De acuerdo con
Diario Las Américas, la activista debe llegar a EEUU a través del Aeropuerto Internacional de Miami en un vuelo de American Airlines procedente de La Habana sobre las 11:10AM, y allí será recibida por un equipo médico encabezado por el galeno cubano Alfredo Melgar.
Las gestiones para lograr la visa humanitaria a favor de la activista fueron realizadas en Cuba por Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco, y su esposo, el exprisionero político Ángel Moya. Ambos contaron con la colaboración desde Miami de las exprisioneras políticas cubanas Iliana Curra y Mercedes Perdigón, entre otras personas, según dijo el doctor Melgar.
Además, una campaña en la plataforma Change.org recogió firmas para pedir al Gobierno de EEUU la concesión de la visa humanitaria. La iniciativa recuerda que la activista "se encuentra en grave estado de salud, peligrando su vida".
A mediados de 2019, Cruz Miranda fue diagnosticada con tuberculosis por médicos del régimen. Tras dos meses de tratamiento, en octubre pasado fue dada de alta del Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana.
"Los médicos dicen que ya su tuberculosis no es contagiosa, que los esputos le han dado negativo, por eso la remitieron para otro hospital, donde averigüen de qué es la fiebre [que continuó padeciendo]", aseguró hace varias semanas Clara Iznaga, hija de la activista, a DIARIO DE CUBA.
En varias ocasiones, la familia de Cruz Iznaga ha denunciado que el diagnóstico que hicieron los médicos no es exacto, dado que la Dama de Blanco no mejora y su condición física no deja de deteriorarse.
Xiomara Cruz Miranda fue
sancionada en 2018 a un año y cuatro meses de cárcel, acusada de "amenaza", un delito usado por el régimen cubano regularmente contra los opositores pacíficos. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres El Guatao, y luego fue trasladada a una cárcel en Ciego de Ávila, donde acabó hospitalizada tras presentar lesiones en la piel, además de diversos problemas de salud que no han hecho más que empeorar desde entonces.
A inicios de octubre, la campaña Unidas por nuestros derechos, impulsada desde la Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba para erradicar la violencia política en contra de las mujeres, exigió al Gobierno cubano una solución definitiva para la activista.
Para esas organizaciones, la Dama de Blanco está "en riesgo de muerte por la violación de sus derechos humanos como represalia a su activismo".
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