lunes, 7 de octubre de 2013

Régimen cubano detiene a empresario panameño sin dar explicación


Régimen cubano detiene a empresario panameño sin dar explicación
Por Juan O. Tamayo
El Nuevo Herald 5 de octubre de 2013

Un empresario panameño lleva más de un año encarcelado en Cuba en lo que algunos describen como un caso de corrupción y otros como un intento de La Habana de no cumplir con sus deudas o de pasar una mayor parte de su comercio a empresarios de países políticamente afines.

Nessin Abadi, de unos 73 años y dueño de la gran cadena de tiendas de artículos electrónicos Audiofoto, fue arrestado alrededor de agosto del año pasado, pero no ha sido juzgado o ni siquiera acusado formalmente, según amigos y contactos de negocios en Panamá.
Sus familiares han mantenido el caso fuera de los medios de prensa por temor a que el gobierno cubano tome represalia contra él, dijeron las fuentes. La familia denegó un pedido de entrevista o de información sobre el caso que hizo El Nuevo Herald.

Pero documentos públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá muestran que el viceministro de Relaciones Exteriores Vladimir Franco gastó $1,551.42 en un viaje a La Habana entre el 7 y el 8 de octubre para hablar con el ministro de Relaciones Exteriores cubano Bruno Rodríguez sobre “el caso de Nessin Abadi”. El ministerio no respondió las llamadas de El Nuevo Herald para que comentara para esta historia.
Abadi, parte de una numerosa familia de judíos sirios que emigraron a Panamá a principios del siglo XX, había estado vendiendo artículos electrónicos hechos en Asia, así como equipos electrodomésticos, al gobierno cubano durante muchos años desde la Zona Libre de Colón (ZLC), libre de impuestos.

Interrogaciones frecuentes
El ha estado detenido en varias casas en La Habana administrada por el Ministerio del Interior y una prisión, e interrogado casi a diario por investigadores del ministerio, pero no ha sido acusado formalmente, según sus amigos y contactos de negocios.

Funcionarios cubanos dijeron a sus familiares durante los pocos contactos que les han permitido que él es sospechoso de corrupción, según las fuentes, quienes dijeron que estaban indignados ante el encarcelamiento de Abadi pero pidieron conservar el anonimato a causa de los deseos de la familia.

El gobierno de Raúl Castro encarceló a por lo menos una docena de empresarios extranjeros en La Habana entre el 2011 y 2012, en lo que se describió como una campaña contra la corrupción, tan extendida en la isla que estaba poniendo en peligro el futuro del gobierno comunista.

Pero empresarios de ZLC dijeron que Abadi gozaba de una reputación de absoluta honestidad, y sospechaban que Cuba lo había arrestado para evitar pagar la deuda que tenían con él, así como enviar un mensaje a sus demás acreedores en Panamá que esperaran con paciencia cualquier pago que estuviera atrasado y mantuvieran la boca cerrada.

No se conoce el total de la deuda de Cuba con los dueños de negocios de ZLC porque no existe un sistema central de contratos, pero se considera que es significativa porque “se está haciendo cada vez más y más difícil cobrar lo que Cuba debe”, dijo un empresario panameño.

Que Cuba acuse de corrupción a empresarios extranjeros es “como el burro hablando de orejas”, añadió. “Lo que pasó es que en Cuba no existe la ley. Estos inversionistas internacionales cumplieron con la utilidad de su propósito, y ahora el gobierno los está quemando”.
Un argumento similar fue hecho el mes pasado por Stephen Purvis, un empresario británico arrestado en La Habana en el 2011, encarcelado por 15 meses, juzgado en junio y sentenciado esencialmente al tiempo ya servido. Él está ahora de vuelta en Inglaterra.
Aunque funcionarios cubanos dijeron a la prensa que estaba siendo investigado por corrupción, él escribió en una carta a la revista británica The Economist el mes pasado que él había sido acusado verbalmente de revelar secretos de estado y otras violaciones, pero nunca corrupción.

