En julio se registraron al menos 314 acciones represivas contra activistas y miembros de la sociedad civil independiente, de las cuales 97 fueron detenciones arbitrarias.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, denunció que el Gobierno de Miguel Díaz-Canel ha intensificado la represión contra activistas y periodistas independientes a través del sitio de sus viviendas en todo el país.
El OCDH denunció la consolidación de un nuevo patrón represivo por parte del Gobierno, el cual consiste en sitiar y mantener bajo vigilancia policial las residencias de los activistas para impedirles la salida de sus casas.
"Si bien este mecanismo no es novedoso, sí observamos una tendencia creciente en su aplicación, en la medida en que se van levantando las restricciones por el Covid.19. Es por ello que lo identificamos como un patrón. Probablemente busquen camuflar lo que en otro momento sería una detención arbitraria", afirmó el OCDH.
Según los reportes, en la mayorías de los casos el gobierno establece vigilancia policial comúnmente en las afueras de las residencias de los activistas. En algunos existe una advertencia verbal previa por parte de un funcionario de la policía política.
Son acciones aplicadas de facto, sin que que medie una orden judicial. Según han denunciado varios activistas, los represores no entregan ninguna orden escrita: "no solamente no existe una constancia escrita, sino a que a veces uno ni siquiera logra saber por qué lo hacen, como ocurrió el pasado 30 de julio".
Destacados activistas y comunicadores independientes como Yoani Sánchez, Luz Escobar, Mónica Baró, Ileana Hernández, Omara Ruiz, Camila Acosta, Reinaldo Escobar, Luis Manuel Otero, Bertha Soler, Zaqueo Báez, entre otros, fueron víctimas de estos operativos de retención y/o vigilancia. Este tipo de mecanismos es una clara violación a la libre circulación y una forma de impedir el ejercicio de otros derechos.
En cuanto a la situación socioeconómica, el OCDH denuncia el creciente deterioro de la situación por el inmovilismo del gobierno. La eliminación del gravamen del 10% sobre el dólar ha sido eclipsada por los altos precios de los productos de primera necesidad que se venden en las tiendas habilitadas en divisa norteamericana. Además, es un hecho que tres cuartas partes de los cubanos no reciben dólares y que los salarios y pensiones en pesos cubanos son muy bajos.
Por ello, el OCDH advierte que la dolarización de los productos básicos en Cuba constituye una violación del derecho a la alimentación.
Además, se ha incrementado la represión social contra personas que intentan obtener determinadas cantidades de alimentos en las tiendas, en previsión de que empeore la ya grave situación económica.
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