Mil delegados se disponen a aprobar en La Habana una reforma económica todavía con más preguntas que respuestas.
Roberto Casin | martinoticias.com 05 de abril de 2011
Foto: Reuters
El gobierno dice que más de 7 millones de cubanos han discutido los nuevos lineamientos económicos.
El VI Congreso Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) tendrá lugar en La Habana entre el 16 y el 19 de abril próximos con el propósito, según han dicho las autoridades en la isla, de ratificar las reformas económicas emprendidas por el presidente Raúl Castro para "actualizar" el modelo socialista del país.
Pero más que debatir, polemizar y someter a escrutinio los planes del gobierno y contrastarlos con las demandas de la población, se espera que los mil delegados elegidos para cumplir el trámite partidista del Congreso aprueben a mano alzada las reformas con acostumbrado fervor y disciplina.
La población tiene aún muchas incógnitas económicas por despejar, entre otras, la de sus bajos salarios, el alto costo de la vida, los masivos despidos y los recortes a los subsidios estatales después de más de cuatro décadas de engañosa retórica en las que las gratuidades sociales encabezaron la lista de los “grandes logros” de la Revolución.
Presionado por sus descalabros financieros, el gobierno intenta modificar el modelo económico y tratar de expandir el sector privado sin abrazar necesariamente una economía de mercado y sin hacer “concesiones” al capitalismo, para tratar de salvar el sistema socialista, una misión que según ha dicho es “impostergable”.
De hecho, las reformas comenzaron ya, aunque el Congreso pretenda darle formalismo oficial a lo que ya ha sido más que avalado -- según ha dicho la propia dirección del PCC— por asambleas populares de “discusión” a las que se han asistido más de 7 millones de cubanos, matemáticamente más del doble de la población.
Los lineamientos ya trazados por el gobernante Raúl Castro y sus más cercanos consejeros anticipan el despido de medio millón de empleados estatales en un tiempo relativamente corto, que ha sido temporalmente aplazado para irlo dosificando con cautela sin provocar un estallido social.
En teoría se espera que un tercio de la fuerza laboral sea transferida al sector “no estatal” dentro de cuatro años, y que unas 3 mil 700 empresas que vegetan a la sombra del gobierno sigan en manos del estado pero con mayor autonomía en busca de eficiencia, una enigmática fórmula ya probada en la isla de mil maneras y con resultados hasta ahora tan inútiles como desastrosos.
Entre los planes, también se prevé la entrega de un cuarto de millón de nuevas licencias de trabajo por cuenta propia de las que se dice ya fueron concedidas 170 mil. Sin duda hay muchos cubanos esperanzados en soltar amarras y dar rienda suelta para provecho propio a la iniciativa individual, que con tanta saña el gobierno les ha tenido prohibida durante casi cinco décadas.
Hace más de dos años el régimen emprendió la entrega de tierras ociosas a particulares para que las cultivaran con la pretensión de reducir la costosa importación de alimentos, y arrendó parcelas a más de 128 mil aprendices de agricultores. Por lo que parece el Congreso del PPC podrá hacer poco para que esa política dé frutos ante la falta de un mercado mayorista y el exceso de regulaciones.
Para la población de la isla la apuesta consiste en que la dejen progresar sin las trabas y la tutela del gobierno, que hasta ahora malogró el bienestar de las familias monopolizando todos los recursos de la nación. El reto está en que puedan hacerlo a pesar de los onerosos impuestos que el estado ha decidido cobrar para garantizarse una fuente segura de ingresos, y para que nadie más --excepto él-- sea capaz de acumular riquezas.
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