardo Rodríguez
Cabañas, Habana, 22 de abril de 2010, (PD)
A pesar de la universalización y la supuesta gratuidad de la educación en Cuba, la ingerencia de criterios ideológicos y políticos en la determinación de sus objetivos, programas, valores a formar y estilos pedagógicos, determinan el casi nulo resultado de la inversión social en ella y algunas aberraciones en sus egresados.
Las demandas políticas imponen al sistema educativo metas imposibles de alcanzar. Entre estas se encuentra la demandada a la Educación de Adultos (EDA) de graduar miles de trabajadores y amas de casa que no deciden por si mismos alcanzar ese nivel académico.
La falta de motivación de muchos estudiantes de la EDA se deriva de la exigencia, solo destinada a elevar los índices oficiales, de alcanzar el grado 12 como condición imprescindible para aspirar a puestos laborales de mayor remuneración y mejores condiciones de trabajo o hasta incluso para mantener el que se posee sin que su desempeño mejore con ello.
La situación anterior es el caldo de cultivo de conductas manifestadas por algunos profesores, funcionarios y muchos alumnos. Entre ellas, el promocionismo, que facilita alcanzar el aprobado a quienes no vencen los objetivos del grado; el fraude, por el cual estudiantes desventajados copian sus respuestas de otros o llevan “chivos” escondidos de los cuales copiar las respuestas a las preguntas que ignoran.
Esta ingerencia también desencadena la corrupción manifestada en la compra-venta de títulos de bachiller (12 grado) y de cuestionarios de exámenes. También en la alteración de las calificaciones gracias a regalos o favores sexuales hechos a profesores.
Ilustra esta última situación el caso de un hombre de unos 50 años, cuya identidad precisa no nos brindó el hijo, que falleció en la sala de terapia intensiva del hospital Calixto García de la capital sobre las tres de la tarde del 2 de enero como consecuencia de un intento de suicidio por ahorcamiento realizado días antes. Dicho hombre fue trabajador del sector del petróleo en Boca de Jaruco, provincia Habana, durante casi toda su vida laboral. Fue removido de su cargo por no poseer el certificado de grado 12. Sus valores le impidieron “resolver” y comprar un certificado o haber asistido a clases formalmente hasta graduarse aunque no hubiera “vencido los objetivos”, como hacen tantos otros. “La presión política, no laboral, fue lo que le hizo quitarse la vida” declaró un allegado del fallecido que pidió el anonimato.
Uno de mis estudiantes, de cuando impartía Física en la EDA durante el curso escolar 2008-2009, era trabajador del aeropuerto José Martí de la capital. Laboraba como técnico en sistemas eléctricos de aeronaves. Por sus conocimientos técnicos y buen desempeño, viajó a Canadá. Al enfermar su madre, solicitó un año de licencia sin sueldo para cuidarla. Cuando finalizó la licencia le propusieron oficialmente que pidiera la baja hasta el momento del desenlace de la situación de la madre, posterior a lo cual le reintegrarían a su misma plaza. Así lo hizo. Tres meses después falleció su progenitora. El prometido reintegro a su cargo no se efectuó porque no satisfacía el requisito de tener el grado 12 vencido.
Como en su caso, muchas especialidades de técnicos medios gradúan a sus estudiantes sin el nivel académico correspondiente al grado 12.
Para satisfacer la meta política impuesta, asistía formalmente a la escuela a pesar de que, como el mismo me argumentó, esto no le aportaría nada en absoluto a su capacitación técnica. “Si se tratara de superación en mi especialidad, estaría a gusto, pero esto es para mi una pérdida de tiempo” concluyó.
El resquebrajamiento de la moralidad nunca debe ser justificado. Lo que si debe someterse a análisis continuo, para su adecuación a las demandas sociales sin violar los derechos e intereses de los individuos, son las políticas públicas de los gobiernos. Este es uno de esos casos según la opinión de muchos cubanos.
Foto: Marcelo López
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