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Honduras: Ordenan captura de oficiales de policía
Por Por Alberto Arce | Associated Press – Hace 7 horas
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TEGUCIGALPA, Honduras (AP) — Un juzgado de San Pedro Sula, al norte de Honduras, emitió el martes órdenes de captura contra cinco oficiales de la policía nacional acusados del asesinato de siete miembros de la pandilla Barrio 18 durante una operación desarrollada en 2011 en el norte del país, dijeron las autoridades.
Las órdenes de captura se emitieron en contra del Comisionado Elvis Bonilla Ándara, el Comisario Héctor Yasis Turcios, el Subcomisario Celín Rolando Cáceres, el inspector Alfredo Paz Calix, y el subinspector Celin Rolando Cáceres, según confirmó a The Associated Press, Elvis Guzmán, portavoz del Ministerio Público de San Pedro Sula.
"El Ministerio Público y el juez ya han terminado su procedimiento y le han librado orden de captura a la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la policía para que proceda", dijo Guzmán. "La captura queda en manos de la policía".
Barrio 18, una de las dos pandillas más poderosas y violentas del país, ha acusado a la policía de mantener escuadrones de la muerte que cometen homicidios extrajudiciales en lugar de llevar a los criminales ante la justicia.
Los hechos ocurrieron durante una operación policial desarrollada en la Colonia Planeta de la Lima, muy próxima a San Pedro Sula, que es la ciudad comercial e industrial del país, ubicada a 230 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en la que murieron siete miembros de Barrio 18. Según informes de prensa de ese día, la policía dijo que intentaban efectuar un arresto cuando los pandilleros abrieron fuego, y en el tiroteo murieron siete miembros de Barrio 18. La policía no sufrió bajas.
Después de una investigación de más de un año dirigida por la fiscalía de los derechos humanos, los delitos de los que se acusa a los oficiales son los de allanamiento ilegal de vivienda, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y siete casos de asesinato.
La AP no pudo obtener de inmediato declaraciones de la policía nacional. Desde el nombramiento de Arturo Corrales como Ministro de Seguridad el pasado 2 de mayo, la policía no está autorizada a ofrecer declaraciones a la prensa.
Las acusaciones de asesinatos extrajudiciales de miembros de pandillas por parte de la policía de Honduras son de vieja data.
Según una investigación publicada por la AP, al menos cinco miembros de la pandilla Barrio 18 han muerto o desaparecido después de ser arrestados por la policía este año.
Las investigaciones apuntan a la existencia de escuadrones de la muerte policiales, cuyos testigos definen su accionar como grupos de hombres encapuchados y fuertemente armados, vestidos de civil y con chalecos antibalas y que matan o desaparecen a pandilleros en vez de llevarlos ante la justicia.
El Comisionado Bonilla Ándara, contra quien se emitió el martes orden de captura, no es el único alto oficial de la policía hondureña que ha sido acusado de ejecuciones extrajudiciales.
El año pasado, el Congreso de Estados Unidos retuvo parte de su ayuda a la policía hondureña después de que se nombrara a Juan Carlos Bonilla como su director y quien fue ascendido al cargo pese a sus presuntas vinculaciones con escuadrones de la muerte en el pasado. Bonilla, apodado "El Tigre", fue acusado por el Departamento de Asuntos Internos de la policía hondureña de estar implicado en tres homicidios y vinculado con otras 11 muertes y desapariciones forzadas.
El Departamento de Estado reanudó la ayuda a la policía de Honduras pero alega que solo llega a unidades que han sido certificadas por los Estados Unidos.
Este año ha entregado 16 millones de dólares a la policía de Honduras pero asegura que ni el General Bonilla ni ninguno de los 20 oficiales directamente bajo su mando reciben esa ayuda.
La policía de Honduras se encuentra sometida a un proceso de depuración desde que hace más de año se hiciera pública su implicación en el asesinato de dos jóvenes universitarios. El proceso de depuración no está dando los frutos esperados. Después de un año de iniciada la depuración sólo 7 agentes han sido despedidos de un cuerpo de 14.000 miembros. Estados Unidos ha retirado su apoyo a la agencia que desarrolla la depuración policial por la falta de resultados.