El decoro en silla de ruedas

By ALEJANDRO ARMENGOL

Nadie puede acusarlos de actos terroristas. Jamás les ha pasado por la
cabeza poner una bomba. No son fanáticos peligrosos, capaces de lanzar
una andanada de cohetes sobre un mercado o intentar un secuestro. No
abogan en favor de una insurrección armada. Son opositores pacíficos o
periodistas independientes, que no se dedican a proclamar el odio y la
venganza.

Sin embargo, están encarcelados y algunos de ellos gravemente enfermos.

Disidentes cubanos cumplen largas condenas por el solo ``delito'' de
divulgar la verdad y buscar cambios pacíficos en la isla. Recalcar el
carácter pacifista de su lucha sirve para establecer un contraste entre
las sentencias drásticas y una actividad que limita su acción al terreno
de la palabra, las propuestas políticas y se realiza sin ocultarse.

El caso de Ariel Sigler Amaya es uno de los más emblemáticos. Su salud
ha sufrido un grave deterioro en los últimos días, según la Comisión
Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).

Sigler, de 47 años, es considerado prisionero de conciencia por Amnistía
Internacional. Un campesino fuerte, que practicaba el boxeo aficionado
en la categoría de los pesos pesados, desde hace años se encuentra en
silla de ruedas, por una ``neuropatía carencial'' asociada a problemas
nutricionales, que adquirió en la cárcel y que puso en peligro su vida.
Está internado en el Hospital Julio Díaz de La Habana, de acuerdo a la
CCDHRN.

En el caso de Sigler, que Elizardo Sánchez, portavoz de la CCDHRN, cree
que es el ``único preso de conciencia del mundo en silla de ruedas'',
tiene una característica singular y macabra.

Existe la sospecha de que las autoridades se niegan a liberarlo,
precisamente por su estado de gravedad, ya que al parecer se niegan a
excarcelarlo en silla de ruedas.

El único ``delito'' de Sigler es haber sido líder del movimiento Opción
Alternativa en la provincia de Matanzas. El y su hermano Guido fueron
detenidos el 18 de marzo del 2003, durante la llamada Primavera Negra,
en la que un grupo de 75 opositores fueron condenados a penas de más de
20 años de prisión.

Como la mayoría de los involucrados en la Causa de los 75, Sigler fue
encausado bajo la Ley de Protección de la Independencia Nacional y la
Economía de Cuba, que entró en vigencia en 1999 para sancionar
``acciones que en concordancia con los intereses imperialistas persiguen
subvertir el orden interno de la nación y destruir su sistema político''.

Los cargos de ``actividades subversivas'' por los que fueron condenados
estos hombres resultaron torcidos hasta en la ortografía y sintaxis de
las actas acusatorias. Libros, recortes de periódicos, teléfonos y
computadoras fueron las ``armas del crimen''. Remesas de unos cuantos
dólares las pruebas más contundentes del acto delictivo. Decir que los
disidentes recibían ropa, alimentos y dólares del extranjero, el mejor
recurso para despertar la envidia en otros.

Los presos políticos son sometidos a abusos generalizados, como
reeducación ideológica forzada, reclusión en régimen de aislamiento por
períodos prolongados y denegación de tratamiento médico en casos de
enfermedad grave.

Además de mantener encarcelados a los opositores, el gobierno de Raúl
Castro también ha recurrido ocasionalmente a golpizas, detenciones por
períodos breves, actos públicos de repudio y negarles trabajo a los
disidentes, entre otras tácticas. Como ha denunciado la organización
Human Rights Watch, en conjunto estas formas habituales de represión
generan un clima de temor que inhibe fuertemente el ejercicio de los
derechos fundamentales en la sociedad cubana.

El gobierno del general Raúl Castro se ha apoyado, en particular, en la
disposición sobre ``peligrosidad'' del Código Penal, que permite a las
autoridades encarcelar a las personas antes de que hayan cometido un
delito, cuando simplemente existan sospechas de que pueden cometerlo en
el futuro. Esta disposición sobre ``peligrosidad'' es netamente
política, y define como ``peligrosa'' cualquier conducta que es
contraria a las normas socialistas de Cuba, agrega la organización.

``Los cubanos que se atreven a criticar al gobierno viven bajo un temor
constante, pues saben que pueden terminar en prisión tan sólo por
expresar su opinión'', ha afirmado José Miguel Vivanco, director para
las Américas de Human Rights Watch.

l no conceder siquiera la liberación de los disidentes más enfermos, el
régimen no sólo quiere acabar con la esperanza de un cambio dentro de la
isla. Le preocupan también los cambios que cada vez con mayor fuerza se
vienen promoviendo en Estados Unidos, en favor de una línea que no esté
fundamentada en una retórica de confrontación. Ve como enemigos no sólo
a los opositores conocidos, sino también a quienes manifiestan una
fidelidad que sabe se vería erosionada en caso de producirse una mayor
cercanía entre la isla y Estados Unidos.

Mantener prisionero a un opositor pacífico que se encuentra en silla de
ruedas es un acto de crueldad. Considerar ``peligroso'' a todo aquel que
disiente, una prueba de cobardía. Mantener un empecinamiento torpe ante
cualquier cambio, una demostración de debilidad. El gobierno cubano
continúa apocado, encerrado entre el extremismo y la miseria.

aarmengol@herald.com

http://www.elnuevoherald.com/2010/05/03/v-fullstory/710449/alejandro-armengol-el-decoro-en.html