Ninguno ha sido enviado aún de regreso a Cuba, por lo que los migrantes se encuentran detenidos en instalaciones de San José, dijo la directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez.
diciembre 27, 2015
Costa Rica inició el trámite de deportación para 56 cubanos que ingresaron a territorio costarricense de manera ilegal después del 18 de diciembre, fecha en la que este país dejó de emitir visas de tránsito extraordinarias para migrantes de esa nacionalidad, informaron el sábado autoridades.
La directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez, dijo a The Associated Press a través de su oficina de prensa que el trámite de deportación ya se inició, pero que ninguno ha sido enviado aún de regreso a Cuba, por lo que los migrantes se encuentran detenidos en instalaciones de San José.
Todos son cubanos que ingresaron a Costa Rica después de que el gobierno anunciara que no daría más visas de tránsito extraordinarias, como hizo con casi 8.000 cubanos que quedaron varados desde el 13 de noviembre, cuando el cierre de fronteras en Nicaragua les impidió continuar su ruta hacia los Estados Unidos a través de Centroamérica y México.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, hizo el 18 de diciembre un llamado a los migrantes cubanos que estaban en tránsito hacia su país, procedentes de Ecuador, para que se abstuvieran de cruzar sus fronteras, pues de ser detenidos serían deportados.
Para el gobierno costarricense, la deportación de cubanos a la isla representa un gasto importante, ya que el traslado se realiza en vuelos comerciales y la ley obliga a que los deportados sean acompañados por dos custodios.
Rodríguez indicó a la AP que de momento no se tiene definida una fecha para el inicio de las deportaciones.
El destino de los 8.000 cubanos que están varados en Costa Rica aún es incierto porque, pese a las diversas reuniones mantenidas por los países centroamericanos y México, las autoridades no se han puesto de acuerdo sobre la forma de proceder con ellos.
Se prevé que unos 45.000 cubanos se desplacen este año por países de América del Sur o Central en su trayecto hacia Estados Unidos, mucho más que en años anteriores porque temen que con la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana puedan terminar los privilegios especiales de inmigración de que gozan en territorio estadounidense.
La directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez, dijo a The Associated Press a través de su oficina de prensa que el trámite de deportación ya se inició, pero que ninguno ha sido enviado aún de regreso a Cuba, por lo que los migrantes se encuentran detenidos en instalaciones de San José.
Todos son cubanos que ingresaron a Costa Rica después de que el gobierno anunciara que no daría más visas de tránsito extraordinarias, como hizo con casi 8.000 cubanos que quedaron varados desde el 13 de noviembre, cuando el cierre de fronteras en Nicaragua les impidió continuar su ruta hacia los Estados Unidos a través de Centroamérica y México.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, hizo el 18 de diciembre un llamado a los migrantes cubanos que estaban en tránsito hacia su país, procedentes de Ecuador, para que se abstuvieran de cruzar sus fronteras, pues de ser detenidos serían deportados.
Para el gobierno costarricense, la deportación de cubanos a la isla representa un gasto importante, ya que el traslado se realiza en vuelos comerciales y la ley obliga a que los deportados sean acompañados por dos custodios.
Rodríguez indicó a la AP que de momento no se tiene definida una fecha para el inicio de las deportaciones.
El destino de los 8.000 cubanos que están varados en Costa Rica aún es incierto porque, pese a las diversas reuniones mantenidas por los países centroamericanos y México, las autoridades no se han puesto de acuerdo sobre la forma de proceder con ellos.
Se prevé que unos 45.000 cubanos se desplacen este año por países de América del Sur o Central en su trayecto hacia Estados Unidos, mucho más que en años anteriores porque temen que con la normalización de las relaciones entre Washington y La Habana puedan terminar los privilegios especiales de inmigración de que gozan en territorio estadounidense.
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