En lugar de eso, escribió, él fue convicto de “varias supuestas violaciones de regulaciones financieras”, cargos que se podría haber presentado fácilmente contra cualquier otro de los muchos empresarios extranjeros que él conoció en las cárceles de La Habana.
Pocos de esos casos “han sido reportados en la prensa, y hay muchos más en el sistema de lo que se conoce”, escribió Purvis. “Y mientras ellos siguen esperando por sus cargos, juicio o sentencia, ellos ciertamente no hablarán a la prensa”.

Purvis indicó además que Cuba estaba atacando a determinados empresarios para abrir paso a negocios con empresarios de otros países que estaban en mejor sintonía política con La Habana y que probablemente no presionarían tanto para que les pagaran sus deudas.

Un lugar riesgoso para invertir.
Los empresarios encarcelados son de varios países, agregó, “aunque los representantes de Brasil, Venezuela y China brillaban por su ausencia”, escribió a The Economist. No se pudo contactar directamente a Purvis para esta historia.

“Las razones por las que se persigue activa y agresivamente a los negocios extranjeros son mucho más complicadas” que la corrupción, alegó. “¿Por qué, por ejemplo, está en la cárcel el representante de (la compañía telefónica sueca) Ericsson por llevar a cabo exactamente las mismas actividades que su competidor chino, quien no lo está?”

“Hasta que se revisen las leyes relacionadas con la inversión y el comercio extranjeros, y el servicio de seguridad cambie su modus operandi para hacer cumplir estas leyes, Cuba seguirá siendo un lugar extremadamente riesgoso para… los negocios extranjeros”, escribió. “Los ejecutivos extranjeros deben dejar a un lado toda ilusión sobre los grandes riesgos personales que corren si deciden hacer negocios allí”.

Purvis, quien era director de operaciones de Coral Capital, una firma británica que invirtió en hoteles y en importación de automóviles y planeaba un club de golf, fue puesto en libertad junto con su compatriota británico Amado Fakhre, quien era el director ejecutivo de la compañía.

El canadiense Sarkis Yacoubian fue sentenciado a nueve años de cárcel en junio a pesar de que cooperó con las autoridades, dándoles detalles sobre una red de corrupción en la que cayeron además varios funcionarios del gobierno. Su primo y socio comercial, Krikor Bayassalian, ciudadano libanés, fue condenado a cuatro años de cárcel.

Esperando todavía cargos oficiales y juicio está otro canadiense, Cy Tokmakjian, quien lo mismo que Yacoubian vendió equipos de transporte y otros al gobierno cubano. Él fue arrestado en el 2011.

Abadi no es el primer empresario panameño en tener problemas en Cuba.

Alejandro Abood, quien tenía entonces 50 años, fue arrestado en La Habana en el 2001 en lo que un reportaje de El Nuevo Herald describió en ese momento como una redada de cubanos y extranjeros sospechosos de actividades de espionaje cerca de las oficinas del entonces gobernante Fidel Castro.

Lo mismo que en el caso de Abadi, sus familiares se negaron a hablar con los medios de prensa con la esperanza de ganarse un tratamiento más benigno por parte de La Habana. Otras fuentes dijeron al periódico que Abood había sido arrestado porque había tratado de cobrar el dinero que Cuba le debía por medio de sobornar a funcionarios que podían influir sobre los pagos.

Abood era, de hecho, el principal vendedor de tecnología importada a SERVICEX, dirigida por Rodolfo Fernández, conocido como Conaca, el comprador personal de artículos importados para Fidel y su hermano Raúl Castro, dijo Delfín Fernández, sobrino suyo que vive ahora en Miami.

Abood fue puesto en libertad hace años, al parecer debido a problemas de salud y ahora está recuperado y viviendo en Panamá. El permanece en la lista del Departamento del Tesoro de EEUU de personas que han violado las sanciones económicas a Cuba y otros países.

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