Crisis y negocios en Cuba
Mientras la crisis cotidiana concentra la atención de los cubanos, empresas, inversores y estructuras estatales o cercanas al régimen mueven ficha.
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Cuba atraviesa su crisis más aguda. Pero mientras la población lidia con apagones, insalubridad, hambre, inflación, escasez de medicamentos y deterioro de los servicios públicos, otros movimientos, menos visibles pero igualmente relevantes, se producen en paralelo. A medida que Washington endurece la presión sobre empresas vinculadas al Gobierno cubano,inversores estadounidenses aparecen como posibles compradores o socios de compañías extranjeras con negocios en la Isla. Al mismo tiempo, el régimen ensaya nuevas fórmulas de intermediación para preservar relaciones comerciales y fuentes de ingresos.
Uno de los movimientos más reveladores acaba de producirse en el sector minero. La australiana Antilles Gold, que desarrolla proyectos de cobre, oro y plata en Cuba, firmó un acuerdo con GEM Global Yield, un vehículo de inversión con sede en Luxemburgo controlado por personas sujetas ajurisdicción estadounidense. El acuerdo prevé que GEM adquiera el 25% de la filial de Antilles en Islas Caimán y participe en gestiones ante el Departamento de Estado para intentar levantar las sanciones que afectan al negocio.
Antilles se comprometió, además, a crear una filial estadounidense y transferir antes de junio de 2028 al menos el 51% de sus acciones a entidades de ese país. El acuerdo incluye también un préstamo de 25 millones de dólares destinado a financiar trabajos en dos proyectos mineros cubanos.
El movimiento de Antilles se suma al de la canadiense Sherritt International, que firmó un acuerdo de exclusividad con la estadounidense Gillon Capital. En la operación también han mostrado interés otros inversores, entre ellos un consorcio que cuenta con un inversor estadounidense identificado como inversor ancla. Los dos casos apuntan a que las sanciones no están provocando únicamente aislamiento o una retirada del capital extranjero de la Isla, sino que podrían contribuir a una reconfiguración de quién controla algunos de esos negocios.
La cuestión tiene una dimensión estratégica. Según el Consejo Comercial y Económico EEUU-Cuba, Washington favorecería que compañías como Sherritt y Antilles quedaran bajo control estadounidense y que minerales extraídos en Cuba —en particular el cobalto— pudieran acceder al mercado de Estados Unidos, incluidas cadenas de suministro vinculadas al sector militar.
La presión de Washington alcanza también uno de los negocios que mayores ingresos genera al régimen cubano: la exportación de servicios profesionales. Según fuentes consultadas por Annarella Grimal, periodista de DIARIO DE CUBA, la cuenta italiana de la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, entidad sancionada por Estados Unidos en julio, quedó inhabilitada a finales de ese mes. Hasta ahora, el banco italiano no ha confirmado públicamente la causa de la medida.
En Italia, los médicos cubanos reciben sus salarios directamente de las entidades sanitarias para las que trabajan y posteriormente deben transferir una parte de esos ingresos a la comercializadora estatal. Según cálculos de DIARIO DE CUBA, la empresa retiene entre el 54% y el 72% de las nóminas, una proporción que puede ser incluso mayor en determinados pagos extraordinarios. Tras la inhabilitación de la cuenta, las transferencias realizadas por los médicos fueron devueltas o quedaron congeladas. De confirmarse su relación con las sanciones, la medida estaría afectando directamente uno de los mecanismos utilizados para canalizar hacia el Estado cubano los ingresos generados por esas misiones.
Frente a las crecientes presiones sobre su estructura financiera, La Habana busca, a su vez, nuevas vías de operación. Un caso ilustrativo es el de la MIPYME MultiSerF, creada en Bayamo en 2021 inicialmente para prestar servicios de impresión. Según reportó en DIARIO DE CUBA José Luis Reyes, la empresa acaba de registrar una filial en Panamá con la aspiración declarada de convertirse en un “hub logístico, operativo y financiero” que conecte a empresarios cubanos con 28 países. Entre sus planes figura una triangulación México-Panamá-Cuba destinada a facilitar operaciones comerciales, cobros, logística y acceso a mercados.
A primera vista, la operación podría interpretarse como parte de la apertura al sector privado cubano. MultiSerF, sin embargo, mantiene relaciones con empresas estatales del Ministerio de Cultura, con la agencia Paradiso —dirigida por Lis Cuesta, esposa de Miguel Díaz-Canel—, con FINCIMEX, perteneciente a GAESA, y con BioCubaFarma. También ha participado en iniciativas de comercio exterior y proyectos con organismos estatales. La empresa ha identificado, además, relaciones con firmas estadounidenses y proyectos que contemplan la importación desde Estados Unidos de materias primas y equipos, así como el desarrollo de redes de distribución hacia Cuba. Más que una empresa privada operando al margen del Estado, MultiSerF podría funcionar así como un puente entre estructuras económicas cercanas al régimen y mercados extranjeros.
La crisis todavía no ha desembocado en una transición política, pero bajo su superficie comienza a vislumbrarse una reconfiguración económica en la que distintos actores toman posiciones ante la Cuba que pueda emerger. El régimen intenta preservar el poder mientras adapta los mecanismos mediante los cuales controla, intermedia y captura recursos. Al mismo tiempo, inversores estadounidenses comienzan a posicionarse en sectores que podrían convertirse en puertas de entrada a la economía cubana.
Lo que está ocurriendo, por tanto, trasciende una sucesión de operaciones empresariales aparentemente inconexas. Mientras la crisis cotidiana concentra la atención de los cubanos, empresas, inversores y estructuras estatales o cercanas al régimen empiezan a disputar o preservar posiciones. El día después, al menos en materia económica, ya comienza a tomar forma.
