Por Andrea NomecalloPublicado Hoy
Barquisimeto, Venezuela,(PD) Chávez juega al caos. El estado de cosas le permite consolidar su plan, la estrategia de hundir a los venezolanos en el atraso y la miseria, haciéndolos depender del Estado y sus dádivas. La crisis generalizada que vive Venezuela, déficit fiscal, deuda, inflación, caída del PIB, disminución de las reservas, desempleo, delincuencia, expropiaciones, luz, agua, parecieran confirmar la certeza de muchos.
En el plano económico, ni los controles en la entrega, los decretos, ni la venta de bonos pueden dominar la enorme brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. En octubre del 2009 el trío de burócratas bolivarianos conformado por Rodríguez Araque, Jorge Giordani y Nelson Merentes, Ministros de Finanzas, Planificación y Presidente del Banco Central respectivamente, presentaron “la fórmula para bajar el precio del dólar y disminuir la inflación”. El Estado intervino con subasta de bonos, para acortar esa brecha en un 60%. Siete meses después, el “dólar permuta” mantenía su alza escandalosa, creando un caos económico, con la suma de los férreos controles de precios, que paralizan la producción.
El gobierno ante esta especulación con el “…permuta”, opta una vez más por "vender el sofá": redacta y ejecuta la Ley de ilícitos cambiarios y prohíbe el funcionamiento de las Casas de Bolsas para poner la venta y compra de divisas exclusivamente en manos del Banco Central de Venezuela.
Estas casas de bolsa se crearon bajo la anuencia del gobierno para aliviar la inoperancia en la entrega de dólares por parte del Estado, a través del ente regulador, CADIVI.
Se añade a esta fórmula destructora, el terrorismo de Estado, aplicado a los disidentes, dirigentes políticos y funcionarios públicos que no cumplan los designios del presidente Chávez.
Fueron condenados a 30 años de prisión los comisarios acusados de las muertes en Puente Llaguno en abril 2003, inhabilitándolos políticamente para que perdieran la oportunidad del voto para obtener su libertad. Otra aberración jurídica sin precedentes en la historia judicial del país, fue el encarcelamiento de la jueza María Lourdes Afiuni, por liberar a un banquero preso del gobierno, sin causa ni juicio. El fallo fue cuestionado por Chávez Frías, quien desde su programa dominical, Aló Presidente, estalló en cólera y pidió la pena máxima de 30 años de presidio "para esa jueza sinvergüenza".
A la lista de arbitrariedades se une la detención y encarcelamiento del líder democrático, Oswaldo Álvarez Paz, por opinar sobre lo perjudicial para Venezuela de los presuntos lazos con los grupos terroristas ETA y FARC.
A todo lo anterior se suman las inhabilitaciones políticas, vía Contraloría de la República, contra 238 ciudadanos, opositores al gobierno y el aumento de las listas de presos y exiliados políticos por persecuciones judiciales y expedientes forjados, todo apuntado a neutralizar a la oposición democrática.
La quiebra del aparato productivo, las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al servicio del Ejecutivo, junto al miedo que paraliza y enmudece a muchos, no son hechos aislados o fortuitos. Es el plan ideado por el ex teniente coronel golpista, para perpetuarse en el poder. Chávez no oculta, y proclama que debe seguir al frente de la presidencia, al no encontrar a nadie con credenciales para sucederle.
El 26 de septiembre, los venezolanos enfrentarán al ventajismo del poder electoral en las elecciones legislativas a Diputados de la Asamblea Nacional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) no duda en seguir las ordenes de Chávez Frías, reacomodando a sus caprichos las circunscripciones judiciales y regalándole un bono extra, al establecer que el partido de gobierno no requerirá más votos para alzarse con la mayoría en la Asamblea Nacional.
Las elecciones serán custodiadas por los militares del Plan República, por su supuesta imparcialidad; sin embargo, muchos altos mandos muestran públicamente, sus afectos a la “revolución”. Incluso, hay generales inscritos en el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), partido de gobierno.
Mientras tanto, las fuerzas democráticas venezolanas se mantienen firmes en la defensa de la amenazada democracia, porque la salida a la actual crisis está en el compromiso de todos y cada uno de los venezolanos con la libertad, con la responsabilidad de dejar a las próximas generaciones un país democrático, de progreso y bienestar, donde quepan todos y donde nunca más la excelencia y el éxito sean vistos como traición y delito, ni las oportunidades de estudio o trabajo se concedan por la lealtad al “máximo líder”, ni las diferencias políticas sean castigada con cárcel o exilio.
El 26 de septiembre los venezolanos tienen una cita con la democracia y la recuperación del Estado de Derecho, para alejarse del borde del precipicio totalitarista, donde les quiere hundir Hugo Chávez Frías.
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