IPYS alerta sobre el aumento en las medidas de censura
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En el país persiste un desproporcionado uso abusivo del poder del Estado
31 DE OCTUBRE 2013 - 05:03 PM
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela alertó sobre el vertiginoso aumento de los procedimientos judiciales y las medidas de censura que afectan las libertades informativas y de opinión en el país. Así lo expresó Marianela Balbi, directora ejecutiva de esta organización no gubernamental de DDHH, en la audiencia sobre la situación de la libertad de expresión y el acceso a la información pública en Venezuela, en el marco del 149° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Balbi describió que en el país persiste un desproporcionado uso abusivo del poder del Estado para criminalizar la labor de los periodistas, los medios privados e independientes, así como a activistas de derechos humanos y reporteros ciudadanos.
“Del 1 enero al 10 octubre de 2013, IPYS Venezuela ha reportado 30 casos de censura por parte de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, instancias que han emprendido medidas que prohíben la difusión de información sobre temas de interés para los ciudadanos. Esta cifra evidencia un incremento en la aplicación de controles sistemáticos por parte del Estado venezolano, al compararse con el mismo período del año 2012, cuando se reportaron 7 casos de censura por parte de las instancias del poder público venezolano”, documentó IPYS Venezuela.
La directora ejecutiva de IPYS Venezuela expresó que preocupa el aumento de procesos judiciales que se han iniciado contra periodistas, directivos de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, si se comparan los datos entre enero y octubre de 2012 y 2013. “En el año en curso IPYS Venezuela ha reportado 20 acciones legales, mientras que en 2012 se registraron 4 incidentes de este tipo. Mediante estos hechos se ha buscado presionar y criminalizar a los periodistas y medios de comunicación que han difundido información sobre la corrupción en la gestión pública; la situación de inseguridad ciudadana y la conflictividad sociopolítica, las presuntas arbitrariedades en el contexto electoral, y las irregularidades de abastecimientos de bienes y servicios básicos”.
El Estado venezolano persiste en la aplicación de mecanismos legales para restringir el trabajo de los periodistas y los medios privados e independientes, mediante acciones judiciales y órdenes de altos funcionarios de los poderes públicos, principalmente, de acuerdo a la información presentada por IPYS Venezuela. “En algunos casos, se ha pedido cárcel y el castigo más severo para los representantes de los medios”, como fue la denuncia presentada contra el Diario 2001, indicó Balbi.
“Las denuncias formuladas por diferentes representantes ejecutivos han sido respaldadas con la actuación de la Fiscalía General de la República, de manera que muestran una posible articulación entre los poderes públicos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión e información, tanto de los trabajadores de medios como de la sociedad en general”.
IPYS Venezuela ha documentado diversas medidas legales y acciones de censura que han afectado a los diarios el Correo del Caroní, en el estado Bolívar; y el diario La Mañana, en el estado Falcón; El Nacional y Tal Cual, en Caracas. Han sido señalados por la vía penal varios periodistas entre ellos Horacio Contreras, locutor y director de Studio 102.7 FM, en Mérida; Leonardo León, locutor de ULA FM 107.7 y corresponsal del diario El Nacional; Nelson Bocaranda, locutor del Circuito Unión Radio y director del portal Run.run.es; Miguel Enrique Otero, editor de El Nacional; Leocenis García, presidente del semanario 6to Poder; y Francisco “Pancho” Pérez, columnista de El Carabobeño. De igual manera, fueron citados por tribunales, en calidad de testigo, Luz Mely Reyes; directora del Diario 2001; Omar Luis; subdirector y el jefe de información del mismo periódico Juan Ernesto Páez Pumar.
Balbi describió que en el país persiste un desproporcionado uso abusivo del poder del Estado para criminalizar la labor de los periodistas, los medios privados e independientes, así como a activistas de derechos humanos y reporteros ciudadanos.
“Del 1 enero al 10 octubre de 2013, IPYS Venezuela ha reportado 30 casos de censura por parte de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, instancias que han emprendido medidas que prohíben la difusión de información sobre temas de interés para los ciudadanos. Esta cifra evidencia un incremento en la aplicación de controles sistemáticos por parte del Estado venezolano, al compararse con el mismo período del año 2012, cuando se reportaron 7 casos de censura por parte de las instancias del poder público venezolano”, documentó IPYS Venezuela.
La directora ejecutiva de IPYS Venezuela expresó que preocupa el aumento de procesos judiciales que se han iniciado contra periodistas, directivos de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, si se comparan los datos entre enero y octubre de 2012 y 2013. “En el año en curso IPYS Venezuela ha reportado 20 acciones legales, mientras que en 2012 se registraron 4 incidentes de este tipo. Mediante estos hechos se ha buscado presionar y criminalizar a los periodistas y medios de comunicación que han difundido información sobre la corrupción en la gestión pública; la situación de inseguridad ciudadana y la conflictividad sociopolítica, las presuntas arbitrariedades en el contexto electoral, y las irregularidades de abastecimientos de bienes y servicios básicos”.
El Estado venezolano persiste en la aplicación de mecanismos legales para restringir el trabajo de los periodistas y los medios privados e independientes, mediante acciones judiciales y órdenes de altos funcionarios de los poderes públicos, principalmente, de acuerdo a la información presentada por IPYS Venezuela. “En algunos casos, se ha pedido cárcel y el castigo más severo para los representantes de los medios”, como fue la denuncia presentada contra el Diario 2001, indicó Balbi.
“Las denuncias formuladas por diferentes representantes ejecutivos han sido respaldadas con la actuación de la Fiscalía General de la República, de manera que muestran una posible articulación entre los poderes públicos para restringir el ejercicio de la libertad de expresión e información, tanto de los trabajadores de medios como de la sociedad en general”.
IPYS Venezuela ha documentado diversas medidas legales y acciones de censura que han afectado a los diarios el Correo del Caroní, en el estado Bolívar; y el diario La Mañana, en el estado Falcón; El Nacional y Tal Cual, en Caracas. Han sido señalados por la vía penal varios periodistas entre ellos Horacio Contreras, locutor y director de Studio 102.7 FM, en Mérida; Leonardo León, locutor de ULA FM 107.7 y corresponsal del diario El Nacional; Nelson Bocaranda, locutor del Circuito Unión Radio y director del portal Run.run.es; Miguel Enrique Otero, editor de El Nacional; Leocenis García, presidente del semanario 6to Poder; y Francisco “Pancho” Pérez, columnista de El Carabobeño. De igual manera, fueron citados por tribunales, en calidad de testigo, Luz Mely Reyes; directora del Diario 2001; Omar Luis; subdirector y el jefe de información del mismo periódico Juan Ernesto Páez Pumar.
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