Por Jorge Olivera Castillo
Habana Vieja, La Habana, 9 de octubre de 2010, (PD) Más que opciones laborales para los cientos de miles de personas que serán privadas de sus empleos en los próximos meses, la oferta radicará en cuotas adicionales de represión.
Solo en las mentes fantasiosas de los jerarcas del régimen o entre las neuronas de su servil ayudantía, hay espacio para proyectar el supuesto éxito de una gestión propensa a terminar en un caos de dimensiones insospechadas.
Entre las altas tasas impositivas que se establecerán (en algunos casos hasta cerca del 40%), la ausencia de microcréditos, la falta de mercados complementarios para satisfacer la demanda de insumos y materias primas para quienes finalmente se decidan a probar suerte como trabajadores por cuenta propia y el silencio en relación a leyes que estimulen y protejan este tipo de labor, hay que pensar en escenarios totalmente opuestos a un clima de verdadera apertura en el plano económico y social.
De hecho, se pueden adelantar al menos dos consecuencias de un paso que en la prensa oficial parece la zancada de un gigante, pero que definitivamente será un movimiento de escasa relevancia si lo encuadramos dentro de una real estrategia de cambios profundos con vistas a armar un sistema plural, eficiente y afincado sobre las bases de un Estado de Derecho.
Uno de los efectos a derivarse de esta iniciativa es el aumento del mercado negro con sus corruptelas y demás distorsiones, ya de por sí elevadas y con sólidas raíces dentro del tejido social.
Nuevos ejércitos de inspectores, brigadas de policías y quizás alguna otra invención represiva con tal de contrarrestar la euforia de las decenas de miles de trabajadores particulares, verán la luz a medida que avance el proceso de entrega de licencias para realizar los más de 170 actividades autorizadas por las entidades a cargo de estos menesteres.
La delincuencia en sus modalidades más violentas, también habría que tenerla como una de las derivaciones de una cesantía sin parangón en la historia nacional, por la cantidad de personas afectadas en un tiempo tan corto.
Según informaciones oficiales, solo en lo que resta del año en curso y los primeros meses del próximo, serán despedidos no menos de 500 000 empleados de las entidades estatales. Esta cifra solo representa un tercio del plan fijado por las máximas autoridades.
El hecho de que alrededor del 20% de la población laboralmente activa esté a expensas de un reajuste de tal magnitud, explica lo sensible y peligroso de un proceso a efectuarse en medio de una crisis interna que abarca a todos los estamentos de la sociedad, la economía y la política.
Ante la inexistencia de estructuras que garanticen en alguna medida la marcha del proceso y la falta de voluntad en la nomenclatura para llevar a cabo las respectivas modificaciones por los carriles de la transparencia y la integralidad, el régimen apuesta por enfrentar los desafíos con la aplicación de la fuerza. Es decir a toletazos y con leyes que seguramente incrementarán de manera espectacular, entre otros, los castigos contra la corrupción y sus poderosos tentáculos.
Algo que de ninguna manera debiera permanecer fuera del foco de atención, es un asunto que prefiero abordarlo con una pregunta: ¿No estará el gobierno de La Habana tratando de presionar a la administración demócrata estadounidense para que haga lo posible por desmontar los muros del embargo?
Tal vez se sepa cómo va comenzar este proceso, pero el final es una incógnita. Otro éxodo masivo hacia las costas de la Florida, es posible. En los anteriores ocurridos en 1980 y 1994, respectivamente, los dueños de la Isla lograron sacarle el mayor provecho. De producirse una nueva estampida, es muy difícil que ahora disfruten de esa suerte.
oliverajorge75@yahoo.com
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