Todos somos de los Derechos Humanos
LA HABANA, Cuba, octubre, www.cubanet.org -Si una institución en Cuba ha
cumplido su cometido histórico, esa ha sido la prensa independiente. Y ya es
hora de conceptualizarla así, como institución, porque además de haber enviado
al mundo un inmenso cúmulo de información fidedigna y reveladora, abriéndose
paso entre las más disímiles adversidades impuestas por la censura
gubernamental, también hasta ha servido en ocasiones para que los gobernantes
corrijan sus errores.
El propósito de este artículo no es otro que el de evitar un fatal accidente, y hasta quizá la muerte de al menos dos niños, de 6 y 7 años, y una niña de 13.
Taira Martínez Rodríguez, quien es nuestra fuente de información, quiere que el mensaje vaya especialmente dirigido hacia los funcionarios de alto rango, con el propósito de causar en ellos algún efecto persuasivo, o de captar la atención de un sector influyente en el extranjero y que, por los disimiles canales de comunicación, se ejerza presión sobre las autoridades.
Taira está a punto de parir. Se apareció en mi casa y me dijo: “Vengo a verlo porque he acudido a todas las instancias provinciales del gobierno y del Instituto de la Vivienda, y no dan ninguna solución a mi problema. Quiero que usted publique la realidad en la que vive mi familia”
En la calle Tejar, entre 15 y 16, del reparto habanero Lawton, existe un pasillo, señalado con el numero 610, que conduce al apartamento 2. Sus paredes, de mampostería carcomida por el tiempo y por la falta de mantenimiento, no causan mucho susto a fuerza de ser casi la norma en la ciudad, pero una vez en su interior, basta con levantar la vista hacia el techo, para pronosticar una tragedia segura.
El apartamento consta de dos dormitorios y una sala comedor, y lo habitan 5 mujeres solteras, con los 3 menores. El techo de los dormitorios es de madera, totalmente podrida, construido en los años veinte. En ambas habitaciones hay sendos boquetes, por donde penetran los rayos del sol o la lluvia. Las tejas, estilo francesas, amenazan con desplomarse de un momento a otro, y pobre del que esté abajo cuando esto suceda.
La sala comedor devino dormitorio, su techo es de hormigón, y también se filtra a cántaros, con el mismo pronóstico de un súbito derrumbe. No se ven camas por ninguna parte, la humedad las pudrió, rompió las ollas eléctricas, el televisor, un radio y demás efectos electrodomésticos. Las mujeres prácticamente son propietarias de nada.
Es común ver a los niños comer y estudiar en el piso. Cuando no llueve, duermen en el piso. Si llueve, lo hacen sentados por los rincones. Entonces a los niños se les mojan los cuadernos y la ropa, razón por la que deben faltar frecuentemente a la escuela. Las tuberías sanitarias se tupieron. Así que todos hacen sus necesidades en un cubo, que luego deben vaciar en la alcantarilla. No disponen de agua corriente para tomar o asearse.
Desde 1993, esta vivienda está considerada como inhabitable, y con orden de demolición por parte de las autoridades municipales del Instituto de la Vivienda. Llevaron a la familia para un albergue estatal, y de ahí sería trasladada para otro, denominado Sexto Congreso. La familia continuaba viviendo apiñada en un cubículo que le asignaron, de modo provisional. Las aguas albañales de una fosa corrían por la puerta de entrada del cubículo, había que pagar para que les trajeran agua potable, y el elemento humano del albergue era pésimo.
Le prometieron a esta familia que una brigada estatal le ayudaría a reconstruir su casa, y al final resultó un engaño. Nuevamente las desalojaron del albergue, y regresaron a la casa después de haber transcurrido tres años albergadas. Los gatos eran ya los dueños del lugar.
Por desgracia, son miles las familias que viven en similares condiciones en el país. Mercedes Martínez Rodríguez, la madre de estas mujeres, padece de los nervios, y dice que ya le queda muy poca esperanza de vivir algún dia en una casa mínimamente confortable.
Ahora la familia se encuentra registrada como “albergada en su propia casa”, cuestión que puede dar pie a la corrupción. No pocos funcionarios de Vivienda y del departamento de Albergues, venden la condición de albergados, y preparan un expediente de caso social a supuestos necesitados. Más tarde, asignan una casa sin propietario, la cual será vendida.
Cada vez el Estado cuenta con menos casas en el Fondo Habitacional, para su entrega a los necesitados. Esto ha llevado a que funcionarios de la Vivienda tengan que custodiar las casas vacías, para evitar que sean ocupadas por las tantas familias desamparadas. Las custodian y, mientras tanto, los vecinos se van acostumbrando a su presencia, de modo que cuando son vendidas, nadie se da por enterado.
A la delegada de la circunscripción de este barrio, que a la vez en la Vice-presidenta del Gobierno Municipal, “le asignaron un tremendo apartamento, y le repararon y pintaron el edificio”, denuncia la familia de Taira.
Meses atrás, una de las mujeres de esta familia ocupó con sus dos hijos un cuarto sin propietario, pero al cabo de unos días la sacaron por la fuerza. Posteriormente, el cuarto se lo entregaron a un policía, jefe de los jefes de sectores, para que lo utilizara como oficina, cuando todos en el barrio saben que los jefes de sectores tienen un local con cinco oficinas, construido no hace ni cuatro meses.
La familia no puede obtener crédito para reconstruir por cuenta propia, pues su propiedad todavía está a nombre de los difuntos padres, y porque, burocráticamente, aparecen como “albergados”.
