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Globovisión/EFE
25/01/2011
Dueños de fincas en el Sur del Lago de Maracaibo exigieron este lunes al presidente Hugo Chávez, el fin de la militarización de la zona y de las expropiaciones decididas por el gubernamental Instituto Nacional de Tierras (INTI).
Los propietarios integrantes de la Asociación de Ganaderos de Colón (Aganaco), demandaron "que se levante inmediatamente el estado de excepción no declarado legalmente" implementado en la región desde que el INTI ordenó en diciembre pasado la expropiación de 47 fincas.
"Somos ciudadanos trabajadores que levantamos nuestra voz de protesta al sentirnos maltratados por decisiones que consideramos equivocadas", agregó un comunicado de Aganaco.
Esas decisiones gubernamentales, prosiguió el texto, "no toman en consideración el esfuerzo de tantas generaciones dedicadas al trabajo duro y productivo" y están "destruyendo la actividad productiva de esta subregión y la tranquilidad de centenares de familias y a nuestra patria".
"Pedimos respeto al pueblo del sur del Lago o haremos que nos respeten. Presidente, no juegue usted con la vida de los venezolanos. Nuestra conducta es cívica y somos pacíficos, pero no somos sumisos ni cobardes", remarcó.
El texto de Aganaco no aludió a la suerte de su presidente, Carlos Benavides, a quien el Gobierno de Chávez acusa de participar en el incendio provocado de la sede del INTI el pasado 8 de enero y que tilda de "acto terrorista".
El ministro del Interior, Tarek El Aissami, anunció la semana pasada la detención de nueve personas y la "plena identificación" de otros cuatro "prófugos", todas dirigentes de base del partido UNT en Zulia (noroeste), por su presunta participación en el incendio.
Entre los "prófugos" dirigentes regionales del UNT, liderado por el ex candidato presidencial Manuel Rosales, actualmente exiliado en Perú, el ministro nombró expresamente a Benavides.
Dos días después del incendio, el ministro de Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo, a cuyo cargo se encuentra el INTI, dio marcha atrás parcial a las expropiaciones y renunció a 16 de las 47 fincas.
"Comprobamos que son fundos de pequeños productores, en los que las personas estaban en sus puestos de trabajo. No había explotación hacia ningún ser humano y se comprobó que la era la única propiedad que poseía el dueño", dijo el ministro.
En otras 27 de las 47 propiedades inicialmente expropiadas, que involucran 21.000 de un total de 24.000 hectáreas afectadas, se verificaron, añadió Loyo, "condiciones laborales terribles, con violación a los derechos humanos y a la Ley del Trabajo".
El comunicado de Aganaco sostiene que es el Gobierno el que se vale de "procedimientos que son claramente violatorios de la Constitución" y reclama a Chávez "que rectifique".
"Presidente, en nombre de esas generaciones de hombres y mujeres que han regado con su sudor las tierras del sur del Lago, le solicitamos firmemente que rectifique y elimine las medidas de expropiación de las 47 fincas productivas intervenidas", remata.
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