Jorge Garrido (imagen adjunta), vicesecretario general de Falange Española de las JONS, hizo recientemente unas declaraciones al informativo en la red «Alerta Digital», entrevista que fue publicada el pasado sábado, 17 de abril.
Preguntado por el ambiente que rodea al llamado «Caso Garzón», Garrido opina que el magistrado «puede haber sido hasta ahora, aunque sea más que discutible, el mejor juez del mundo. Ahora bien, si después de ello ha prevaricado, ¿no puede ser juzgado por ello? ¿Está eximido de responsabilidad penal de por vida, haga lo que haga, por haber sido un buen juez anteriormente? En el proceso que se sigue contra él a causa de la querella de FE de las JONS, lo único que se dilucida es si el señor Garzón ha prevaricado o no, y eso no tiene esencialmente nada que ver con el franquismo o con los crímenes que se pudieran cometer en esa época, sino sólo y exclusivamente con la forma en que ha tratado esos temas. Es decir, se trata de juzgar si son prevaricaciones básicamente dos actuaciones del señor Garzón».
Sobre esas dos actuaciones, Garrido especifica: «La primera, rechazar las demandas de las víctimas de los asesinos del bando del Frente Popular (especialmente las presentadas contra Santiago Carrillo por el genocidio de Paracuellos del Jarama y Aravaca) alegando mala fe procesal de los actuantes por ignorar conscientemente la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos, y ello para luego aceptar demandas similares de víctimas del bando contrario alegando que en esos otros casos no debían tenerse en consideración y sí debía procederse judicialmente. ¿Es eso prevaricar? Desde luego que lo parece.
La segunda, abrir un proceso de exhumación de cadáveres de víctimas de la represión siendo consciente de que la Ley de Memoria Histórica, de acuerdo a la legislación actual, no concede esa competencia a la Audiencia Nacional, sino a los Juzgados de Instrucción. El Fiscal le insistió repetidamente de que estaba vulnerando la Ley por no ser él el juez competente, y pese a ello siguió adelante con el proceso y realizó una construcción jurídica totalmente artificiosa y descabellada para tratar de justificar lo injustificable de acuerdo a nuestro procedimiento legal. ¿Es eso prevaricar? También lo parece...».
Sobre las consideraciones jurídicas y políticas Garrido subraya sobre todo «el hecho de que el señor Garzón pretendiera encausar a “todos los dirigentes de Falange Española hasta 1951”, y ello en base a una criminalización de tipo meramente ideológico absolutamente intolerable. Y no sólo porque confunda a FE de las JONS (que desapareció legalmente el 19 de abril de 1937) con FET y de las JONS (Movimiento Nacional) —se trata de dos entidades jurídicas y políticas diferentes y la primera fue deslegalizada y su Jefe Nacional, Manuel Hedilla, encarcelado por Franco—, sino porque no pueden imputarse a personas indeterminadas crímenes indeterminados, y menos aún simplemente alegando su adscripción política. Sólo se pueden imputar crímenes concretos a personas concretas, y de los falangistas lo único comprobable es precisamente lo contrario: que incluso su propio Jefe Nacional, Manuel Hedilla, intentó por todos los medios que no hubiera ningún tipo de represalia de tipo político y que sólo se actuara legalmente contra quienes fueran responsables de crímenes».
Preguntado, por último, sobre si el el juez Baltasar Garzón habría prevaricado, Garrido declara a «Alerta Digital»: «Desde FE de las JONS consideramos que todo el procedimiento del señor Garzón fue desde el primer momento un verdadero disparate jurídico que merece ser calificado como prevaricación, y los propios defensores del juez son tan conscientes de que esa prevaricación existió, que sólo encuentran una manera de presionar a los magistrados del Tribunal Supremo: politizando el asunto y no entrando en lo que de verdad importa, que son las consideraciones jurídicas.
Los cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo han admitido a trámite por unanimidad las querellas presentadas, y entre ellos los hay de todas las tendencias e ideologías. Esa es la realidad y eso es lo que importa: que por el bien del Estado de Derecho el señor Baltasar Garzón sea apartado definitivamente de la judicatura a causa de su comportamiento prevaricador».
Por: Nuevo Acción
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