Jesús y María batallan por su patio
Continúa la batalla legal de un matrimonio de ancianos a quienes las autoridades confiscaron parte de su propiedad en Alquizar
martes, septiembre 30, 2014 | Jose Antonio Fornaris | 0 Comentarios
María, Jesús y la abogada Odalina – Foto del autor
ALQUIZAR, Cuba -En abril último, Cubanetpublicó el caso de Jesús Soriano y María Elena Barrera, dos ancianos a quienes la Oficina Municipal de la Vivienda en el municipio Alquízar, provincia Artemisa, privó de más del 60% del patio de su casa, en una acción que al parecer tiene muchos visos de ilegalidad.
La reacción de las autoridades al artículo de Cubanet fue la visita al hogar de Jesús y María de Daile Lencé, una funcionaria del Poder Popular (gobierno local), que aseguró Soriano, “me tildó de mentiroso”.
Además, la abogada Odalina Guerrero, que trata de ayudar a la pareja a resolver el caso, fue citada por la Seguridad del Estado. Guerrero es integrante de laAsociación Jurídica Cubana y asesora a los ancianos en la reclamación legal.
“El oficial que me citó se nombra Javier Rebozo Pérez. La Seguridad del Estado estaba poniendo en duda lo referente a que la policía había actuado en apoyo a los funcionarios de la Dirección de la Vivienda. Le respondí que eso estaba explicito en lo dicho por el señor Jesús Soriano, que constaba en la grabación que el periodista tiene de la entrevista”.
Eso, que a todas luces parece ser cierto, está repetido en una denuncia formulada por Soriano ante la Contraloría General de la República el 10 de julio.
“ (…) en fecha 14 de febrero del año en curso se presentó la Directora municipal de Vivienda de Alquízar nombrada Teresa Ramírez Masó, de conjunto con el sub oficial Yadiel Martínez conocido como El Isleño, alegando darían cumplimiento a una Sentencia del Tribunal Supremo se presentaron en mi vivienda. El sub oficial con un machete cortó las matas, y la directora de vivienda (sin estar calificada para ello) midió a su conveniencia por donde echaron la cerca los vecinos. Trayendo este actuar arbitrario y fuera de su competencia, daños graves a mi propiedad…”.
Soriano asevera, además, que otra ocasión estuvieron en su hogar otros dos policías acompañando a funcionarios de la Dirección de Vivienda.
La batalla emprendida por Jesús Soriano y María Elena Barrera para que les sea reintegrado lo que afirman les pertenece por derecho y ley hace más de medio siglo, se les ha tornado en una especie de Vía Crucis.
En un principio fueron a la policía a denunciar el caso, esta los mandó a la Fiscalía. En la Fiscalía, después de cerca de un mes con toda la documentación relacionada con el asunto, les dijeron que el problema no entraba en su jurisdicción.
Se dirigieron entonces al gobierno local, ahí tuvieron una entrevista con el president, que determinó que plantearan todo el sumario al departamento de Atención a la Población.
La jefa de ese departamento es la que se personó en el hogar de la familia Soriano-Barrera y acusó a Soriano de haber mentido en sus declaraciones a la prensa.
Según afirma la abogada Odalina Guerrero, todo el proceso por el que están pasando estas personas, ya en el ocaso de sus vidas, es una violación fragrante del Decreto-Ley 288 que establece el uso, disfrute y disposición de la propiedad por los titulares.
La reclamación se encuentra ahora en el Tribunal Supremo. En esa institución tienen cifradas las esperanzas de poder rescatar la parte de su propiedad cercenada los esposos Jesús y María.
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