Periodistas independientes, abogados y activistas sociales residentes en la Isla abordaron vía internet, entre otros temas, la situación del derecho a la
libertad de expresión, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Cuba.
Camila Acosta, periodista independiente, denunció al inicio de su intervención el bloqueo de sus datos móviles a varios de los participantes para impedirles participar del encuentro organizado por el organismo de la Organización de Estado Americanos (OEA), aunque finalmente ella logró conectarse por otra vía.
Acosta recordó que desde que comenzara a ejercer el periodismo independiente ha conocido "lo que es un calabozo, las amenazas a familiares y amigos, la 'regulación'. En los últimos seis meses he sido interrogada y amenazada en siete ocasiones, desalojada de la casa donde estaba alquilada", resumió.
La reportera, quien fuera multada bajo el Decreto Ley 370, conocido como Ley Azote, refirió que los agentes de la policía política le han dejado claro que están armando un expediente criminal para llevarla a prisión, por lo que ha sido víctima de varias acusaciones a manos de las autoridades, entre ellas una por supuesta evasión de una estación policial.
"La amenaza es: o te vas del país o dejas de ejercer el periodismo independiente. Y para los que no queremos hacer ninguna de las dos, es la cárcel la opción", dijo.
La periodista comentó que incluso durante la pandemia del Covid-19 ha recibido citaciones constantes para ser sometida a interrogatorios, algo que han sufrido incluso varios periodistas de DIARIO DE CUBA. "Se está planificando una especie de segunda Primavera Negra", advirtió.
Dhaniella Falk, del Institute for War and Peace Reporting, indicó que su organismo ha documentado en lo que va de 2019 273 agresiones a periodistas, que han ido desde detenciones arbitrarias hasta prohibiciones de viaje. Mencionó el cada vez más frecuente uso de las "cibermilicias" que hostigan a los periodistas y el bloqueo de varios medios de comunicación.
Por su parte, la activista de Sancti Spíritus Aimara Peña, directora de la organización Nueva Cuba, denunció la grave crisis alimentaria y de desabastecimiento que sufre el país. "La situación es realmente preocupante", debido además a la "falta de voluntad política del Gobierno para escuchar las propuesta que como sociedad estamos haciendo", dijo.
Peña comentó su participación en un proyecto ciudadano para llamar a quitar restricciones al sector campesino, dado que la obligación de que los trabajadores del campo deban entregar a Acopio sus producciones ha provocado éxodo del campo. "La dictadura nos está secuestrando nuestras libertades económicas, políticas y de todo tipo", recalcó.
El abogado
Hildebrando Chaviano, director del Centro de Análisis de Políticas Públicas en Cuba, hizo énfasis en la indefensión de los trabajadores cubanos, que son sometidos a prácticas de explotación laboral.
"El Estado cubano ha creado un mecanismo por el cual es intermediario entre el empleador y el trabajador. En esos contratos que hace, el Estado cubano fija unas condiciones abusivas, dado que cobra alrededor del 80% del salario", dijo.
Esto, advirtió, pasa no solo con los profesionales sanitarios enviados a las "misiones médicas" de La Habana, sino con todos los trabajadores cubanos en el exterior. Estos, además, "no tienen forma de quejarse" cuando sus derechos son vulnerados, advirtió. "Es lo mismo que pasa con los campesinos: el campesino produce, vende a Acopio y luego este no les paga".
Chaviano subrayó la inutilidad de los órganos de justicia laboral para encarar esos casos, pues los expedientes de reclamación de los trabajadores se acumulan y el Estado se niega a pagar sus salarios adeudados.
Además, indicó, "la CTC no representa a los trabajadores" y estos no tiene derechos de sindicalización independiente.
Finalmente, Enix Berrio Sardá, de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, hizo énfasis en la violación de los derechos culturales que ha significado la aprobación y puesta en práctica del Decreto 349 de 2018, que criminaliza el arte independiente, y el Decreto Ley 370 de 2019, que ya tiene a su cargo alrededor de cien personas multadas o amenazadas bajos sus criterios normativos.
Berrio Sardá apuntó que, si bien el 370 es "un instrumento muy técnico que se parece a otras legislaciones internacionales, pues debería normar el gobierno electrónico y favorecer el avance de la sociedad", su aplicación ha sido puramente represiva.
"Entre 2018 y 2019 fueron criminalizados y estigmatizados proyectos artísticos independientes, por lo que muchos de sus líderes tuvieron que abandonar Cuba", recordó, además de subrayar que ha documentado la situación de autores literarios críticos con el Gobierno que han solicitado a las autoridades el ISBN para publicar sus obras y se les ha negado.
A lo largo de su historia, la CIDH ha emitido siete informes país, cinco sobre la situación de los derechos humanos en Cuba y dos sobre presos políticos y sus familiares en la Isla. A partir de 1983, cuando se presentó el último de esos diagnósticos, el organismo regional sigue haciendo seguimiento del tema en la Isla.
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