La Ley de Procedimiento Penal vigente en Cuba no dice ni una palabra sobre los "juicios ejemplarizantes". Pese a ello, existe en la Isla una larga "tradición" de procesos de ese tipo y el régimen
le echa mano en estos días de pandemia.
Decenas de ciudadanos están siendo sometidos a juicios ejemplarizantes actualmente bajo cargos como "
propagación de epidemias" y "
robo", un delito frecuente en un país donde la corrupción atraviesa todos los niveles de la sociedad.
Las características principales de estos procesos son la dirección del Partido Comunista, la celeridad, la culpabilidad a priori, la condena rigurosa y la publicidad. Constituyen una herramienta de escarmiento, que defiende el interés del régimen por encima de la Justicia.
Una "tradición" revolucionaria
Desde el principio de la Revolución de 1959 se han realizado juicios ejemplarizantes en Cuba. El nuevo Gobierno instituyó los "tribunales revolucionarios" para juzgar con supuesta "transparencia popular" a los acusados de haber participado en crímenes y torturas durante la dictadura de Fulgencio Batista.
La práctica tiene origen en el antiguo derecho acusatorio de las monarquías, pero alcanzó su auge en el derecho eclesiástico inquisitorial, que arrancaba la confesión de culpabilidad a los acusados de un delito o pecado por medio de torturas.
Estos juicios se realizaban como escarmiento social, el acusado estaba condenado de antemano y con frecuencia recibía el castigo en público.
En un principio, los juicios ejemplarizantes se hacían en Cuba fuera de las sedes de los tribunales; en parques, cines, clubes, círculos sociales abiertos u otras plazas públicas.
El Tribunal Supremo eliminó esa práctica, que tenía consecuencias nefastas para la justicia, los derechos y las garantías de los acusados, y hoy casi el 100% de los juicios se celebra dentro de los tribunales.
No obstante, el Partido Comunista puede aún ordenar la realización de juicios ejemplarizantes, por su interés en el asunto a juzgar, o por petición del Ministerio del Interior o el Gobierno.
El PCC puede también elegir con intención el público asistente, seleccionando aquellos sujetos que, a su juicio, deban recibir un escarmiento.
Por ejemplo, a los procesos actuales asisten administradores de bodegas y trabajadores del comercio interior, que presencian las consecuencias de delitos cometidos por otros empleados del sector. Con esto se consigue amedrentarlos.
La condena como asunto político, no judicial
En Cuba —antes y ahora— los juicios ejemplarizantes han tenido como requisito previo que al tribunal que juzgará al acusado lleguen pruebas suficientes para declararlo culpable.
Así, el delito está prejuzgado ya en la convicción de los jueces, el acto de justicia se concibe como un espectáculo para el público y la condena a imponer se decide entre aquellas que tienen mayor rigor.
Lo que hace ejemplarizante el juicio no es solo el grado de publicidad que tenga, pues hoy, en las democracias, los juicios pueden ser filmados en vivo y hasta comentados por periodistas y especialistas mientras se desarrollan.
La ejemplaridad en el caso cubano está además en la intencionalidad que se le pone al juicio para que resulte aleccionador por encima de los cánones o reglas establecidas por la ley. Esto constriñe la independencia del juez, a quien se obliga a dar una respuesta política y no judicial.
No se trata de la infracción, sino del castigo
Los juicios ejemplarizantes son propios de regímenes totalitarios como el cubano, en el cual, aunque existe un sistema judicial con la función de impartir justicia, los tribunales no constituyen un poder independiente, sino un ente subordinado al partido único. A ese partido, la Constitución le otorga el máximo poder sobre la nación.
Sin excepciones, los ciudadanos que sean llevados a un juicio ejemplarizante, no solamente serán declarados culpables, sino que recibirán una sanción severa. No se trata de la infracción que hayan cometido, sino del efecto que el castigo tendrá sobre el público, llevado forzosamente hasta la sede del tribunal o informado a través de los medios de comunicación del Estado.
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