SOCIEDADVIERNES 29 DE MAYO 2015
Los diez países del mundo con más sentencias de muerte
Por: Dario Mizrahi
Al menos 2.466 personas fueron condenadas en los 55 estados que aplicaron la pena capital en 2014. En 607 casos se hicieron efectivas las ejecuciones
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Nigeria fue el país que dictó el mayor número de sentencia de muerte a nivel mundial en 2014. Fueron 659, según datos de Amnistía Internacional (AI).
En segundo lugar quedó Egipto, con 509 condenas. Y tercero Pakistán, con 231. Los siguieron Bangladesh (142), Tanzania (91), Irán (81), Estados Unidos (72), Vietnam (72), India (64) y Sri Lanka (61).
Como las sentencias de muerte suelen hacerse efectivas luego de un largo plazo de apelaciones y recursos legales, la mayoría de las 2.466 que se dictaron en 2014 aún no se han ejecutado. De hecho, fueron en el año fueron ultimadas 607 personas, casi todas por condenas emitidas anteriormente. Eso explica que pueda haber países con más ejecuciones que sentencias, y viceversa.
Irán fue el país con más ejecuciones, con al menos 289 verificadas por AI. Atrás quedaron Arabia Saudita, con 90, e Irak, con 61. Entre las tres naciones de Oriente Medio reunieron el 72% de los casos.
Completaron la lista Estados Unidos (35), Sudán (23), Yemen (22), Egipto (15), Somalia (14), Jordania (11) y Guinea Ecuatorial (9).
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Mapa de los países según su postura frente a la pena de muerte
La pena capital en el mundo
"Desafortunadamente, algunos países consideran a la pena capital como un castigo adecuado para los ofensores sociales dentro de sus ordenamientos penales. Al existir un fenómeno de expansión de la 'última ratio', en donde se penaliza cualquier comportamiento y se encarcelan personas indiscriminadamente, se produce una saturación de la población privada de libertad que da una sensación de impunidad a la sociedad. Entonces, muchos estados consideran que es necesario endurecer las sanciones al siguiente nivel", explica Melissa Benavides, licenciada en Derecho por la Universidad Escuela Libre de Derecho, Costa Rica, consultada por Infobae.
La pena de muerte está abolida, legalmente o en la práctica, en 140 países. Sigue vigente en 55, que representan aproximadamente un 27% del total.
Sin embargo, apenas 22 estados nacionales concretaron ejecuciones en 2014. AI calcula que China y Corea del Norte solos superan al resto, pero como difundir estos datos se considera un crimen en esos países, es imposible comprobar a cuánta gente matan por año sus sistemas de justicia.
Por la reticencia de las autoridades y la inestabilidad política, tampoco se conocen precisiones sobre la cantidad de ejecuciones en Bielorrusia, Vietnam, Eritrea, Malaisia y Siria.
En algunos casos, como Estados Unidos, esta forma de castigo sólo se aplica tras un largo proceso judicial, en el que el acusado tiene muchas instancias para defenderse, y frente homicidios agravados. Las ejecuciones allí se encuentran en baja: pasaron de 39 en 2013 a 35 en 2014.
"La aplicación de la pena de muerte es una discusión que se mantiene en muchos foros. No obstante, en países como Estados Unidos, lo cierto es que no se aplica como se cree. Hay estados donde no se ejecutan privados de libertad hace muchos años, a pesar de estar sentenciados", dice Benavides.
En otros lugares, en cambio, la noción de juicio justo no es más que una ficción, porque el derecho a la defensa está sumamente desdibujado y, en los casos más extremos, se tortura a los imputados para obtener confesiones.
"AI expresó su especial preocupación respecto a los procedimientos judiciales en Afganistán, Arabia Saudí, Bangladesh, China, Corea del Norte, Egipto, Irak, Irán, Pakistán y Sri Lanka. En varios países -entre ellos Afganistán, Arabia Saudí, Bahréin, China, Corea del Norte, Irak e Irán-, las condenas se basaban en 'confesiones' que podrían haber sido obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. En Irán, algunas de estas 'confesiones' se emitieron en televisión antes de la celebración del juicio, lo que conculcaba aún más el derecho de los acusados a la presunción de inocencia", dice AI en su último informe sobre este tema.
Otro problema es que en muchos lugares son ejecutadas personas por crímenes que no parecen tener proporción con la condena. Los casos paradigmáticos son las condenas por brujería en Arabia Saudita; por adulterio en Emiratos Árabes; por blasfemia en Pakistán; y por delitos económicos en China, Corea del Norte y Vietnam.
Los métodos más utilizados para hacer efectivo el cumplimiento de las condenas son, en orden, decapitación, ahorcamiento, inyección letal y fusilamiento.
Un castigo que está cerca de caer en desuso
El número de naciones que aplican la pena capital está en baja en las últimas décadas. Hace 20 años eran 41 los que la practicaban, casi el doble que en la actualidad.
Desde 2002, según la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, 20 estados la derogaron para todos los crímenes: Chipre, Serbia, Montenegro, Armenia, Bután, Grecia, Samoa, Senegal, Turquía, México, Filipinas, Albania, Islas Cook, Kirguistán, Ruanda, Uzbekistán, Burundi, Togo, Gabón y Letonia.
En diciembre de 2014 fueron 117 los miembros de la ONU que, en la Asamblea General, votaron a favor de una resolución que establecía una moratoria al uso de la pena de muerte.
AI es una de las organizaciones que lidera el rechazo a su aplicación. "No existen pruebas de que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio frente a la delincuencia superior al de las penas de prisión. Cuando los gobiernos la presentan como una solución a la inseguridad, no sólo están ofreciendo un argumento engañoso a la población sino que, en muchos casos, no están tomando medidas para alcanzar el objetivo expreso de la abolición reconocido en el derecho internacional", sostiene la ONG.
En el mismo sentido se manifiesta Benavides. "Los países que la sostienen invierten millones en mantener a la población a la espera del día de su muerte. Ese dinero podría ser invertido en programas de prevención que beneficiarían a las poblaciones más vulnerables. Sería ideal que un día todos los países se comprometan a erradicarla de sus ordenamientos jurídicos, porque es un proceso sin sentido, totalmente violatorio de derechos humanos, y una potestad exorbitante por parte de los estados. Es ineficaz, no disuade a los y las ofensoras, y desde el punto de vista económico es un proceso sumamente oneroso del cual ni los estados ni la sociedad consiguen ningún beneficio", concluye.
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