Lo que la crisis en Cuba deja al descubierto
Una investigación de DIARIO DE CUBA ofrece claves para interpretar las noticias de la semana.
La profundidad de la crisis cubana ha terminado por desplazar el foco hacia el funcionamiento interno del propio régimen. A medida que el colapso se acelera, pierde fuerza la explicación oficial que durante décadas atribuyó la situación a las sanciones estadounidenses. En su lugar, comienzan a emerger datos que permiten reconstruir el mecanismo mediante el cual un país con recursos y profesionales altamente cualificados ha terminado convertido en una nación empobrecida, dependiente e incapaz de garantizar los servicios más elementales.
Esta semana, DIARIO DE CUBA publicó una investigación propia realizada junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Armando.info, Transparencia Venezuela y La Prensa, que ilustra de manera contundente esta lógica. Documentos internos de PDVSA obtenidos por esta alianza de periodística, muestran que, cuando las autoridades cubanas atribuían la crisis energética de 2025 a la falta de combustible, al menos nueve cargamentos de petróleo venezolano fueron despachados hacia Cuba. Sin embargo, los barcos nunca llegaron a puertos de la Isla, según las fuentes de seguimiento marítimos consultadas.
La investigación siguió el rastro del petróleo venezolano destinado a Cuba hasta una red empresarial vinculada al empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, intermediario sancionado por Estados Unidos y estrechamente relacionado con el entorno de Nicolás Maduro y el régimen cubano. Los documentos reconstruyen una operativa que incluía el trasiego de combustible en alta mar y la reventa del crudo en Asia a través de Malasia. Más allá de revelar el desvío de recursos estratégicos, la investigación expone el funcionamiento del sistema de poder en la Isla: un entramado donde la ausencia de controles y de rendición de cuentas permite que incluso bienes esenciales desaparezcan sin que exista ningún mecanismo efectivo de supervisión. En una democracia, hechos de esta naturaleza darían lugar a investigaciones parlamentarias, auditorías y responsabilidades políticas. En Cuba, en cambio, evidencian la opacidad y la impunidad con que operan empresas estatales y vinculadas al poder, sociedades offshore e intermediarios privados.
Otras noticias de la semana revelan más aristas del sistema de gobierno.
El primer ministro Manuel Marrero reconoció que más del 70% de los hoteles permanece cerrado tras la salida de los principales operadores internacionales y que decenas de miles de trabajadores han quedado sin empleo. Lejos de replantear el modelo, el Gobierno responde con reformas parciales, autorizaciones limitadas y mayores mecanismos de control sobre la actividad económica. El fracaso se reconoce; lo que no se cuestiona es el principio que lo sostiene: el monopolio político y el control estatal sobre los sectores estratégicos.
Lo mismo ocurre con la nueva legislación sobre la tierra. Presentada como una actualización necesaria, la norma termina reafirmando el principio que durante décadas ha condenado a la agricultura cubana: impedir la consolidación de un campesinado verdaderamente propietario e independiente. Se introducen ajustes administrativos, pero no se altera la estructura de poder que ha determinado el desempeño del sector. En consecuencia, permanece intacta la causa principal de su fracaso.
