Maltrato continuo a la población.
Por Aimée Cabrera.
No hay una provincia ni un municipio en toda la Isla, donde sus pobladores no se quejen del continuo maltrato que tienen que soportar en entidades relacionadas con trámites residenciales, como son las distintas oficinas del Instituto Nacional de la Vivienda y los Registros Civiles.
Organismos que deben velar por que se respete a la población, como la Asamblea Nacional del Poder Popular y otras entidades que deben controlar la disciplina laboral, la eficiencia y poner fin a la corrupción de trabajadores y funcionarios de estas instituciones no emiten criterios. El viejo refrán “el que calla, otorga” se hace realidad una vez más.
La directora de la Dirección Provincial de Justicia de la Habana aceptó los problemas citados en una carta enviada a la sección Cartas a la dirección del periódico Granma con fecha 8 de febrero del presente, y su contesta apareció el viernes 22 de febrero; entre otras apreciaciones dijo que “el personal que trabaja en los Registros Civiles está capacitado para la labor que desarrollan…aunque reconocemos que no todo el personal es idóneo para el desempeño”.
Y más adelante señaló que “no estamos ajenos a las dificultades que confrontamos,… no estamos satisfechos, seguiremos accionando para mejorarlo, pero sin engaños, nos falta mucho camino por recorrer”.
Los hay que no saben cuándo acabarán de recibir sus documentos con los nombres, bien escritos. Recoger un documento en un Registro Civil no acaba ahí. Hay que revisarlos muy bien y es frecuente que haya que volverlo a rectificar.
“Es la segunda vez que vengo a rectificar los nombres de mis padres y abuelo. No sé para qué hay carné de identidad , parece que lo hacen adrede, y si preguntas o exiges tu derecho te contestan en tan mala forma que si hubiera una cámara oculta, mucha gente no creería que pudieran pasar cosas así en un centro de trabajo donde quien te atiende debe ser respetuoso”- admite un profesional residente en la capital.
Es un sufrir diario para quienes necesitan realizar una serie de trámites que, para colmo del absurdo tienen fecha de caducidad y hay que volverlos a hacer. Para otros las colas son interminables y pueden durar meses por ausencia de quien atiende a la población, o porque casi todas estas gestiones se realizan sólo en el horario que va desde la mañana hasta el mediodía.
“Tuve que pasar una madrugada completa para poder coger de los primeros turnos. Nada más dan 10 turnos. Tengo que trabajar y cuidar a ancianos enfermos”- dice contrariado un trabajador que pudo al fin, hacer su trámite en una oficina municipal de la Vivienda.
Estos trámites no solo traen el consabido disgusto e impotencia para quienes se ven afectados ante la burocracia y la indolencia que priman en dichas entidades. También los necesitados, si son trabajadores tienen que ausentarse de sus puestos laborales, y la tardanza o ausencia puede ser considerada injustificada y afectar los salarios de los perjudicados.
Una minoría, trabajadora o no, con recursos económicos acepta el chantaje de quienes demoran con toda intención la entrega de documentos o que las gestiones se realicen con la debida transparencia, para obtener sumas de dinero y otras concesiones. La desfachatez institucional parece no tener fin, la misma se aferra como un mal incurable a la sociedad cubana actual.
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Por Aimée Cabrera.
No hay una provincia ni un municipio en toda la Isla, donde sus pobladores no se quejen del continuo maltrato que tienen que soportar en entidades relacionadas con trámites residenciales, como son las distintas oficinas del Instituto Nacional de la Vivienda y los Registros Civiles.
Organismos que deben velar por que se respete a la población, como la Asamblea Nacional del Poder Popular y otras entidades que deben controlar la disciplina laboral, la eficiencia y poner fin a la corrupción de trabajadores y funcionarios de estas instituciones no emiten criterios. El viejo refrán “el que calla, otorga” se hace realidad una vez más.
La directora de la Dirección Provincial de Justicia de la Habana aceptó los problemas citados en una carta enviada a la sección Cartas a la dirección del periódico Granma con fecha 8 de febrero del presente, y su contesta apareció el viernes 22 de febrero; entre otras apreciaciones dijo que “el personal que trabaja en los Registros Civiles está capacitado para la labor que desarrollan…aunque reconocemos que no todo el personal es idóneo para el desempeño”.
Y más adelante señaló que “no estamos ajenos a las dificultades que confrontamos,… no estamos satisfechos, seguiremos accionando para mejorarlo, pero sin engaños, nos falta mucho camino por recorrer”.
Los hay que no saben cuándo acabarán de recibir sus documentos con los nombres, bien escritos. Recoger un documento en un Registro Civil no acaba ahí. Hay que revisarlos muy bien y es frecuente que haya que volverlo a rectificar.
“Es la segunda vez que vengo a rectificar los nombres de mis padres y abuelo. No sé para qué hay carné de identidad , parece que lo hacen adrede, y si preguntas o exiges tu derecho te contestan en tan mala forma que si hubiera una cámara oculta, mucha gente no creería que pudieran pasar cosas así en un centro de trabajo donde quien te atiende debe ser respetuoso”- admite un profesional residente en la capital.
Es un sufrir diario para quienes necesitan realizar una serie de trámites que, para colmo del absurdo tienen fecha de caducidad y hay que volverlos a hacer. Para otros las colas son interminables y pueden durar meses por ausencia de quien atiende a la población, o porque casi todas estas gestiones se realizan sólo en el horario que va desde la mañana hasta el mediodía.
“Tuve que pasar una madrugada completa para poder coger de los primeros turnos. Nada más dan 10 turnos. Tengo que trabajar y cuidar a ancianos enfermos”- dice contrariado un trabajador que pudo al fin, hacer su trámite en una oficina municipal de la Vivienda.
Estos trámites no solo traen el consabido disgusto e impotencia para quienes se ven afectados ante la burocracia y la indolencia que priman en dichas entidades. También los necesitados, si son trabajadores tienen que ausentarse de sus puestos laborales, y la tardanza o ausencia puede ser considerada injustificada y afectar los salarios de los perjudicados.
Una minoría, trabajadora o no, con recursos económicos acepta el chantaje de quienes demoran con toda intención la entrega de documentos o que las gestiones se realicen con la debida transparencia, para obtener sumas de dinero y otras concesiones. La desfachatez institucional parece no tener fin, la misma se aferra como un mal incurable a la sociedad cubana actual.
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