JMS
Globovisión
09/05/2011 11:55:44 a.m.
Los gobernadores y alcaldes de la Mesa de la Unidad Democrática firmaron un acuerdo que luego entregaron a los diputados del Bloque Parlamentario de la Unidad, en el que les piden “prioridad legislativa” para su solicitud de nulidad del decreto de Ley de Contribución a los Precios Extraordinarios del Petróleo.
De acuerdo con el gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Feo, dicho instrumento legal despoja a las gobernaciones y alcaldías de 20 mil millones de bolívares fuertes, “lo que significa la quiebra técnica de las mismas”.
"Con ello, se imposibilita el pago de sueldos, aguinaldos y vacaciones a más de 3 mil trabajadores que laboran en las alcaldías y gobernaciones del país; de igual forma, se paralizan programas sociales y obras a lo largo y ancho de Venezuela", explicó.
Según Salas Feo, con esta ley, el Gobierno está decretando la existencia de la “caja negra de Miraflores” a la que entran los recursos que corresponden a las gobernaciones y alcaldías, y que, según denunció, serán utilizados para la campaña electoral, la compra de armas y los regalos a los países amigos del régimen.
“Se trata de una ley fraudulenta e inconstitucional; y que nos obliga a seguir todos los canales: jurídico, solicitando su nulidad ante el Tribunal Supremo de Justicia; y legislativo, que la Asamblea Nacional sancione una ley que elimine ésta, y que garantice la descentralización”, aseguró.
La diputada Vestalia Sampedro (Proyecto Venezuela – Carabobo) denunció que “estamos en presencia de un proceso de recentralización, violatorio de la Constitución”.
Aseguró que dicho proceso inició después de que se rechazara la reforma constitucional, con la Ley de Ganancias Súbitas y y la reforma del FEM, en 2008; con la reforma de la Ley de Descentralización, y la centralización de puertos, aeropuertos y vialidad, en 2009; la creación del Fondo Independencia, del Consejo Federal de Gobierno y del Fondo de Compensación Interterritorial, en 2010; todo esto acompañado por la subestimación de los ingresos en el presupuesto de la nación, a partir de 2009.
“El mayor afectado ha sido el pueblo de Venezuela”, aseguró, al tiempo que insistió en que con la aplicación de este decreto con rango de ley, el presupuesto de los estados pasa de casi 50 mil millones de bolívares fuertes, a poco más de 29 mil millones de bolívares fuertes; lo que es igual a una sustracción de 40,95% del presupuesto de alcaldías y gobernaciones.
Para finalizar, el integrante de la Comisión de Finanzas de la AN, diputado Elías Matta (UNT – Zulia), exigió al presidente de la República, Hugo Chávez, que respete la Constitución, específicamente su artículo 167. “Es justo que se respete la Constitución, es lo único que le pedimos”, dijo.
Antes del encuentro, el alcalde mayor, Antonio Ledezma, le recomendó a los venezolanos que tomen el papel o la constancia en el registro de la Misión Vivienda Venezuela porque esos comprobantes se convertirá en 2.013 en viviendas dignas.
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