Un total de 47 organizaciones de
derechos humanos y medios de prensa independientes denunciaron en un comunicado la violación de los derechos humanos fundamentales que supone la aplicación en Cuba del
Decreto-Ley 370, instrumento legal que desde el inicio de la pandemia del Covid-19 la policía política ha utilizado para reprimir a
periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil, por criticar en las redes sociales la situación del país.
En el documento, coordinado por el Centro de Información Legal Cubalex, junto a organizaciones como Artículo 19, Civil Right Defenders, Centro para la Apertura y el Desarrollo de America Latina, y Prisoner Defenders, los firmantes expresaron su "profunda preocupación y repudio respecto a la persecución en contra de periodistas y actores de la sociedad civil independiente en Cuba, la cual se ha visto agravada desde principios de este año y particularmente a partir de la crisis sanitaria causada por la pandemia del coronavirus."
El texto recuerda que, si bien "la situación de represión de la libertad de expresión y prensa es histórica y sistemática" en Cuba, "la escalada represiva actual se recrudece en el marco de la aplicación del Decreto-Ley 370 'Sobre la informatización de la sociedad en Cuba', en vigor desde el 4 de julio de 2019."
"Al menos 30 personas han sido sometidas a interrogatorios, amenazas, y decomiso de medios de trabajo, especialmente de las y los periodistas, por difundir sus opiniones en redes sociales, y 20 han sido víctimas de la imposición de multas de 3.000 pesos (120 dólares), cuantía que triplica el salario medio mensual vigente", señalan los firmantes.
"El impago de multas constituye un delito que prevé sanción de seis meses de cárcel, proceder sistemático por el que Cuba condenó a siete actores de la sociedad civil, actualmente en prisión. Particular preocupación nos causan las citaciones y detenciones arbitrarias en este momento de pandemia, lo cual además contradice las propias recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, toda vez que se indica promover al máximo el distanciamiento social", advierten.
La declaración ha sido respaldada por organizaciones como Reporteros Sin Fronteras, Human Right Foundation, Transparencia Electoral, Pen América, Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Freedom House, Robert F. Kennedy Human Rights, Asociación Pro Libertad de Prensa, Race & Equality, People in Need, Cultura Democrática, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y la Corriente Martiana.
La firman también medios de prensa como DIARIO DE CUBA, Cubanet, 14ymedio, La Hora de Cuba, El Estornudo, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, Cibercuba, Tremenda Nota, Yucabyte, Inventario y Árbol Invertido.
Para los firmantes, lo que ocurre actualmente en la Isla demuestra que los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa, "enunciados en la actual Constitución cubana, pero no ratificados con legislación complementaria, son una mera y vacía declaración".
En cuanto a la libertad de prensa, además, la constitución acota que "los medios fundamentales de comunicación social, en cualquiera de sus manifestaciones y soportes, son de propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas; y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".
Para los firmantes, las "prescripciones constitucionales son altamente contradictorias. Inicialmente declaman el reconocimiento a las libertades de expresión y prensa y, acto seguido, limitan su ejercicio".
"En consonancia con la norma constitucional —dicen—, el Decreto-Ley 370, y en particular su artículo 68 inciso i), establece, de una forma vaga e imprecisa, como contravención, la acción de 'difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas'. Esta cláusula contraviene los estándares en materia de libertad de expresión y restringe este derecho en base a objetivos que no son legítimos según lo previsto en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos."
Señalan que la Constitución cubana, aprobada en 2019, y el 370 "contravienen plenamente el Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos, y el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)", firmado por el Gobierno de Cuba el 28 de febrero de 2008, aunque nunca ratificado en la Isla.
El marco, bajo el cual el Estado cubano puede sancionar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), "genera un efecto inhibitorio de la libertad de expresión ejercida a través de estas herramientas y plataformas, en tanto pesa una amenaza real y permanente de sanción para las personas, prácticamente para cualquier discurso que emitan y que discrecionalmente los órganos del Estado pueden calificar como una contravención legal, y posteriormente conducir a la privación de libertad. Asimismo, esta falta de previsibilidad tiene un efecto inhibitorio o amedrentador en la dimensión colectiva de la libertad de expresión y de reunión", critican los firmantes.
"Queremos subrayar que Reporteros Sin Fronteras ha señalado a Cuba como
el país con menos libertad de prensa de América, ubicándolo en el número 171, entre los diez peores del ranking a nivel mundial en su último informe anual. Por su parte, el Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión de Naciones Unidas en 2019 mostró su preocupación por los diversos mecanismos de represión en Cuba."
"La Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2019,
se refirió a la censura en Cuba de medios de comunicación digital. Reseñó la persecución sistemática a periodistas independientes que difunden información y opiniones sobre temas de interés público fuera del control del Estado. En su comunicado del 18 de abril de 2020, expresó su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y el acceso a la información en la respuesta de Estados a la pandemia del Covid-19, resaltando los casos de periodistas multados en virtud del Decreto-Ley 370", indicaron.
Los firmantes del documento piden "a la comunidad internacional, gobiernos, sociedad civil y organismos internacionales de protección de derechos humanos, que exijan al Gobierno cubano que finalice de inmediato dicha persecución y acoso" a activistas, periodistas y sus familias, "y se les devuelvan los bienes decomisados, permitiéndoles el pleno y libre ejercicio de sus libertades, y permitiendo a la ciudadanía cubana el libre acceso a la información."
Asimismo, recomiendan al Servicio de Acción Exterior (SEAE) de la Unión Europea seguir "las posiciones y mandato explícito de su Parlamento sobre el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación con Cuba", que solicitan aplicar "reformas jurídicas para garantizar las libertades de prensa, asociación y manifestación", y apoyar "activamente" a los grupos de la sociedad civil y a los defensoras de derechos humanos en Cuba.
Al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a la Oficina del Alto Comisionado, los firmantes les solicitan que "se manifiesten públicamente y recomienden al Estado cubano revisar su legislación y derogar las normas que restringen la libertad de opinión y expresión".
A la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) le piden que, en base a los informes de la CIDH sobre la situación de derechos humanos en Cuba, "se pronuncie y aplique los mismos estándares que exige a todos los países de la región. Cuba es un Estado miembro y no ha denunciado la Carta constitutiva. Asumió la obligación cuando suscribió instrumentos del sistema en materia de derechos humanos, que la suspensión actual no le exime de cumplir", recuerdan.
Las organizaciones y medios de prensa reiteraron su solidaridad "con las y los periodistas independientes y actores de la sociedad civil perseguidos en el ejercicio de su libertad de expresión."
No hay comentarios:
Publicar un comentario