15 de febrero de 2010, 02:00 AM
Alberto Armendariz
Para LA NACION
NUEVA YORK.- La idea del presidente Barack Obama de juzgar en Nueva York al cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Khalid Shaikh Mohammed, y a sus cuatro cómplices enfrenta cada vez más resistencia en Manhattan, y los vecinos de la corte donde tendría lugar el juicio se han puesto en pie de guerra para evitar que suceda en su patio trasero.
"Todo el barrio se convertirá en una virtual zona de guerra y nosotros acabaremos encarcelados en nuestras propias casas. Es una locura", advirtió a LA NACION Vincent Imberosciano, que vive en las Chatham Towers, justo al lado del Edificio Moynihan, la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, a cuatro cuadras del lugar donde se levantaban las Torres Gemelas.
Desde que en noviembre Obama anunció su intención de trasladar a los acusados de terrorismo desde el centro de Guantánamo hasta Nueva York para que sean juzgados donde cometieron sus crímenes, la oposición ha ido en ascenso. Primero por el peligro de que Al-Qaeda use el juicio como una oportunidad para efectuar otro ataque en la Gran Manzana; luego por los costos que acarrearía para la ciudad poner en marcha un masivo operativo de seguridad, que encima perturbaría a la gente que vive y trabaja en el área.
El mes pasado, el comisionado de Policía, Ray Kelly, develó un plan de seguridad que establecería dos zonas, una blanda y otra dura, alrededor de la corte.
La "zona dura", que comprendería las tres cuadras que rodean al tribunal con los edificios residenciales Chatham Towers y Chatham Green, sería una verdadera fortaleza rodeada por más de 2000 barreras de metal. Con el acceso peatonal y vehicular restringido, la zona estaría supervisada, desde el aire, por helicópteros y, por tierra, por cientos de policías y perros detectores de explosivos y francotiradores en los techos aledaños, además de cámaras de seguridad especiales.
En la "zona blanda", que extendería ese perímetro unas dos cuadras más a la redonda, peatones y vehículos podrían circular libremente pero estarían sujetos a revisiones de seguridad aleatorias por patrullas policiales que también se ubicarían en las estaciones de metro más cercanas.
Como después de los ataques
El costo anual estimado sería de unos 200 millones de dólares, para un juicio que duraría varios años, por lo que también coincidiría con el 10º aniversario de los ataques terroristas.
"Será como volver a los días después de los atentados, cuando toda la zona estuvo cercada por varios meses; tuvimos que sufrir innumerables complicaciones, chequeos policiales, cortes de tránsito y el constante maltrato policial. No nos pueden castigar de esta manera de nuevo; nosotros fuimos los más afectados por los ataques terroristas", se quejó, por su parte, Jeanie Chin, de la Coalición Cívica de Residentes, que se ha organizado para frenar los planes del gobierno.
El mayor temor para los residentes y comerciantes de la zona es el impacto económico que tendría en este barrio, justo en el extremo de Chinatown, que tardó varios años en reactivarse. "El juicio destruiría el barrio. Nadie querría venir a tomar algo o a comer por aquí. El comercio callejero se acabaría", destacó John Dutsensins, abogado que trabaja por la zona.
El propio Obama ha sentido los ecos de resistencia, pero todavía no ha indicado su decisión final. "Si tenemos a una ciudad que dice no y al departamento de policía y al alcalde que dicen que no, entonces eso vuelve todo más difícil. Pero no hemos descartado ninguna posibilidad aún", señaló el domingo pasado.
El vicepresidente Joe Biden declaró ayer que no estaba descartada la posibilidad de un juicio militar; en ese caso, el proceso debería llevarse a cabo en una instalación castrense y no en Nueva York.
Mientras tanto, desde el Departamento de Justicia insisten en que el sistema penitenciario estadounidense tiene actualmente a varios peligrosos terroristas y no ha habido ningún problema. Además, también hay otros neoyorquinos que creen que un juicio aquí es el mejor mensaje que puede dar la ciudad al terrorismo internacional.
"Les demostraríamos nuestra resistencia y nuestro apego a las leyes frente a la destrucción y el dolor que causaron aquí, donde se perdieron casi 3000 vidas ese día", apuntó Michael Friedrich, que trabaja en un negocio sobre la avenida Broadway, no muy lejos de la corte federal de la polémica.
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