ND.- De acuerdo con la reforma de la Ley Orgánica de la Comisión Central de Planificación, serán multados con entre 100 y 500 unidades tributarias las personas, empresas o instituciones que se nieguen a dar información a dicha Comisión. De persistir la negativa se les impondrá otra medida a los infractores. Los datos tendrán carácter confidencial.
opinan los foristas
Hay que recordar que la Comisión Central de Planificación se creó en 2007, “con el objetivo de impulsar la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada”. En su momento, el Presidente de la República detalló que, entre las atribuciones de esta figura se encuentra “la facultad para llamar la atención de cualquier alto funcionario de empresas del Estado, ministros o viceministros”.
Así lo reseña El Nacional:
Entre 100 y 500 unidades tributarias (6.500 y 32.500 bolívares) tendría que pagar el ciudadano o empresa que, por cualquier razón, se niegue a dar información a la Comisión Central de Planificación. La sanción figura en la reforma de la Ley Orgánica de la Comisión Central de Planificación, que presentó el Gobierno a la Asamblea Nacional y que fue aprobada ayer en primera discusión. El artículo 11 establece la obligación de dar información a organismos y entes del Estado, así como a personas naturales o jurídicas privadas; los datos tendrán carácter confidencial.
Las sanciones están en el artículo 13, en el que se advierte que, en caso de que persista la negativa, a los infractores se les impondrá otra medida “con la mayor cuantía, y estarán sujetos a inspecciones que ordene la Comisión Central de Planificación, pudiendo valerse de la fuerza pública” para cumplirlas.
La reforma, enviada por la Vicepresidencia al Parlamento el 24 de marzo, propone incluir la figura de las vicepresidencias en la Comisión Central de Planificación y eliminar las comisiones sectoriales, regionales y macrosectoriales, por considerar que coliden con la organización del Consejo Federal de Gobierno.
La comisión fue creada en 2007 y criticada por la oposición, que señaló que cercena la descentralización. El vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, alegó en el proyecto que la planificación constituye una herramienta en la actual etapa de la revolución bolivariana y que se pretende adecuar la administración pública para transitar a la sociedad socialista.
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