Autor: Huber Matos
En los últimos meses la comunidad internacional ha sido una vez más testigo de la inquebrantable voluntad del pueblo cubano en su lucha por la libertad. En este enfrentamiento contra un régimen despótico, obsesionado en seguir monopolizando todas las instancias del poder, la solidaridad del mundo democrático es un factor determinante.
El enérgico rechazo de la Unión Europea a la propuesta española de apaciguar la política común hacia el gobierno de la isla, más la condena de la UE por la muerte de Orlando Zapata Tamayo y la represión contra las Damas de Blanco, sumados al activismo de la oposición, obligaron al régimen castrista a anunciar la excarcelación de un grupo de cincuenta y dos presos políticos.
Pero nadie debe confundir una maniobra tardía, insuficiente y mal intencionada con un auténtico propósito de cambio político en Cuba.
Atrapada entre el aislamiento internacional y las consecuencias de los errores que han llevado a la economía cubana al borde del colapso, la tiranía está obligada a lavarse la cara. Por esta razón se le ha ocurrido venderle al mundo la promesa de reformas en el campo económico a cambio de la simpatía y la ayuda de los gobiernos democráticos.
Pretenden que se les aplauda y se les ayude por hacer los cambios que tienen que hacer para seguir gobernando Cuba con un puño de hierro. Es como si el occidente democrático hubiera dado respaldo político y ayuda económica a Lenin en 1921 por su Nueva Política Económica (NEP), el conjunto de reformas tomadas con urgencia para evitar el colapso de la economía soviética.
No obstante, todo lo descrito anteriormente, nadie con conocimiento de las ventajas de la solución pacífica de los conflictos en una sociedad, puede rechazar la posibilidad de una solución negociada en Cuba. El Partido Cuba Independiente y Democrática (CID) considera que en determinadas condiciones ese camino puede conducir a buen fin: la transición a un Estado de Derecho.
Para crear las condiciones de una solución negociada, la Unión Europea, los Estados Unidos y los demás países solidarios con el pueblo cubano solamente deben modificar su actual posición si en Cuba se negocian reformas políticas con la oposición.
Con anterioridad, el gobierno de Cuba debe permitir la legalización de partidos políticos y reconocer su derecho a exponer sus programas y puntos de vista al pueblo cubano sin ninguna restricción.
Aunque inicialmente esta proposición tendrá la resistencia del grupo más atrincherado en el poder, creemos que será apoyada por la población y por la mayoría de los miembros de la nomenclatura que están conscientes del agotamiento del sistema y del generalizado descontento del pueblo. No es una opción continuar frenando una transición hacia la democracia con maniobras y demagogia. La libertad, los derechos y el progreso del pueblo cubano exigen leyes justas, instituciones independientes y rendición de cuentas.
PATRIA, PUEBLO Y LIBERTAD
Por el Ejecutivo Nacional:
Roberto Marrero La Rosa, Jorge Luis Garcia Perez “Antunez”, Reinaldo Villafaña Villavicencio, Ricardo Medina Salabarría, Katia Sonia Martin Veliz, Nivaldo Amado Ramírez, Jorge Estable Rodríguez, Cesar González Figueredo, Alejandro Cabrera Cruz, Liliana Bencomo Menéndez, Marlene Bermúdez Sardiñas
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