[COPY] El parlamento cubano y la ‘arquitectura de la omisión’
DDC presta atención a los temas que el parlamento no discute, las leyes que demora o los derechos que mantiene sin regulación efectiva.
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Las omisiones, demoras y silencios institucionales también son decisiones de poder. Por eso DIARIO DE CUBA, al revisar la gestión del parlamento cubano, presta atención a los temas que no discute, las leyes que aprueba y demora en publicar, los derechos que reconoce constitucionalmente, pero mantiene sin regulación efectiva, y las facultades de fiscalización que, aunque existen en el papel, no se traducen en controles efectivos sobre el Gobierno.
El asesor legal de nuestro medio, Edel González Jiménez, lo resume como una “arquitectura de la omisión”, y resalta la celeridad con que se desarrollan herramientas del Derecho Administrativo sancionador y del Código Penal frente al inmovilismo de los procedimientos para ejercer derechos fundamentales. González Jiménez apunta que “el ciudadano conoce con bastante precisión qué puede ocurrirle si cruza determinadas líneas, pero no dispone con igual claridad de una vía legal segura para ejercer el derecho. La arquitectura represiva funciona mediante una combinación eficaz: normas sancionadoras desarrolladas y garantías incompletas”.
Cuba atraviesa una crisis marcada por la pobreza, los apagones, el deterioro de los servicios básicos, la escasez de medicamentos, los problemas de vivienda, la emigración y el encarcelamiento por motivos políticos. Sin embargo, la traducción de esos problemas en exigencia de responsabilidades y modificaciones de prioridades legislativas resulta prácticamente inexistente.
Uno de los ejemplos más claros es el derecho de reunión y manifestación. Aunque la Constitución de 2019 lo refiere, la norma reguladora no se redacta, despojando al ciudadano de una vía jurídica clara y segura para ejercerlo. Mientras, se desarrollan instrumentos administrativos y penales destinados a sancionar conductas de disidencia.
