Comedores para ancianos dan pena
LA HABANA, Cuba, noviembre, www.cubanet.org -La Constitución cubana, en su artículo 48, expresa: “El Estado protege mediante la asistencia social a los ancianos sin recursos y a cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda”. En la ley 105 de la Seguridad Social y el reglamento 283 se establecen los requisitos para cumplir el mencionado artículo.
Pero a pesar de la propaganda del Gobierno sobre los importantes recursos que invierte en la asistencia social, para un anciano es muy difícil lograr este amparo por la serie de trabas que se les imponen.
Tomasa es una de estas ancianas. Dice que nunca trabajó para el Gobierno: cosía para la calle y ahora la artritis no se lo permite. Ella hizo las gestiones para una ayuda, pero como tiene un hijo se la negaron.
“Yo vivo sola”, afirma, “porque aunque mi hijo está anotado en el Registro de Direcciones y en la libreta de racionamiento (no quiero que pierda el cuartico cuando yo me muera); está casado, tiene dos hijos y vive agregado con la mujer. Su sueldo no le alcanza ni para ellos. ¿Qué condiciones tiene para ayudarme? Y a pesar de eso, me da dinero para pagar el refrigerador y para sacar la cuota”.
En Cuba existen 2 045 000 ancianos, que representan el 18,3 % de la población, según datos del más reciente censo realizado en el 2012 y publicado en el periódico Granma el 8 de noviembre de 2013. Como estrategia para enfrentar el envejecimiento poblacional fue creado hace diecisiete años el Sistema de Atención a la Familia (SAF), consistente en comedores para venderles comida barata a los ancianos que reciben de pensión 200 pesos o menos.
En todos estos años, los SAF no se han incrementado. Existen muy pocos en cada municipio. Algunos han cerrado por peligro de derrumbe, y en casi todos los restantes las condiciones constructivas son malas. Las cocinas son improvisadas y la falta de higiene es alarmante.
Es deprimente pasar por uno de estos locales y ver a los ancianos haciendo cola de pie mientras esperan a que les sirvan en sus recipientes el alimento mal elaborado que luego mejoran en sus casas.
Pero aun conociendo todas estas dificultades, los ancianos luchan para ser censados. Rebeca es una de estas. Recibía ayuda de su hermana en el extranjero, pero ésta falleció, y ella carece de solvencia económica. Se queja de que las exigencias de la asistencia social son muchas.
En el año 2010, con la política de suprimir gratuidades, muchos ancianos que recibían asistencia social fueron excluidos . Linet tiene 73 años. Vivía con una hermana mayor que tenía un hijo con retraso mental. Al morir ésta, al joven le adjudicaron la pensión de la madre. Linet, que había trabajado casi siempre como doméstica, solicitó entonces una asistencia social y se la otorgaron.
Sin embargo, en el 2010, dicha asistencia le fue retirada. Por mucho que ha escrito a todas las instancias, no se la han restituido porque en su casa vive un pensionado –el sobrino- que supuestamente tiene la obligación de mantenerla.
El que los familiares “que tengan condiciones” deban prestarles ayuda a los ancianos sin recursos, es sumamente debatible, si se tiene en cuenta que en Cuba son bien pocas (por no decir ninguna) las personas que son salarialmente autosuficientes. La responsabilidad de proporcionar una existencia digna mediante la asistencia social, corresponde al Estado.
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