Una lista de cinco exigencias fueron hechas públicas el jueves por la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos (ACTA) en La Habana, Mayabeque y Artemisa, de acuerdo con el
reporte de Radio Televisión Martí, que incluyen autorizar la libertad de movimiento para los
taxistas privados; aprobar una sola licencia operativa de pasajeros; que se les permita trabajar en todo el país, incluidas las zonas turísticas, y se les autorice adquirir una cantidad de combustible según el consumo; además de poner fin al tope de precios decidido por el Gobierno.
"Cerca del 70 u 80% [de los choferes] no está trabajando para tratar de lograr que el Gobierno se siente a negociar, a buscar una alternativa. Hasta ahora no ha habido ninguna respuesta a las demandas", dijo Esteban Hernández González, coordinador en la región occidental de la Coalición de Cuentapropistas de Cuba, de la cual es parte la ACTA.
El 1 de febrero pasado, comenzó a aplicarse un nuevo ajuste en las normas de funcionamiento del transporte privado, que desde 2018 ha sufrido varios "experimentos", prohibiciones y cambios dispuestos por las autoridades.
A partir de esa decisión, los taxistas en La Habana están obligados a cobrar un máximo de diez pesos (CUP) por pasajero para los vehículos de hasta 14 pasajeros, y hasta cinco para camiones y camionetas. Esas tarifas rigen durante todo el día y para cualquier recorrido, con algunas excepciones.
Hernández González dijo que es visible una disminución de la represión en contra de los transportistas en servicio. "La posición de las autoridades ha sido la de dejar hacer: no hay inspectores prácticamente hoy en las calles y la Policía no está parando los carros, como al principio lo hicieron, porque saben que la situación se va de su control", añadió.
A menos de una semana de la entrada en vigor de las nuevas regulaciones, la prensa oficial reportó que los inspectores estatales había aplicado multas por un valor de 35.000 pesos. Las sanciones fueron por violaciones de precios, actividad económica ilícita, exceso de personas, acortamiento de los tramos, entre otras violaciones, y supusieron que se retiraran 25 licencias operativas y se ocuparan otras 56 a choferes que no las habían renovado.
"Si usted recorre los puntos de control de la capital con las provincias, se da cuenta de la concentración de población que hay. Más del 80% de esa demanda de transporte se cubría sobre la base del transporte privado", aseguró Hernández González.
El activista aseguró que la medida de presión ha sido difícil de acatar por los propios implicados. "Algunos transportistas nos han planteado: 'mira, vamos a trabajar al menos días alternos, porque la familia tiene que vivir'", refirió.
"Tenemos en cada provincia alrededor de 40 transportistas que están vinculados a ACTA. Tienen una estructura, seleccionan a sus representantes, a su coordinador. A veces hacemos consultas directas y a veces hacemos consultas a través de estos coordinadores", explicó.
El reporte indicó que también en las provincias de Cienfuegos, Villa Clara, Holguín, Sancti Spiritus y Santiago de Cuba los taxistas privados se han sumado a la medida de presión.
Las anteriores restricciones impuestas a los boteros provocaron desde huelgas de brazos caídos de los choferes hasta la entrega de las licencias por parte de muchos, así como un aumento de precios que impactó a la población en un país donde el transporte público no consigue satisfacer las necesidades.
Falta ver si con las escasez actual de combustible en las gasolineras que sufre Cuba y ha dado lugar a largas colas para abastecerse, la medida tiene el efecto deseado.
Según datos oficiales, hasta septiembre de 2019 estaban registrados como trabajadores privados 617.974 personas, la mayor parte (160.206) asociados al transporte y la elaboración y venta de alimentos.
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