Esta vez, el régimen intentó utilizar en su contra una loma de arena colocada frente a su casa. El jefe de sector "dijo que había una denuncia por supuesto acaparamiento", explicó Suárez.
Esos materiales, precisó, "provienen de un subsidio que recibió hace cuatro años mi tía, que tiene la documentación".
"Le pregunté al policía por qué, si se trataba de un asunto de este tipo, no era Planificación Física la que me había visitado. Me dijo que, por el ambiente excepcional que hay en el país (por la pandemia de Covid-19), es la PNR la que va a 'enfrentar' ese tipo de presuntas ilegalidades".
En las últimas semanas el régimen ha realizado una ofensiva de
"juicios ejemplarizantes"ampliamente publicitados, contra decenas de ciudadanos acusados de delitos como acaparamiento, robo y propagación de epidemias. Los procesos se caracterizan por la falta de presunción de inocencia y las duras condenas.
Cuando el jefe de sector comprendió que "se le cayó la narrativa porque se trata un subsidio (…) desvió la conversación hacia lo que realmente le interesaba, que era preguntarme por mi vinculación laboral", relató Suárez.
"Me preguntó si tenía alguna vinculación con una institución estatal. Le contesté que soy miembro de la Asociación Hermanos Saíz. Me dijo que iban a continuar las investigaciones", añadió.
"Están intentando llevar del ámbito político al de un delito común una posible sanción contra mí", opinó el periodista independiente.
La pasada semana, Suárez fue amenazado por la policía política, que utilizó para ello una oficina de la empresa estatal Transtur.
En esa ocasión, los agentes le mostraron el Decreto-Ley 370, por el que han sido multados varios periodistas independientes, activistas y otros ciudadanos que publican denuncias en las redes sociales.
También le mostraron la parte del Código Penal concerniente al delito de "propaganda enemiga".
El Gobierno cubano prohíbe la prensa independiente y tiene como blanco prioritario a los periodistas que intentan informar al margen de la prensa oficial.
El jefe de sector de su barrio le dijo que, por no tener vinculación laboral reconocida por el régimen, era considerado una persona con "potencial delictivo".
Seis días antes, la Seguridad del Estado había sometido a interrogatorio al también periodista de DDC
Jorge Enrique Rodríguez. Un agente lo acusó "difundir noticias falsas" y le comunicó que tenía un proceso abierto por tal motivo.
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