El reportero fue interceptado por agentes de la Seguridad del Estado cuando quiso participar en la vista. El oficial, que se identificó como el capitán Julio Fonseca, le aseguró que el juicio oral contra Ferrer y sus cuatro compañeros miembros de la UNPACU es público, pero "solo los familiares tienen acceso a la sala."
Al preguntar el periodista por las razones de una medida que solo se suele aplicar en casos donde se tratan crímenes como violaciones o asesinatos graves, el oficial le respondió que "no era el momento para dar explicaciones".
El militar comentó además que Ferrer había privado "de libertad a una persona y por poco lo mata", la versión oficial que ha manejado el régimen acerca del caso.
Sin embargo, el proceso de la Fiscalía, que imputa delitos comunes de lesiones y privación de libertad, no alcanza el mérito legal para que el juicio se realice sin el cumplimiento de la garantía universal, que asegura el control popular sobre el desarrollo del ejercicio de los poderes ejecutivos y judiciales en el seno de un juicio oral de naturaleza penal.
Este principio custodia a los acusados de abusos y excesos que se cometen cuando la maquinaria de la justicia desea actuar en privado para garantizar "la secretividad" y evitar la denuncia popular.
La propia Ley de los tribunales y la Constitución cubana vigentes aseguran que las sentencias penales se dictan en nombre y representación de los intereses del pueblo de Cuba, mientras que el Artículo 305 exige: "El juicio oral es público a menos que razones de seguridad estatal, moralidad, orden público o el respeto debido a la persona ofendida por el delito o a sus familiares, aconsejen celebrarlo a puertas cerradas."
"El acceso al tribunal es imposible para cualquier persona que sea de interés de la policía política", informó el reportero de DIARIO DE CUBA. "Alrededor de una veintena de agentes tienen rodeada la instalación," aseguró.
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