AGRICULTURA
| Santa Clara | 26 Abr 2016 - 11:21 am. | 0
Campesino villaclareño. (VANGUARDIA)
De 2008 a 2012 "se entregaron 110.000 hectáreas de tierra en Villa Clara por el Decreto Ley 259. Desde esa fecha, hemos entregado 13.551 bajo la Ley 300", dijo Ricardo Hernández Rodríguez, trabajador del Puesto de Mando de la Delegación Provincial del Ministerio de la Agricultura en la provincia.
Aún hay 50.000 hectáreas por entregar, pero "las que van quedando son las más alejadas y con alta infestación de marabú", puntualizó Hernández Rodríguez.
La entrega de tierras en usufructo es una de las medidas que puso en marcha el Gobierno de Raúl Castro para intentar aumentar la producción de alimentos en el país y reducir las importaciones. Hasta el momento ha tenido escaso impacto.
Los campesinos se han quejado de problemas para conseguir insumos y herramientas necesarias para trabajar la tierra. También de imposiciones a menudo poco razonables.
Hernández Rodríguez dijo que la Ley 300 regula que los solicitantes de tierras tienen que vincularse a una Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) o Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC) que estén en su radio de acción, "y a los campesinos no les gustan estos modos productivos", dijo el funcionario.
Prefieren "asociarse mayormente a las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) y no a las otras formas productivas", señaló, y este reclamo de los campesinos "aún no se ha resuelto".
"Estar en una CPA o UBPC significa distribuir tus acopios entre todos los asociados, entre otras barbaries. En las CCS se pueden usar los equipos y bienes para la producción de todos, pero los beneficios son para cada productor según sus producciones", declaró Rubén Morales Quintana, cooperativista de 65 años de edad de la CPA Eduardo García Morales, de Santa Clara.
Hasta la fecha, en la provincia existen 28.856 usufructuarios que recibieron los beneficios de los Decreto-Ley 259 y 300 (que derogó el anterior) para el fomento de cultivos varios, ganadería genética y comercial y recursos forestales.
Además de los elementos antes mencionados, existen otros que molestan a los campesinos, como el hecho de que produzca más ganancias la comercialización que la producción.
"Es una realidad que el campesino gana mucho menos que un intermediario, sea persona jurídica o no", dijo un funcionario de la Oficina de Control de la Tierra en Villa Clara. Esto desestimula a muchos interesados en hacer producir las tierras.
"Necesitamos entregar toda la tierra disponible que el Estado no es capaz de poner a producir", señaló una trabajadora.
Otros problemas también lastran la producción. Alejandro Acevedo Marín, residente en un pequeño caserío a 17km de la ciudad de Placetas, se quejó de que "la UBPC de Sabanilla posee desde hace años más de cinco caballerías infestadas de marabú", sin embargo no se las entregan a quien pide trabajarlas.
Acevedo Marín dijo que se ha dirigido "a varios funcionarios de la Agricultura" de Villa Clara "para solicitar un pedazo de esas tierras y ponerlo a producir", pero no ha conseguido una respuesta positiva.
"Incuso he hablado con el presidente de la UBPC para ver si se puede llegar a un acuerdo, pero nada", señaló angustiado.
La fuente de la Oficina de Control de la Tierra, que pidió el anonimato, dijo que "es típico que ocurran cosas así, no solo en la provincia, sino en todo el país".
"Los principales causantes de estos fenómenos son los funcionarios de estas entidades que están en la obligación de declarar las tierras ociosas", señaló.
"Los otros responsables, y que contribuyen a estas ilegalidades, son nuestros inspectores. Muchos incumplen con sus funciones legales o incurren en ilegalidades como el soborno y la extorsión. Pero esa no es nuestra política, no es lo que quiere el país", añadió.
El Gobierno sostiene que la producción de alimentos en una cuestión de "seguridad nacional" y ha reconocido que las fórmulas estatales no han conseguido eficiencia.
"Hoy no alcanza con lo que produce nuestra agricultura, al margen de que la aplicación de conceptos mercantilistas ha propiciado que muchos dejen deteriorar los productos antes que bajarle el precio", criticó el doctor en Ciencias e Ingeniero Agrícola, José Rodríguez Bazón.
En Villa Clara, añadió el catedrático, empresas del sector estatal presentan pérdidas económicas por el "descontrol en los recursos materiales, la mortalidad animal y la ineficiencia en la tecnología de los cultivos, entre otras razones".
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