Al despedirme de estas pobres mujeres, Yarumis me hizo dos preguntas: ¿Usted cree que nuestro caso se resuelva? No pude responderle. Entonces me preguntó: ¿Usted es “de los Derechos Humanos”? Le respondí que todos somos de los Derechos Humanos, porque todos nacemos con esos derechos.
El propósito de este artículo no es otro que el de evitar un fatal accidente, y hasta quizá la muerte de al menos dos niños, de 6 y 7 años, y una niña de 13.
Taira Martínez Rodríguez, quien es nuestra fuente de información, quiere que el mensaje vaya especialmente dirigido hacia los funcionarios de alto rango, con el propósito de causar en ellos algún efecto persuasivo, o de captar la atención de un sector influyente en el extranjero y que, por los disimiles canales de comunicación, se ejerza presión sobre las autoridades.
Taira está a punto de parir. Se apareció en mi casa y me dijo: “Vengo a verlo porque he acudido a todas las instancias provinciales del gobierno y del Instituto de la Vivienda, y no dan ninguna solución a mi problema. Quiero que usted publique la realidad en la que vive mi familia”
En la calle Tejar, entre 15 y 16, del reparto habanero Lawton, existe un pasillo, señalado con el numero 610, que conduce al apartamento 2. Sus paredes, de mampostería carcomida por el tiempo y por la falta de mantenimiento, no causan mucho susto a fuerza de ser casi la norma en la ciudad, pero una vez en su interior, basta con levantar la vista hacia el techo, para pronosticar una tragedia segura.
El apartamento consta de dos dormitorios y una sala comedor, y lo habitan 5 mujeres solteras, con los 3 menores. El techo de los dormitorios es de madera, totalmente podrida, construido en los años veinte. En ambas habitaciones hay sendos boquetes, por donde penetran los rayos del sol o la lluvia. Las tejas, estilo francesas, amenazan con desplomarse de un momento a otro, y pobre del que esté abajo cuando esto suceda.
La sala comedor devino dormitorio, su techo es de hormigón, y también se filtra a cántaros, con el mismo pronóstico de un súbito derrumbe. No se ven camas por ninguna parte, la humedad las pudrió, rompió las ollas eléctricas, el televisor, un radio y demás efectos electrodomésticos. Las mujeres prácticamente son propietarias de nada.
Es común ver a los niños comer y estudiar en el piso. Cuando no llueve, duermen en el piso. Si llueve, lo hacen sentados por los rincones. Entonces a los niños se les mojan los cuadernos y la ropa, razón por la que deben faltar frecuentemente a la escuela. Las tuberías sanitarias se tupieron. Así que todos hacen sus necesidades en un cubo, que luego deben vaciar en la alcantarilla. No disponen de agua corriente para tomar o asearse.
Desde 1993, esta vivienda está considerada como inhabitable, y con orden de demolición por parte de las autoridades municipales del Instituto de la Vivienda. Llevaron a la familia para un albergue estatal, y de ahí sería trasladada para otro, denominado Sexto Congreso. La familia continuaba viviendo apiñada en un cubículo que le asignaron, de modo provisional. Las aguas albañales de una fosa corrían por la puerta de entrada del cubículo, había que pagar para que les trajeran agua potable, y el elemento humano del albergue era pésimo.
Le prometieron a esta familia que una brigada estatal le ayudaría a reconstruir su casa, y al final resultó un engaño. Nuevamente las desalojaron del albergue, y regresaron a la casa después de haber transcurrido tres años albergadas. Los gatos eran ya los dueños del lugar.
Por desgracia, son miles las familias que viven en similares condiciones en el país. Mercedes Martínez Rodríguez, la madre de estas mujeres, padece de los nervios, y dice que ya le queda muy poca esperanza de vivir algún dia en una casa mínimamente confortable.
Ahora la familia se encuentra registrada como “albergada en su propia casa”, cuestión que puede dar pie a la corrupción. No pocos funcionarios de Vivienda y del departamento de Albergues, venden la condición de albergados, y preparan un expediente de caso social a supuestos necesitados. Más tarde, asignan una casa sin propietario, la cual será vendida.
Cada vez el Estado cuenta con menos casas en el Fondo Habitacional, para su entrega a los necesitados. Esto ha llevado a que funcionarios de la Vivienda tengan que custodiar las casas vacías, para evitar que sean ocupadas por las tantas familias desamparadas. Las custodian y, mientras tanto, los vecinos se van acostumbrando a su presencia, de modo que cuando son vendidas, nadie se da por enterado.
A la delegada de la circunscripción de este barrio, que a la vez en la Vice-presidenta del Gobierno Municipal, “le asignaron un tremendo apartamento, y le repararon y pintaron el edificio”, denuncia la familia de Taira.
Meses atrás, una de las mujeres de esta familia ocupó con sus dos hijos un cuarto sin propietario, pero al cabo de unos días la sacaron por la fuerza. Posteriormente, el cuarto se lo entregaron a un policía, jefe de los jefes de sectores, para que lo utilizara como oficina, cuando todos en el barrio saben que los jefes de sectores tienen un local con cinco oficinas, construido no hace ni cuatro meses.
La familia no puede obtener crédito para reconstruir por cuenta propia, pues su propiedad todavía está a nombre de los difuntos padres, y porque, burocráticamente, aparecen como “albergados”.
Al despedirme de estas pobres mujeres, Yarumis me hizo dos preguntas: ¿Usted cree que nuestro caso se resuelva? No pude responderle. Entonces me preguntó: ¿Usted es “de los Derechos Humanos”? Le respondí que todos somos de los Derechos Humanos, porque todos nacemos con esos derechos.
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