Honduras reta a la OEA
El caso de Honduras, que ha estado al orden del día internacional durante las últimas semanas, constituye un reto para los 34 países que integran la Organización de los Estados Americanos, no sólo porque cuestiona su eficacia en el trato con gobiernos individuales que presuntamente hubieren violado los postulados de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, sino también porque a repensar lo que en la actualidad entiende dicho organismo por Democracia representativa.
De 1982 á 2002 al menos doce presidentes fueron derrocados o debieron renunciar por exigencias de las fuerzas civiles y políticas, habiendo violado las normativas económicas o de anticorrupción de sus países y de la OEA. Los militares, en estos casos, jugaron un papel de ejecutores pero no fueron los artífices de los derrocamientos o renuncias, ni hubo en estos casos amenazas de exclusión de este organismo regional.
La OEA en conjunto ha condenado la salida forzosa del presidente José Manuel ‘Mel’ Zelaya Rosales, quizás por falta de información adecuada y por no haber tomado en cuenta algunos aspectos de gran peso que le harían reevaluar su opinión.
La crisis comenzó cuando el presidente Zelaya no presentó el presupuesto en el año 2008 para su aprobación por el Congreso Nacional; intentó destituir al jefe de las Fuerzas Armadas sin tener facultad constitucional para ello, pero la Corte Suprema de Justicia se lo impidió; insistió en una consulta popular, no prevista por la Constitución Nacional de Honduras ni por la ley, sin explicar lo que encontraba mal o inadecuado en la Constitución vigente y qué es lo que deseaba que se modificara de ella.
En Derecho Público los funcionarios únicamente pueden hacer aquello que la ley explícitamente les permite, y el Presidente Zelaya, siendo el mayor y más alto de los servidores públicos se salió de ese marco legal. Todo indica que lo que buscaba, entre otras cosas, era poder volver a reelegirse, siguiendo el ejemplo de Hugo Chávez. Más grave aún fue que desoyó las advertencias del Tribunal Supremo de Elecciones, de la Corte Suprema de Justicia, de la Procuraduría de la Nación, de la gran mayoría de miembros de gobierno y oposición del Congreso, y entre otros del Defensor de los Derechos Ciudadanos quienes le advirtieron que lo que intentaba hacer era ilegal y que no podían avalarlo.
La Iglesia encabezada por Cardenal Oscar A. Rodríguez, y todos los obispos miembros de la Conferencia Episcopal de Honduras (C.E.H.) en un comunicado de prensa del 2 de julio apoyan la decisión de retirar al presidente Zelaya de su cargo por cuanto que al violentar el artículo constitucional 329, cesó de inmediato, tal como reza la norma, en el desempeño del cargo; y solicita a la O. E. A. que preste atención a todos los actos de ilegalidad que por mano del presidente Zelaya venían sucediendo. Las Iglesias Católica y Evangélica, en conjunto han dado su apoyo al nuevo gobierno dirigido por el liberal Roberto Micheletti Baín, presidente del Congreso Nacional en funciones ejecutivas. El documento de la C.E.H. afirma que en Honduras “las instituciones del Estado democrático hondureño, están en vigencia y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho. Los tres poderes del Estado… están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución”.
La única crítica que la C. E. H. hace a lo acontecido es con relación a la expatriación forzosa hacia Costa Rica. ¿Acaso se tiene la certeza de que un arresto y posterior juicio no hubiese producido una confrontación violenta y sangrienta entre sus vándalos seguidores y el ejército apoyado probablemente por una gran mayoría de hondureños? ¿Acaso la incertidumbre que un tal juicio no acarrearía una grave crisis económica, cuyas consecuencias golpearían directamente a los más pobres? Sobre este punto específico el ejército no siguió la Constitución pero de haberla seguido pudiese haber generado un desastre nacional.
Por el contrario, Zelaya rindió visita especial al presidente Ortega de Nicaragua y estuvo en comunicación con el presidente Hugo Chávez, ninguno de los cuales profesan la democracia representativa y en el caso del último parece haber proporcionado las boletas de votación para la consulta de la cuarta urna en la que se votaría por una nueva constitución.
Este comportamiento de la OEA nos plantea el problema de saber si esta organización sigue fiel a la democracia representativa, tanto en su exigencia de pluralismo electoral como de pluralismo constitucional, que su estatuto y Carta Democrática consagran; o sí están alejándose de este concepto a favor de algún otro, por ejemplo, justificar la nueva actitud de apertura al régimen fidelista de los hermanos Castro cuando éstos rechazan expresamente todos los componentes de la democracia representativa.
Así el caso de Honduras reta a la OEA en cuanto a su identidad misma. ¿Es o no defensora de la democracia representativa?
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