Crisis en Cuba: el Estado se retira
El acceso de los cubanos a servicios esenciales depende cada vez menos de un derecho reconocido y más de los recursos personales.
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La crisis cubana revela responsabilidades internas que el discurso oficial intenta explicar mediante el “bloqueo”: décadas de planificación central de la economía, gestión ineficaz, corrupción y prioridades estatales alejadas de las necesidades de la población. La cobertura de DIARIO DE CUBA de esta semana examina una de sus consecuencias más significativas: la retirada progresiva del Estado de servicios que durante décadas presentó como conquistas de la Revolución.
Un artículo de Lucía Alfonso Mirabal, publicado el 3 de noviembre, analiza siete normas aprobadas desde 2021 que permiten a actores privados asumir actividades hasta ahora bajo responsabilidad o control estatal. Aunque las disposiciones no transfieren las instalaciones públicas ni eximen legalmente al Estado de sus obligaciones, amplían el papel del mercado en la prestación de servicios esenciales. Esta apertura puede ofrecer alternativas ante el deterioro de los servicios públicos, pero también profundiza las desigualdades: el Estado deja de garantizar prestaciones que ahora dependen cada vez más de la capacidad de pago, sin establecer mecanismos que aseguren el acceso de quienes no pueden costearlas.
El transporte ilustra esta transformación. La Resolución 140/2024 amplió la participación privada, incluido el arrendamiento de medios estatales a cuentapropistas, entre la escasez de combustible y repuestos y el deterioro de los talleres públicos. En octubre, el ministro Eduardo Rodríguez Dávila reconoció que el transporte público cerrará 2026 con una caída del 75% respecto a 2025. Ante el desplome del servicio estatal, las alternativas privadas ganan terreno, pero sus precios convierten la movilidad en un gasto inasumible para buena parte de la sociedad.
Igual sucede con el cuidado de las personas mayores, enfermas o con discapacidad. La Resolución 245/2024 del MINSAP, el Acuerdo 10249 del Consejo de Ministros y la Resolución 247/2025 ampliaron y regularon la participación de actores no estatales en estas actividades. La última disposición contempla residencias con atención diurna, a tiempo completo o en ambas modalidades, y establece que al menos el 10% de las capacidades se reserve para necesidades de interés social. Sin embargo, no aclara quién financiará esas plazas ni qué alternativas tendrán quienes no puedan acceder a ellas. Esto resulta marcadamente crítico para una sociedad envejecida y empobrecida como la cubana, sin apenas alternativas estatales para este tipo de servicio.
El proceso alcanza también a los comedores del Sistema de Atención a la Familia (SAF). El Acuerdo 10418/2026 y la Resolución 14/2026 permiten la participación de actores privados y organizaciones sin ánimo de lucro en su sostenimiento. Sin embargo, la experiencia de una mipyme en El Vedado reveló que los alimentos suministrados por la Dirección Municipal de Comercio apenas cubrían el 10% de las necesidades de doce beneficiarios. La colaboración privada puede evitar así el cierre de algunos comedores, pero no resuelve la precariedad del sistema ni garantiza que la atención llegue a más personas.
La retirada del Estado también se manifiesta en servicios ajenos a estas normas. DIARIO DE CUBA ha documentado cómo numerosas familias buscan por su cuenta medicamentos, materiales sanitarios y tratamientos, incluso mediante recaudaciones de fondos para recibir atención en el extranjero. Una encuesta realizada este año por nuestro medio reveló que el 78,9% de los participantes había tenido dificultades para conseguir medicamentos. Actualmente, más de 90.000 personas esperan por una operación; decenas de miles tienen afectados sus tratamientos de radioterapia, quimioterapia y diálisis; y más de 34.000 embarazadas no reciben todos los tratamientos o seguimientos necesarios. A ello se suma que, entre 2021 y 2025, el sistema de salud perdió 145.266 trabajadores, incluidos 34.496 médicos.
La crisis del abastecimiento de agua ofrece otro ejemplo. Millones de cubanos dependen de soluciones precarias o de camiones cisterna a precios prohibitivos para muchos hogares. Esta semana, Miguel Díaz-Canel reconoció la gravedad del problema y volvió a prometer inversiones y soluciones técnicas, sin aclarar qué ocurrió con los plazos anunciados durante el verano ni fijar nuevas fechas.
Ambas crisis contrastan con las prioridades de inversión estatal. En 2024, el turismo y la hostelería concentraron el 37,4% de las inversiones, once veces más que la educación y la sanidad juntas. Entre 2022 y 2024, el Gobierno destinó 95.801 millones de pesos al turismo, diez veces más que a toda la inversión hidráulica. Estas cifras apuntan a responsabilidades internas que el discurso oficial, centrado en el “bloqueo”, deja fuera de su explicación.
Incluso en un sector lucrativo bajo monopolio estatal, como las telecomunicaciones, los cubanos pagan tarifas cada vez más altas por un servicio deficiente. Las recientes explicaciones de ETECSA, centradas en el vandalismo y los robos, no dan respuesta a la escasez de repuestos, la obsolescencia de la infraestructura ni las dificultades para restablecer las conexiones.
El Gobierno tampoco parece dispuesto a reconocer la magnitud de los problemas sociales ni a incorporar las demandas ciudadanas a sus decisiones. El 31 de octubre, el ministro de Trabajo y Seguridad Social negó la existencia de problemas sociales en Cuba y los redujo a situaciones particulares.
El 3 de noviembre, el Gobierno habilitó un mecanismo digital para recoger opiniones sobre las 176 transformaciones económicas y sociales ya aprobadas, sin garantías de que las propuestas ciudadanas puedan modificarlas ni compromisos de respuesta institucional. La consulta llega cuando las decisiones fundamentales están tomadas y exige, además, disponer de electricidad y conectividad, dos servicios que el propio Estado no logra garantizar.
Las sanciones estadounidenses, a las que el Gobierno atribuye buena parte de la crisis, tienen efectos económicos reales. Pero no explican por sí solas las prioridades de inversión, el deterioro de las infraestructuras, ni la falta de respuestas institucionales. Mientras el Estado reduce su capacidad para garantizar servicios esenciales, traslada a los ciudadanos la responsabilidad de resolver necesidades que antes asumía como propias. El acceso a esos servicios depende cada vez menos de un derecho reconocido y más de los recursos de cada familia, lo que revela la enorme dimensión del abandono.
