sábado, 15 de febrero de 2014

COMUNISTAS QUIEREN ALTERAR PRUEBAS

PNB exigió a médicos entregar balas extraídas a heridos

Algunos de los jóvenes detenidos pudieron comunicarse con sus familiares casi dos días después de la  aprehensión | Foto William Dumont
Algunos de los jóvenes detenidos pudieron comunicarse con sus familiares casi dos días después de la aprehensión | Foto William Dumont
Solo el Cicpc y la Fiscalía están autorizados para solicitar los proyectiles en centros de salud
Funcionarios de la PNB acudieron a centros asistenciales públicos y privados de Barquisimeto, estado Lara, para exigir a los médicos que entregaran los proyectiles que les extrajeron a los jóvenes que llegaron heridos de bala después de las manifestaciones del 12 de febrero. La información fue suministrada por el abogado Gonzalo Himiob, que aseguró que los agentes actuaron sin orden judicial alguna.
“Hay dos opciones: seguramente van a alegar que están recabando evidencias de interés criminalístico, pero lo más probable es que ocurra lo mismo que en abril de 2002, que recabaron balas en iguales condiciones y luego nunca aparecieron”, advirtió.
En todo caso, no es la Policía Nacional sino el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas el que efectúa las averiguaciones.
Himiob desconoce el número de clínicas y hospitales a los que se presentaron los policías, pero aseguró que en Barquisimeto hubo 14 estudiantes heridos.
Provea tiene una cifra mayor: 19 heridos de bala, solo en Barquisimeto. El coordinador de esa organización, Marino Alvarado, informó que es la ciudad del país con más heridos por arma de fuego.
“La protesta en Barquisimeto terminó pacíficamente, pero luego de que finalizó la manifestación llegaron varios grupos armados que dispararon a los estudiantes”, expresó.

Incomunicados. El Ministerio Público confirmó que hubo 99 detenciones. Uno de los casos es el de Manuel José Rincón Pinto, estudiante de ingeniería informática de 19 años de edad, que a casi dos días de su detención pudo llamar a sus padres por primera vez ayer a las 2:15 pm.
“Me avisó que estaba bien, que no lo habían golpeado y que ya lo traían para acá”, contó su padre, José Manuel Rincón, a las puertas del Palacio de Justicia en Caracas.
Desde que su hijo fue detenido después de haber participado en la marcha del miércoles, el hombre había peregrinado entre el Cicpc en Parque Carabobo, donde detuvieron; la Brigada de Acciones Especiales de San Agustín, donde lo llevaron después, y el Palacio de Justicia, donde ha esperado desde el jueves que lo presenten ante el Poder Judicial.
Otros que ayer recibieron la llamada de su hijo fueron los padres de Ángel Matute, periodista de 24 años de edad que fue detenido cuando cubría la protesta para Unión Radio.
Alexander Matute, hermano del comunicador, contó que junto con el joven siguen detenidos otros dos comunicadores sociales: Domingo Alfredo Díaz y Ariana Bueno Avellanedo.
Matute informó que su hermano, que había sido recluido en el CORE 5 de la Guardia Nacional en Tazón y que el jueves fue trasladado al Regimiento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional Bolivariana en La Dolorita,  Petare, fue llevado ayer a las 4:00 am al CORE 5. “No sabemos cuál fue la razón”, expresó.
Cofavic asegura que a muchos privados de libertad les ha violado el derecho al debido proceso. “Muchas personas detenidas no tuvieron acceso inmediato a sus abogados, lo que representa una violación de los derechos humanos”, expresó la directora ejecutiva de la organización, Liliana Ortega.

Experticias
Sandra Guerrero
Los únicos organismos que trabajan en las investigaciones relacionadas con las personas que murieron y resultaron heridas el miércoles entre las esquinas de Monroy y Tracabordo, en Candelaria, son el Ministerio Público y el Cicpc, se conoció en fuentes de la policía judicial. Ningún otro cuerpo ha sido autorizado para solicitar a los médicos los proyectiles extraídos a los heridos en clínicas y hospitales.
La fuente ratificó que las experticias de comparación balística determinaron que con la misma pistola Glock calibre 9 milímetros ultimaron al funcionario de Policaracas e integrante de un colectivo del 23 de Enero Juan Crisóstomo Montoya González, de 40 años de edad, y a Bassil Dacosta, de 24 años.
El Cicpc continúa haciendo experticias de comparación balística con varias pistolas para establecer a quién pertenece el arma de fuego que causó la muerte de esas dos personas. Además, analizan los retratos hablados hechos por testigos.

Leyes violadas en detenciones
Art. 26 (Constitución): El juez quinto de control de Barinas impuso como sanción a los jóvenes,  detenidos en Jardines de Alto Barinas dar “donaciones” a un hospital a cambio de una medida sustitutiva de libertad. Constituye un delito porque la justicia es gratuita.
Art. 44, numeral 2 (Constitución): Los recluidos en Parque Carabobo que fueron trasladados al CORE 5 permanecieron incomunicados y les negaron acceso a un abogado.
Art. 46, numeral 1 y 2 (Constitución); Art. 18 (Ley Especial contra la Tortura): Los detenidos en Parque Carabobo fueron insultados verbalmente durante la reclusión. Los jóvenes relataron que en el momento de la captura fueron  agredidos salvajemente. El fotorreportero portugués Eduardo Leal fue golpeado hasta quedar inconsciente. Despertó cuando estaba en el calabozo del Cicpc-Parque Carabobo.
En el Regimiento de Seguridad Urbana de la GNB La Dolorita estuvieron hacinados.
Los detenidos en el CORE 5 y en el Cicpc-Parque Carabobo fueron trasladados el jueves en la madrugada a La Dolorita (GNB) y al BAES-San Agustín del Sur sin recibir alimentos. Este trato ocasiona desgaste físico y mental que limita las facultades en un interrogatorio.
Art. 49, numeral 1 (Constitución): Los detenidos no recibieron asistencia legal antes de la presentación en tribunales. En varios casos pasaron más de 24 horas, desde el momento de la detención, antes de poder tener acceso a un abogado.

Las Cifras
40 personas resultaron heridas de bala en las protestas estudiantiles, de acuerdo con Provea. En Caracas hubo 8 heridos por armas de fuego
25 personas recibieron medidas cautelares de libertad cumplidas las 48 horas desde su detención, informó el Ministerio Público. 10 de ellas de Caracas
74 personas que cumplieron 48 horas detenidas aún no han tenido audiencia de presentación. El MP aseguró anoche que sería en las próximas horas

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