martes, 4 de diciembre de 2012

El tiro de gracia a la ofensiva revolucionaria
Osmar Laffita
Cuba actualidad, Capdevila, La Habana, (PD) Hace más de 44 años de la Ofensiva Revolucionaria de marzo de 1968 cuando de manera arbitraria Fidel Castro liquidó de un plumazo a decenas de miles de pequeños y medianos negocios privados que habían sobrevivido en los primeros años del régimen revolucionario a la incautación forzosa de centenares de grandes empresas propiedad de compañías, tanto extranjeras como nacionales.cafeteria
Como consecuencia de la devastadora crisis económica provocada por la caída de los países socialistas y la posterior desintegración de la Unión Soviética, el gobierno cubano, en 1993, coyunturalmente, aprobó el trabajo por cuenta propia. Pocos meses después unas 280 000 personas ejercían el trabajo privado, con un alto porciento dedicado a la actividad gastronómica.
A inicios del año 2001, gracias al pago por parte del gobierno venezolano de miles de millones de dólares por los miles de médicos y paramédicos enviados desde Cuba, comenzó una política dirigida a fortalecer la actividad estatal en la gastronomía con el único propósito de reducir al mínimo la actividad privada en la actividad de elaboración y venta de alimentos, al extremo que finalizado el año 2010 tenían licencia de cuentapropistas una 90 000 personas.
A finales de 2010, ante la crisis surgida por los centenares de miles de trabajadores que sobran en las plantillas de las empresas estatales, se determinó por el gobierno abrir fuentes alternativas de empleo no estatal. Entonces, se inició, al amparo de medidas legales, la flexibilización del cuentapropismo. A finales de mayo, cerca de 390 000 personas ejercían la actividad privada en diferentes negocios.
Durante muchos años, el gobierno no tomó medidas para resolver la situación de miles de establecimientos gastronómicos propiedad del Estado, que fueron incautados forzosamente en la Ofensiva Revolucionaria, a pesar de las perdidas económicas que originaban, el avanzado deterioro y abandono de estos establecimientos, que en no pocos casos son focos de negocios ilícitos de todo tipo y de descontrol generalizado.
Pero en la Asamblea Nacional del Poder Popular, a finales de diciembre del pasado año, el zar de la economía, Marino Murillo, anunció que se había decidido arrendar los establecimientos gastronomicos propiedad del Estado en los que están empleados unos 120 000 trabajadores.
Después de un serio forcejeo entre continuistas y aperturistas y trascurrido prácticamente un año del anuncio de esta medida, el gobierno cubano dio a conocer por la Gaceta Oficial No. 51 de fecha 6 de noviembre las resoluciones 241/12, 349/12 y la 46/12, de los ministerios de Comercio Interior, Finanzas y Precios y de Trabajo y Seguridad Social respectivamente en que se pone en vigencia la nueva modalidad de gestión económica privada por arrendamiento de los establecimientos gastronómicos propiedad del Estado.
Si bien tales arrendamientos se aplicará inicialmente en 200 establecimientos localizados en las provincias de Artemisa y Villa Clara y entrará en vigor el primero de diciembre del presente año, se extenderá de manera paulatina sin plazo fijo a lo largo del todo el país en 1200 establecimientos que tengan en plantilla entre uno y cinco trabajadores que automáticamente pasarán a ser trabajadores por cuenta propia.
Tan limitado arrendamiento no resolverá de manera definitiva el caótico estado de cosas en que están sumidas las empresas gastronómicas que mal dirigen los Consejos de Administración Municipal.
Los sectores más ortodoxos dentro del gobierno impusieron su voluntad a los militares reformistas que forman el selecto club que dirige el presidente Raúl Castro y lograron, en contra de toda lógica de eficiencia y rentabilidad económica, que los establecimientos con más de cinco trabajadores, que son la mayoría, continúen administrados por el Estado.
Los compromisos que están obligados a cumplir los arrendatarios de estos establecimientos están dirigidos a limitar al máximo sus ganancias. Muestra de ello es el impuesto personal que tendrán que pagar mensualmente, que fluctúa entre 16 y 28 dólares.
Los insumos para elaborar los alimentos, tanto en paladares como en cafeterías, tendrán que comprarlo en el mercado minorista. Solo los cigarros y las bebidas alcohólicas tendrán descuento
Los servicios básicos, como la electricidad, el agua y el teléfono, tendrán que pagarlo de acuerdo a la tarifa residencial vigente. De igual manera, la remodelación y mantenimiento de estos deteriorados locales tendrá que ser asumida por los arrendatarios.
Será difícil encontrar los nuevos arrendatarios ante la proliferación de centenares de establecimiento en poder de los cuentapropistas desde hace más de un año, que han sobrevivido a la fiera competencia inicial y se han posesionado del lucrativo mercado gastronómico. Bajo el principio darvinista, solo han prevalecido los más fuertes.
Sin duda, a los nuevos arrendatarios les resultara bastante difícil sobrevivir, imponerse y triunfar.
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Fotos: Osmar Laffita

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