Por: Lcdo. Sergio Ramos
A partir del llamado Foro de Sao Pablo en 1990, en donde organizaciones y movimientos de izquierda se agruparon para establecer una metodología y estrategia con vistas de destruir las democracias latinoamericanas e imponer sistemas totalitarios y dictatoriales en el continente mostrando una engañosa apariencia de democracia. De hecho, hemos visto como varios países latinoamericanos han sido dominados por estos elementos radicales de izquierda, perpetuándose en el poder de modo cada vez más absoluto en detrimento de las libertades y derechos humanos de los pueblos, víctimas de esta modalidad de socavación destructiva de las democracias en Latino América.
El indicado foro surge a instancias del propio tirano Fidel Castro y el proyecto de socavación de la democracia para imponer a los pueblos de América Latina dictaduras de izquierda neo-marxistas-leninistas, solapadas con máscaras de democracias ficticias, allí acordado, se basó en las teorías del filósofo izquierdista alemán radicado en México, Heinz Dieterich Steffan, autor de la obra “El Socialismo del Siglo XXI”
Ya para el 1999 las izquierdas radicalizadas obtuvieron su primera toma del poder con Hugo Chávez en Venezuela, quien estuvo en poder catorce años hasta su muerte el marzo 5 del 2013 y siendo sucedido desde ese año por Nicolás Maduro, todavía en el poder.
El maquiavélico plan tiene como base varios elementos en los cuales vale destacar algunos de ellos. Primeramente, los extremistas de izquierda concurren a procesos electorales democráticos al amparo de un discurso populista, lleno de atractivas promesas de justicia social y progreso que a la larga jamás cumplirán.
Una vez en el poder comienzan la socavación de las instituciones democráticas teniendo como objetivo los siguientes cambios estructurales a las instituciones democráticas, principalmente a través de enmiendas o promulgaciones de nuevas constituciones que, bajo un falso matiz de legalismo institucional, socavan y alteran las reglas del juego democrático para acomodarlas a su proyecto de control total del estado. Los objetivos básicos, entre otros son:
Continuismo en el poder: Para ello, se enmiendan las constituciones o se promulgan otras nuevas cuyo articulado permite la relección de los incumbentes en los puestos electivos de forma indefinida.
Eliminación de la Separación de los Poderes del Estado democrático: Unos de los principios del estado democrático es la descentralización y dilución del poder del estado a través de ramas independientes y autónomas normalmente establecidas en tres poderes --- ejecutivo, legislativo y judicial --- y en algunos lugares un cuarto poder: El electoral. Pues bien, por vía de la enmienda y/o promulgación de leyes y de cambios a la constitución se logra que el ejecutivo pueda nombrar, sin el menor escrutinio ni fiscalización, a los jueces del Tribunal Supremo y otras instancias judiciales. De ese modo, nombran jueces políticamente afines e incondicionales al régimen, permitiendo que el ejecutivo pueda intervenir, directa o indirectamente en las decisiones judiciales de los tribunales. Esto les da el poder de reprimir y encarcelar opositores tras el viso de legalidad y de igual manera, exculpar a sus leales de las violaciones de ley. De igual forma les permite abalar sus leyes y decretos para guardar una apariencia de legalidad.
El otro aspecto es lograr el control de las legislaturas. Para el logro de este objetivo se aplican medidas, decretos y entrampamientos para descalificar partidos opositores y candidatos de la oposición de modo que no puedan aspirar a los puestos dentro de las Asambleas Legislativas y así controlar con mayorías o con la totalidad las legislaturas, lo cual les permite promulgar leyes a la carta y capricho sin la menor oposición, para así imponer con viso de legalidad, el modelo totalitario socialista.
Un tercer aspecto, es buscar el control de los estamentos militares y policiacos. Desplazando a retiro a los militares opositores, sustituyéndolos por militares incondicionalmente leales al nuevo régimen. En algunos casos se crean, con la anuencia de la ya controlada rama judicial y legislativa, fuerzas armadas paralelas o milicias, que responden exclusivamente al gobernante y que están, no solo para reprimir a los opositores sino para oponerse y combatir a los militares leales a la democracia.
