jueves, 5 de mayo de 2016

Trabajadores agredidos en sus espacios laborales critican la acción de la justicia

JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ | La Habana | 3 Mayo 2016 - 12:35 pm. | 5

Archivado en
Trabajadores agredidos en sus espacios laborales (estatales y privados) se quejan de que no han conseguido la justicia que esperaban, al tiempo que opinan que la violencia va ganando terreno sin que las autoridades sean capaces de frenarla.
La restricción para acceder a expedientes de casos impide tener datos precisos sobre el alcance del fenómeno.
El 27 de diciembre del pasado año, Lázaro Pérez, vecino de Quivicán que regenta la cafetería El Renacer, ubicada en su propio domicilio, resultó agredido junto a su esposa, Suyin Botana, mientras ambos realizaban sus labores.
Víctima de una grave lesión que desfiguró gran parte de su rostro, y que le deja además secuelas psicológicas, este ciudadano cree que no se hizo justicia en su caso.
Vecinos de la zona, que presenciaron el hecho, aseguraron que el agresor "es un delincuente potencial", y confirmaron que "atacó a Lachi con un machete, con toda la intención de herirlo" en el portal de su casa.
Fuentes familiares de ambas víctimas declararon que la fiscal de Quivicán, que llevó todo el proceso de investigación y acusación, no se presentó el día del juicio alegando "problemas personales". En su lugar se encargó "la fiscal de Bejucal, quien era ajena a los detalles del caso".
"La Fiscalía solo presentó un testigo de los tantos que vieron todo lo ocurrido. Eso dice mucho, también, del miedo que los vecinos le tienen a ese hombre, al que la defensa presentó como ciudadano de buen comportamiento; dijeron que este era su primer delito. La sentencia fue de apenas tres años y, de seguro, no cumplirá ni uno", lamentaron las fuentes. Aseguraron que las víctimas apelarán el fallo.
A pesar de que el índice de violencia asciende, los ciudadanos continúan temiendo presentarse como testigos en juicios e incluso hablar con la prensa independiente. Al temor a represalias por parte de los delincuentes y agresores se suma el miedo de "hablar libremente" para no ser acusados de "problemas ideológicos".
"Este miedo ciudadano resulta de la muy poca voluntad del sistema judicial para sancionar severamente los delitos violentos", opinó Dianelys Martínez Sierra, exjueza de los tribunales municipales.
"Todo delincuente sabe que cumplirá menor condena por lesiones graves u homicidios que por otros delitos del Código Penal como hurto y sacrificio de ganado o actos contra la Seguridad del Estado, por citar dos ejemplos. Estos delincuentes cumplen apenas la mitad de sus sanciones. Por eso la mayoría de las personas ni se molesta en ser testigo o siquiera prestar declaración durante el proceso de expedientación de los casos", agregó.
Juana Deysi Masó Morena, maestra de cuarto grado en la escuela primaria Unión Internacional de Estudiantes, fue agredida por el padre de uno de sus alumnos.
La escuela, ubicada en calle 4 esquina 11, del Vedado, tiene acceso restringido en horario de clases. "No me explico cómo este hombre pudo llegar hasta el aula y agredir a la maestra", dijo la madre de otro alumno, que pidió no ser identificada.
Según su versión, en defensa ante el ataque, cometido dentro del aula y en presencia de todos los alumnos, Masó Morena mordió a su agresor, quien la acusó ante la Policía.
La maestra fue conducida a la estación policial donde fue multada. Posteriormente la expulsaron del centro de trabajo.
"Este mismo padre, que es pudiente y suele hacer regalos a los maestros, tiene antecedentes de este tipo desde primer grado. Ahora los niños no tienen maestra a dos meses de terminarse el curso", se quejó otra madre que también pidió no ser identificada.
Las madres criticaron que la directora de la escuela no tomara cartas en el asunto y aseguraron que Masó Morena no tiene antecedentes de maltratar a los niños.
Ante la demora del veredicto del órgano de justicia laboral del centro y el desinterés de la directora por investigar a fondo lo ocurrido, 21 padres firmaron una carta que presentaron ante la Dirección Municipal de Educación. El hecho ocurrió a inicios de abril; todavía no han recibido respuesta.
"Estos dos ejemplos evidencian que la justicia y la legalidad apenas funcionan a ningún nivel, ni laboral ni civil. El ciudadano queda desprotegido ante la delincuencia por un lado, y la incivilidad de personas como este padre en cuestión por otro. Ninguna actitud de la maestra justificaba el hecho de que este sujeto haya llegado hasta el aula, su centro laboral, a cometer este acto. La directora es también responsable", concluyó Martínez Sierra.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada