Andrés Cañizález
El Nacional / ND
Hemos sostenido que en materia de medios, la estrategia oficial no cesa en su objetivo: aniquilar, por diferentes vías, las voces críticas.
En materia de medios privados la historia ha sido compleja. El Gobierno no desea que se le critique en el espacio mediático, e, incluso, el presidente Chávez cree que una baja en su popularidad no se debe a su propia inoperancia, sino que se le achaca a las campañas mediáticas.
opinan los foristas
Para lograr el objetivo final, que no es la estatización absoluta del espacio mediático (como ocurrió en Cuba), sino doblegar a los medios independientes y críticos, se han puesto en marcha varios mecanismos. El más obvio es el cierre, pero éste tiene consecuencias políticas, especialmente en el orden internacional, que a veces son difíciles de manejar por el Gobierno. El doble blackout que se impuso sobre RCTV es una clara demostración de ello. El cierre de las 34 estaciones de radio y televisión en julio pasado levantó la protesta hasta de entidades como la Unesco, que más bien han optado por tener un bajo perfil ante las actuaciones del Gobierno venezolano.
El cierre, entonces, se ha jugado como una carta emblemática, pues no sólo ha marcado al Gobierno ante la opinión pública internacional, sino que dichas decisiones también terminaron teniendo un peso simbólico para el conjunto del ecosistema de medios: el Gobierno puede llegar al punto de cerrar un medio, mejor modero mi línea editorial para sobrevivir, parece haber sido el mensaje que entendieron y aplicaron decenas de radiodifusores y algunos propietarios de plantas de televisión.
Decíamos al inicio que el vaivén del péndulo ha jugado entre el cierre y la asfixia, en materia de medios en Venezuela durante estos largos años que hemos denominado “la era Chávez”. La asfixia, al contrario del cierre, opera de forma más sutil y con efectos realmente perversos. Veamos, por ejemplo, lo que viene ocurriendo en el campo de la asignación de publicidad oficial. En varios países de América Latina se ha venido avanzando hacia mecanismos que hagan transparente la entrega de fondos públicos para publicitar la obra de un gobierno. En general, prevalece la idea de que no hay una obligación oficial en otorgar publicidad estatal a todos los medios, pero, al mismo tiempo, al ser un bien público, no se puede usar el mismo para discriminar, por razones políticas, por ejemplo. Justamente, en sentido contrario a lo que se discute en la región actúa el gobierno de Hugo Chávez. No sólo discrimina políticamente, sino que lo dice sin tapujos: no les damos avisos a los medios golpistas, bramó, por ejemplo, hace algún tiempo un ex viceministro del Minci.
La discriminación con publicidad oficial que se aplica en Venezuela tiene efectos muy negativos, porque, además, en nuestro país el Estado es el principal anunciante. En los últimos años creció el aparato oficial al sumar empresas de todo tipo, y, al mismo tiempo, fueron desapareciendo importantes empresas que otrora anunciaban de forma masiva.
La asfixia se amplió este año con el asunto del papel para imprimir los periódicos, que fue sacado de la lista de dólares preferenciales, lo cual constituye un duro golpe para las finanzas de los impresos, sector en el cual por cierto han perdurado las críticas a lo largo del tiempo, sin tantos vaivenes como se han detectado en la radio y/o la televisión. El objetivo es acabar con cualquier atisbo de crítica en los medios.
Todo vale para lograrlo.
acanizalez@yahoo.com
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