Inmuebles ocupados supuestamente de manera ilegal, funcionarios corruptos e intimidaciones por motivos políticos conforman el drama de los desalojados.
martinoticias.com 24 de agosto de 2011
Foto: EFE
Vecinos de una popular barriada habanera se presentaron frente al Consejo de Estado en la Plaza de la Revolución para protestar por un desalojo masivo.
"En Holguín hay alrededor de 30 empleados de Vivienda presos por quitar las casas a propietarios legítimos y venderlas luego por altas sumas de dinero", afirma Caridad Caballero, cuya familia está amenazada de desalojo.
Estos casos de "extracción forzosa" -como llaman ahora al desalojo- se han convertido en una pesadilla para muchas familias cubanas, particularmente en la región oriental de la Isla, según los testimonios recogidos por matinoticias.
“En Holguín se está viendo que están desalojando a propietarios legítimos de más de 15 años residiendo en el lugar y con título de propiedad”, dijo Caballero.
Alude al caso ocurrido en Báguano, reportado recientemente por martinoticias, con la señora Mercedes Reyes que fue finalmente forzada a abandonar su vivienda. “Su “arresto” ocurrió delante de sus nietos pequeños. Aquello fue terrible cómo la sacaron, como si fuera una delincuente”.
“En estos momentos, en la vivienda arrebatada a Mercedes está funcionando el Registro Civil de Báguano”, informó.
Caballero comenta otros casos de desalojo forzoso, y de amenazas, entre ellos el suyo.
“Nosotros también hemos sido objeto de varias citaciones para sacarnos del inmueble donde vivimos desde hace 16 años”, declara Caridad Caballero. “Tendrán que tumbar la casa, porque no vamos a salir”.
La señora Nancy Urrelis de 65 años de edad y su hijo Arnaldo Lázaro Pello, están bajo la amenaza de ser desalojados por la policía y la Dirección de la Vivienda del municipio Ciego de Ávila. Después de que su casa fuese devastada por el paso de un huracán, el gobierno prometió reconstruirla, pero nunca lo hicieron, escribe el activista disidente Roberto Valdivia, en el portal Primavera digital.
Valdivia añade que más tarde se trasladaron a la provincia Ciego de Ávila, donde acogidos al decreto ley 271 recibieron en usufructo una parcela de tierra ociosa, plagada de marabú y como vivienda un contenedor (de los que se usan en los barcos para transportar mercancías), al que habilitaron con puertas, techo y ventanas. Cuando las tierras estuvieron preparadas, el gobierno les retiró el usufructo y les obligó a desalojar del lugar, sin importar que ambos presentan serios problemas de salud, con el argumento de que sería usado para la siembra de plantas ornamentales con destino al turismo.
Resistidos a abandonar el lugar por haber sido engañados por el gobierno, la familia se mantiene en el contenedor-vivienda a pocos metros de un polígono de instrucción militar, sin agua potable ni electricidad. Allí son asediados por funcionarios de la vivienda y por la policía, para que abandonen el lugar. Ambos fueron declarados 'ocupantes ilegales' y si no abandonan el lugar, serán sacados a la fuerza y procesados por los tribunales, informa el activista.
Según Valdivia, además de la señora Urrelis, más de 20 familias ubicadas en el reparto Canaleta han sido amenazadas de desalojo. Las familias, que habían construido sus casas con materiales endebles como cartón y planchas de zinc en un barrio marginal, fueron forzadas a abandonar el lugar. Días después un grupo de mujeres representando a todas las familias, hicieron una manifestación pública ante la dirección provincial de la vivienda, pero esta acción no tuvo resultado .
“Finalmente llegó una brigada con camiones, cuenta Valdivia, para realizar la extracción forzosa y trasladar a estas familias a sus lugares de origen donde los sueltan en la Policía, y es como decirles “vaya, aquí tienen su paquete, cójanlo y resuelvan ustedes el problema”.
Otro caso es el del señor Eleoval Suárez Moure de 36 años y vecino del municipio Florida, provincia Camagüey, cuenta Valdivia. Una tormenta local severa provocó daños de envergadura y su casa se encuentra actualmente en fase de derrumbe. La situación lo llevó a solicitar ayuda nuevamente a la Dirección Municipal de la Vivienda y al Poder Popular. Ambas instancias declararon no contar con medios para resolver el caso. Tendrá que esperar que la casa se derrumbe totalmente. Le sugirieron que retirara los artículos y equipos de valor que pudieran ser afectados.
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