ND.- El abogado defensor de Leocenis García, Pedro Aranguren, informó que acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para interponer una solicitud de avocamiento. Indicó que el periodista continúa privado de su libertad y los tribunales le han negado una medida cautelar.
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“Leocenis García está preso desde el 3 de mayo del 2008, todavía se mantiene privado de su libertad. Contra él se le imputaron los delitos de porte ilícito de arma de fuego, agavillamiento, resistencia a la autoridad y daños violentos a la propiedad. Durante estos dos años la defensa ha solicitado una medida cautelar de libertad como procede, porque en Venezuela existe el principio de juzgamiento el libertad”, dijo.
Reiteró que “por ejemplo, Tobías Nóbrega, ex ministro de finanzas, imputado por delitos de corrupción goza de medida cautelar de libertad. Luis Quiaro, ex presidente del Banco Industrial de Venezuela, imputado también por corrupción, también goza de medida cautelar de libertad”.
“Mientras Leocenis García en estos dos años, en forma sucesiva todos los jueces, tanto de control como de juicio, se la han negado, últimamente el tribunal 20 de juicio le negó en forma reiterada la medida cautelar de libertad”, indicó.
Aranguren calificó el caso del periodista como un escándalo. “La gente se pregunta por qué tantos otros gozan de medida cautelar y Leocenis García es el único juzgado preso en Tocuyito”, manifestó.
“Uno de los requisitos para solicitar un avocamiento es que las decisiones de los tribunales de instancia dañen la imagen del Poder judicial venezolano. No puede haber mayor daño que el tratamiento de este caso”, enfatizó.
Asimismo, comentó: “Estamos motivando la solicitud de avocamiento debido a que el tribunal 23 de control se negó a depurar el proceso. El Ministerio Público no entregó pruebas que demuestren que García haya poseído un arma de fuego, la misma no ha aparecido. Solicitamos el sobreseimiento de la causa y el juez se negó”.
“El Ministerio Público solicitó al tribunal 20 de juicio una prórroga de la detención del Comunicador Social. El Código Orgánico Procesal Penal establece que una vez que la persona ha permanecido detenida más de dos años sin juicio, debe proceder a una medida cautelar de libertad, pero la Fiscalía ensañada contra Leocenis García solicitó una prorroga basa en una aberración jurídica, de que mi defendido es el responsable del retardo procesal”.
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