La Constitución Española consagra que la soberanía reside en el Parlamento - por tanto el ciudadano no es él soberano-, que el Poder Judicial es un poder del estado- por tanto no es un instrumento al servicio de los ciudadanos - y que los jueces están para aplicar la ley siguiendo la intención de los parlamentarios - es decir, no están para interpretar y crear doctrinas para hacerle justicia al ciudadano. En fin, puro contrato social al servicio del poder político.
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