Otro de los mecanismos de control social más importantes es controlar los medios de comunicación. Con la promulgación de leyes y decretos que censuran a la prensa coartando y limitando la libertad de prensa, reducen el poder de información de esta, y hasta crean el clima seudo-legal para confiscar medios de prensa y comunicación privados que pasaran a manos de los organismos del régimen. Al final, adquieren el monopolio de la comunicación cerrando el acceso libre de la población a la información.
El otro ámbito de control es el económico: Por vía de la confiscación, expropiación y/o nacionalización de las empresas privadas, empezando por las más prominentes y estratégicas. De esta forma, el estado va adquiriendo poder y riqueza, al mismo tiempo que va empobreciendo a los ciudadanos. Luego del control de las empresas económicamente estratégicas, van por etapas bajando de nivel en la aplicación del plan para despojar a los ciudadanos de sus negocios, hasta expropiar todos los negocios por pequeños que sean. Al final, todo el orden productivo está bajo el control estatal. En consecuencia, el estado se convierte en el único portador de riqueza, lo que equivale a un modo de tener poder, y el pueblo se ya empobrecido, despojado del poder económico, queda económicamente y totalmente dependiente del estado, que se convierte en el único empleador y proveedor de los empleos y de los alimentos y bienes necesario para la vida del ciudadano. Sin embargo, por tras mano, la oligarquía gobernante, al amparo de una corrupción sin fiscalización, van enriqueciendo las arcas privadas de los altos jerarcas del nuevo régimen, lo cual concede a estos un mayor poder y ventaja indebida e ilegal sobre el empobrecido ciudadano común.
Finalmente, procuran el control en el orden social: El estado que ahora controla la judicatura y la legislatura, procede a expropiar las instituciones sociales como las escuelas privadas, las universidades y otros centros de estudios. Y en cuanto a aquellas del estado con autonomía universitaria, se les elimina estas, de modo que el estado adviene a ser el único proveedor de la educación en la forma, modo, manera y a quienes entienda deba dar, haciendo al pueblo dependiente del estado para adquirir una educación. De igual modo, lo hace con las instituciones de salud privadas, acaparando para sí la provisión de los servicios de salud, Entonces el pueblo queda a expensa del estado para mantener y obtener su salud. Y, además, en cuanto a los demás aspectos sociales, el estado va ocupando el control que tenía el ciudadano y haciéndolo exclusivamente suyo, haciendo del ciudadano un dependiente socialmente del estado.
Hay otras maquiavélicas medidas, pero sería interminable detallarlas. Lo importante es la conciencia del peligro para la libertad y la democracia que encierran los promotores de estos mecanismos socavadores de la democracia y la libertad de los pueblos
Al fin de cuentas, con este rejuego de apariencia de legalidad y simulación de democracia, el ciudadano pasa de la libertad a la esclavitud y los hace absolutamente dependiente del nuevo amo: El estado, quien es el único proveedor del trabajo, la salud, la vivienda, la educación, la recreación y hasta de la libertad tal como lo era el esclavo encadenado de antaño.
Esta socavación de la democracia la estamos viendo desde hace un tiempo en algunos países de América Latina, cada cual con sus características propias y en diferentes estados de intensidad y desarrollo. Así lo hemos visto en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, en Ecuador bajo Rafael Correa, en Brasil bajo Lula da Silva y Dilma Ruseff y en Argentina bajo Cristina Fernández. En algunos han tenido éxito para desgracias de sus respectivos pueblos, como en Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En otros han fracasado, como en Argentina y Brasil, pero quedan latentes, operando su maldad agazapados dentro del sistema en espera de una nueva oportunidad.
Esta es una amenaza real a la libertad, la democracia, el bienestar y el progreso de los pueblos de la América Latina, y quien sabe que también lo sea en otras naciones del mundo, donde pretendiesen aplicar este perverso y maquiavélico método socavador de las democracias. Por ende, las democracias deben tomar medidas firmes, claras y drásticas contra la socavación democráticas por las solapadas izquierdas extremas, como cuestión ineludible e impostergable de sobrevivencia para la libertad y la democracia real de los pueblos.
San Juan, Puerto Rico a 17 de febrero de 2018
