Cuentapropistas: Contra ellos viejo método de “premio y castigo”
LA HABANA, Cuba, octubre, www.cubanet.org -Días atrás, una razia combinada entre fuerzas de la policía (PNR) y del cuerpo de inspectores creado al calor de la “lucha anti-corrupción” declarada por el General-Presidente para acabar con las ilegalidades de los otros –que no con las propias–, realizó una batida contra los cuentapropistas que venden productos industriales, en particular los que, amparados bajo la licencia de “modistas o sastres”, comercian con confecciones importadas, fundamentalmente de Ecuador, México y Panamá.
El escudo oficial para estos operativos de purga está descrito en las regulaciones que establecen y limitan la actividad de esta licencia al arreglo y confección de ropas, con un “impuesto mínimo”, y se justifican porque “en nuestro país las personas naturales no pagan aranceles comerciales, por tanto no está permitida la venta de esas mercancías”. (Granma, jueves 26 de septiembre de 2013, pág. 3)
La prensa oficial tiene la delicadeza de llamar “ajustes encaminados al perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia” a las medidas coercitivas que se aplican regularmente contra estos comerciantes –quienes han estado haciendo la competencia al Estado con marcado éxito debido a que ofrecen una mayor variedad y calidad en sus mercancías y también mejores precios–, lo que corrobora que en principio la apertura de las eufemísticamente llamadas “formas no estatales de empleo” no tienen el objetivo de mejorar la situación económica de la población ni de potenciar la generación de bienestar y riqueza para los cubanos, sino de aliviar al gobierno de la responsabilidad que asumió durante décadas como empleador único, la que ya no está en condiciones de sostener, así como aprovechar el beneficio de recaudar ingresos a partir de los impuestos.
Así, lejos de ampliar las posibilidades de los más emprendedores y procurar modificar lo establecido flexibilizando y enriqueciendo el espectro legal, una vez más el gobierno pone en práctica su vocación represiva, porque las llamadas reformas raulistas no están destinadas realmente a beneficiar la economía de los trabajadores cubanos sino a impedir el colapso del sistema. En consecuencia, para las autoridades lo más significativo del trabajo por cuenta propia no es tanto el monto de los ingresos derivados de los leoninos impuestos sobre el trabajo privado como la posibilidad de establecer un mecanismo de control sobre este tipo de actividad económica que permite a la vez el control político, justamente a través del viejo método de “premio y castigo”. Es por eso que el interés de la cúpula, al contrario de los gobiernos de sociedades libres y democráticas, no consiste en estimular la riqueza de su pueblo sino, por el contrario, en impedirla: un pueblo rico es, por principio, un pueblo libre.
Y a la vez que los cubanos comunes son constreñidos al corsé castrista de la pobreza permanente, como si de una virtud ésta se tratara, el gobierno afina los instrumentos legales para garantizar para sí y a perpetuidad toda la riqueza. De hecho, el Granma (martes 24 de septiembre de 2013) anunció la publicación en la edición Extraordinaria No. 26 de la Gaceta Oficial, con fecha 23 de septiembre, el Decreto-Ley No. 313 “De la Zona Especial de Desarrollo Mariel”, del Consejo de Estado, así como su Reglamento (Decreto No. 316 del Consejo de Ministros) y las disposiciones jurídicas reglamentarias para la administración de la mencionada Zona, una especie de burbuja capitalista en el socialismo castrista para aquellos que sí tienen el derecho y el privilegio de enriquecerse: la casta, sus ungidos y sus aliados extranjeros.
Curiosamente, aunque las normativas del trabajo por cuenta propia han sido muy divulgadas y hasta “explicadas” a la población a través de los medios, no ocurre lo mismo con las disposiciones jurídicas en las cuestiones relacionadas con los intereses económicos gubernamentales. Hasta el momento se dificulta el acceso al mencionado Decreto-Ley No. 313 en la página web de la Gaceta Oficial, tampoco ésta ha sido vendida en los estanquillos, como si de una operación secreta se tratara.
Ya hay quienes comentan que posiblemente Mariel sea algo así como una nueva “Caimanera”, donde rigen otro sistema y otras relaciones económicas y a donde solo se podrá acceder mediante un pase especial. A ese tenor, acaso llegue el día en que los cubanos libres tengamos que reclamar a los Castro la devolución de Mariel.
Pero, definitivamente, no podemos decir que Cuba sea un país sin leyes. Leyes hay, y muchas, escritas tanto para el gobierno como para el resto de los cubanos. Solo que el gobierno, a través de sus servidores, es el único que las concibe, las redacta, las sanciona y las ejerce, y todas ellas se basan en el viejo truco de la “Ley del Embudo”, que se resume en un simple renglón: lo ancho para mí y lo estrecho para ti. No será necesario especificar a qué parte corresponde cada categoría.
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