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Globovisión / EFE
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó de "torpe política de Estado a favor de la censura previa" la prohibición al diario El Nacional y al resto de los periódicos venezolanos de publicar fotografías e informaciones sobre violencia durante treinta días.
El presidente de la SIP, Alejandro Aguirre, dijo en un comunicado que se trata de "un elemento más de censura dentro de un esquema gubernamental para silenciar a los medios, especialmente en épocas en que se quieren evadir las imágenes de la realidad dentro de estrategias electorales".
Los venezolanos están convocados a participar en las elecciones legislativas del 26 de septiembre para elegir 165 diputados a la Asamblea Nacional que actualmente es controlada en su mayoría por el oficialismo.
Aguirre, subdirector del Diario Las Américas, con sede en Miami, indicó que más allá del "acto de censura directa" y multa contra El Nacional, prohibir a todas las publicaciones impresas del país reproducir informaciones y fotografías que muestren violencia "no es otra cosa más que una clara y torpe política de Estado a favor de la censura previa".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Robert Rivard, afirmó que se está "frente a un duro golpe a la libertad de prensa".
"Y viviendo un clima de incertidumbre total, por cuanto el periodismo podrá sufrir consecuencias graves sin saber realmente cuáles son los estándares de violencia a los que atenerse para publicar o no informaciones de interés público", agregó el director editorial del San Antonio Express-News de Texas.
"Habíamos visto censura de todo tipo, y en eso el Gobierno venezolano viene liderando, pero lo de ahora es torpe, grotesco e irrisorio, demostrando que estamos frente a un Gobierno sin límites", comentó.
La medida judicial fue dictada el martes por el Tribunal 12 de Primera Instancia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y prohíbe a los medios impresos del país la publicación de imágenes "violentas, sangrientas, grotescas, bien sean de sucesos o no" que puedan afectar a la niñez y la adolescencia.
El origen de la "polémica" orden judicial se originó después de que el viernes pasado el diario El Nacional publicó en su portada una fotografía de una morgue en la que se ven numerosos cadáveres, como ilustración de una nota sobre inseguridad pública.
La acusación contra el periódico surgió tras la solicitud del grupo Frente de Estudiantes Contra la Privatización de la Universidad Central de Venezuela que planteó que la foto "vulnera el derecho a la integridad moral y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, así como a recibir información adecuada a su formación integral".
La decisión judicial contra los periódicos afecta sólo la publicación de imágenes y está planteada como una "acción de protección" que tendrá "un lapso de un mes contado a partir de la presente decisión", según la SIP.
Mientras tanto, el fallo directo contra El Nacional, además de imponerle una multa del dos por ciento de sus ingresos brutos, prohíbe "la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresiones físicas que aticen contenidos de guerra y mensajes sobre muertes y decesos".
Por otra parte, los directivos de la SIP hicieron un llamado al Gobierno nacional para que ponga fin a la "cacería de periodistas" como es el caso de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, sobre quien el Tribunal Supremo de Justicia autorizó a solicitar su extradición.
Zuloaga acudió el mes pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que buscaba "la justicia que se le niega" en Venezuela".
El titular de la SIP sostiene que Zuloaga ha sido acusado varias veces por el "propio presidente Hugo Chávez" en forma pública y dijo que no tiene "dudas que la justicia solamente actuará en consecuencia".
Zuloaga y su hijo Guillermo Zuloaga Siso están acusados de presunta usura, después de que en una de sus oficinas en Caracas fueron hallados el año pasado 24 vehículos nuevos de dos distribuidores automovilísticos de su propiedad.
También afronta otro caso judicial por presuntamente responsabilizar a Chávez en Aruba, durante la reunión anual de la SIP de "disparar y echarle plomo a los venezolanos", en abril de 2002.
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