La noticia, que ha sido celebrada por grupos de protectores de animales y por todas las personas opuestas al maltrato de cualquier especie, llega 30 años después de que los activistas cubanos comenzaran a pedir al Gobierno una ley al respecto, dijo a DIARIO DE CUBA Grettel Montes de Oca, una de las cofundadoras de
Cubanos en Defensa de los Animales (CEDA).
Según la Agencia Cubana de Noticias (ACN), el proyecto de ley al que se refiere el Gobierno "se encuentra en consulta para su posible aprobación" y contempla "derechos y deberes de los ciudadanos hacia los animales, así como medidas punitivas para quienes no los cuiden y protejan".
Grettel, que ha sido protectora por más de una década, actualmente convive con 55 gatos y cinco perros en su casa, en La Habana. No tarda en advertir que "Cuba es el país más atrasado en América Latina y el Caribe en el tema de la protección animal y sus leyes".
Por eso, "el fortalecimiento y unión del movimiento animalista cubano y la presión de los grupos voluntarios, activistas y protectores independientes y amantes de los animales" habrían sido "el empujón definitivo" para que el Gobierno se pronunciara acerca del tema.
En abril de 2019, activistas protectores de animales consiguieron el inusual permiso de las autoridades del Gobierno municipal de Plaza de la Revolución para atravesar el Vedado en una marcha contra
el maltrato hacia los animales, que terminó en la tumba de la filántropa estadounidense Jeannette Ryder y su perro Rinti, en el cementerio de Colón.
Más tarde, en noviembre de 2019, tras
una matanza de perros callejeros previa a la visita de los reyes de España a La Habana, los protectores de animales también protestaron frente a uno de los centros de observación canina de la capital cubana. Los activistas difundieron en redes sociales la etiqueta #AbajoZoonazis, blandieron carteles que decían "Abajo Zoonosis" en plena calle y no se dispersaron hasta que las autoridades sanitarias les entregaron los 13 perros que iban a ser sacrificados.
Una ley: ¿cuándo?, ¿con quién?
Aunque ningún activista ha tenido acceso a al borrador de la normativa jurídica que prepara el Gobierno a puertas cerradas, Grettel celebra que se trate de una ley de "bienestar animal" y no solo de una norma sobre "protección animal".
"El concepto de 'bienestar' incluye la idea de 'protección' que han estado defendiendo ONG y agrupaciones independientes en Cuba, pero es mucho más abarcador; incluye y se refiere además a la salud del animal", explica a DDC.
Ni la salud ni el maltrato, que incluye el abandono, pueden quedarse fuera de la ley, dice la activista. El abuso contra los animales "es el punto más sensible y el que necesita una legislación ya, inmediata, o por lo menos un decreto-ley que le dé derecho al ciudadano a denunciar la crueldad contra los animales", un hecho que debe ser "castigado de alguna manera".
No obstante, "con la ley no se van resolver todos los problemas", se lamenta Grettel. "Pero es el primer paso. De alguna manera con una normativa legal que proteja a los animales, también estaremos protegidos nosotros en nuestro activismo y lucha diaria", espera.
José Raúl Gallego Ramos, un periodista y profesor cubano residente en México, presta especial atención al tema de los maltratos contra los animales en la Isla y a menudo usa sus redes sociales para promover el debate acerca de la necesidad de normas jurídicas que protejan a las mascotas y a otras especies animales destinadas a la producción.
Sin embargo, Gallego teme que el Gobierno solo haya anunciado una futura ley de bienestar animal para "hacer felices" a los activistas. "Ese anuncio lo han hecho ya varias veces. Los que llevamos unos años en el tema de la protección de animales, no hemos dejado de oír que 'se está trabajando' en la ley", dice a DDC.
Sin embargo, esa no es la única preocupación del periodista. "Desgraciadamente, esta es una ley que se está haciendo a espaldas de las personas que más se han sacrificado y luchado por ella: los protectores de animales".
"Y ellos, más que nadie, tienen que estar presentes" en la redacción de la norma legal por varios motivos, considera el periodista. "Son los que van a exigir un enfoque verdaderamente centrado en los animales y van a defender que no se queden fuera manifestaciones de crueldad animal que le reportan ingresos al Gobierno o que le significarían gastos (como poner fin a la crueldad en granjas estatales y mataderos)".
Específicamente, la Empresa de Flora y Fauna ha sido acusada por promover las peleas de gallos e, incluso, exportar esos animales al extranjero, con los mismos fines.
Hasta aquí, Gallego cree que la presión de los activistas por los derechos de los animales ha sido "determinante" para que el Gobierno retome el tema en su discurso público.
"Sobre todo la protesta en Zoonosis y su repercusión en las redes sociales fueron cruciales", analiza. Pero "este nuevo anuncio posiblemente sea una manera de reducir un poco los ánimos".
"Por eso es que no se puede bajar la presión", alerta.
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