Publicado para hoy 10 de julio
Por Andrea Nomecallo
Caracas, Venezuela,(PD) No es secreto en Venezuela que los cubanos manejan áreas sensibles de la administración nacional como cedulación, pasaportes, infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, extranjería, fuerzas armadas, policías, seguridad y espionaje, notarías y registros, puertos y aeropuertos, minería e industrias, educación formal e ideológica.
Si dudas al respecto de esa bochornosa injerencia de los Castro Ruz en Venezuela, se desató el escándalo por la pérdida de 122 000 toneladas de alimentos. El caso dejó al descubierto y con pruebas documentadas la participación del gobierno insular a través de sus asesores en tal desparpajo.
Los alimentos descompuestos, cuya fetidez se esparce a lo largo y ancho del país, fueron importados a través del Centro Nacional de Balance de Alimentos (CEMBAL), una comisión presidencial creada en el año 2000 con el argumento de trabajar por la “soberanía alimentaria, y el desabastecimientos de productos creado como parte de un plan desestabilizador del sector privado.”
La CEMBAL está adscrita a la vicepresidencia de la república, para manejar la compra de alimentos en el exterior y su secretaria ejecutiva es Bárbara Castillo Cuesta, designada por algunos medios como la numero quince en la escala de mando del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Barbarita, como le dicen los cubanos desde su época de ministro en la isla, es la encargada de organizar y aprobar las compras, además de los proveedores de alimentos para los venezolanos.
Dada la orden, BARIVEN, organismo subordinado a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), se encarga de la compra, que llegada a puerto, es manejada por la empresa socialista cubano-venezolana Bolipuertos (puertos bolivarianos), quien desplazó a las empresas privadas encargadas de las operaciones portuarias. El eslabón final de la cadena, el almacenamiento y comercialización de los alimentos, está a cargo de PDVAL (Petróleos de Venezuela-Alimentos), subsidiaria de PDVSA.
La cadena de compra y distribución de los alimentos en Venezuela corresponde agentes gubernamentales dependiente de la vicepresidencia de la república y el Ministerio de Energía y Minas, donde nuevamente son visibles los cubanos.
Los bajos índices de las exportaciones cubanas y la necesidad de importar hasta un 80% de las necesidades alimentarias, crean un desbalance en la relación entre los dos países aliados. Este se compensa con la exportación de profesionales a Venezuela y por los precios preferenciales de venta de petróleos y derivados a la isla, más inversiones directas en empresas.
De esta manera, el ex teniente coronel paga y mantienen de muy buena gana el colonialismo de la pobre isla de los Comandantes Castro Ruz en Venezuela.
Pero la intromisión no termina ahí. Actualmente la Asamblea Nacional de Venezuela está por aprobar leyes para crear un Estado Comunal, alejado del espíritu y letra de la constitución venezolana, que romperían la actual división política administrativa, con la intención de fraccionar y atomizar el poder popular en comunas débiles y dependientes de quien maneja el país y la renta petrolera como su hacienda personal.
Nada es casual. Aquí se intuye que los Consejos Comunales, autodenominados “organizaciones de base para la construcción del socialismo bolivariano en nuestra patria” son creados a toda prisa a semejanza de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), que aquí se llamarían “contralorías sociales”. Todo bajo un marco legal creado por la propia Asamblea Nacional.
Venezuela parece ser un caso inédito del colonialismo voluntario, promovido y permitido por el Presidente de la República, que además de entregar la soberanía del país, paga por ello. No es gratuito. Los Castro Ruz tienen 52 años de experiencia en mantener un sultanato caribeño. Ante ese know-how, Chávez no duda en entregar el país de todos los venezolanos al gobierno de la isla-prisión, a cambio de mantenerse eternamente en el poder.
andreanomecallo@yahoo.es
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